Esa realidad la quisieron revertir la defensora pública y la organización Hijos del Sistema, que surgió hace menos de un año como un podcast y se transformó en un colectivo que trabaja para lograr que los jóvenes que crecieron bajo el cuidado del Estado tengan mejores herramientas para su proceso de vida autónoma.
“Lo vemos en la mayoría de los casos: el 30% de los que egresa del INAU tiene un proyecto de autonomía, pero el 70% restante no” lo tiene, dijo a Búsqueda Florencia Cremonese, una de las fundadoras de la organización, quien habla de mayores dificultades para los adolescentes con discapacidad. En relación con el caso concreto, señala que fue el primero con el que tuvieron contacto y estuvieron averiguando “muchísimo” para conseguirle un lugar donde “pudiera tener un mínimo acompañamiento”, pero “no hay nada diseñado”.
“Los chiquilines que andan mejor, que pueden cumplir 18 años teniendo trabajo y estudio, son los que el INAU apoya, y nos parece excelente, pero a los que realmente muestran más dificultades o discapacidad no se los ayuda”, lamentó. Aunque Matías tiene asignada la pensión por discapacidad, no cuenta con más recursos que ese ni tiene un lugar en el cual vivir, por lo que no tiene posibilidades de desarrollar una vida independiente, explicó Cremonese. Y agregó: “Es una condición que ahora vimos que se repite en dos o tres casos más”.
Junto con la abogada particular Valentina Piquinela presentaron dos acciones especiales de amparo contra el INAU y la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) —con la firma de Matías— en el Juzgado de Familia y en el de lo Contencioso Administrativo. El reclamo apuntaba a que el INAU aporte un plan de intervención “que contemple su monitoreo y acceso a derechos durante la internación” para atender las necesidades que surjan para el egreso. También indicaba que sea integrado a un espacio de acompañamiento y programa de autonomía “que contemple sus necesidades en salud mental, asistencia integral, habitacional, formación y ocupación laboral, tal como lo prevé la normativa vigente”. En el caso de ASSE buscaba que se condene al organismo a realizar un diagnóstico adecuado de la salud mental de Matías que determine si tiene una patología y “su nivel cognitivo conductual”. Además, que reciba tratamiento por las patologías que pueda presentar y sobre adicciones.
La Justicia rechazó los dos recursos de amparo: el primero, porque solo en casos de menores de edad terceras personas pueden ejecutar pedidos de protección de derechos, y el segundo, porque el proceso exige que la persona participe del proceso y no lograron encontrarlo para que se presente en las audiencias.
Falta un “defensor de los niños”
Un informe del INAU sobre el caso de Matías lo trata como una persona con discapacidad. Alude a un diagnóstico de “nivel intelectual descendido” que recibió el año pasado y señala que pese a varios ofrecimientos de algunos programas “no aceptó ninguna de las posibilidades propuestas como plan de egreso”.
“La Justicia no está adaptada para tratar con estos jóvenes, tampoco entienden lo que implica la discapacidad”, donde “hay que discernir hasta dónde puede decidir con discapacidad cognitiva o hasta dónde entienden la situación”, dijo Cremonese.
El joven no tiene la declaración judicial de incapacidad que se realiza en los juzgados de familia y podría haber promovido el INAU, como hizo con la pensión por discapacidad en el BPS. “Si hubieran avanzado en la percepción del diagnóstico tendrían que haber hecho la declaración de incapacidad”, dice Piquinela. Eso le hubiera permitido tener a alguien que administre su dinero, permitiría que un defensor lo represente y que pueda recibir tratamiento.
Según el documento del INAU, en su caso “las estrategias deberían ser interinstitucionales”. Al haber egresado y “no tener declaración de incapacidad ni curador, el actor institucional que debe hacerse cargo de su salud mental y atención en consumo problemático debería ser ASSE y lo habitacional y seguimiento cercano abordarlo con Mides”, dice el informe. Y subraya: “Que el INAU sea rector en políticas de infancia y adolescencia no significa que sea el prestador de todos los derechos”.
Para Piquinela, casos como el de Matías dejan en evidencia la necesidad de que se cree la figura de un comisionado parlamentario en infancias y adolescencias, un “defensor de los niños” con “autonomía del interés institucional” que tiene el INAU. “Esa figura para los institucionalizados es indispensable, porque es la única manera de tener voz en los procesos de restitución de derechos”, pues “muchas veces tenés que ir contra el Estado y el Estado no va a ir contra él mismo”, dijo la abogada. Con el escenario actual, planteó con pesar, la respuesta del Estado al caso de Matías “va a ser la cárcel en algún punto”.
Las senadoras frenteamplistas Silvia Nane y Blanca Rodríguez presentaron un proyecto de ley a la bancada que propone la creación de la figura del comisionado, según informó la diaria. Para Piquinela también “es urgente” tener “una figura de defensa especializada en la infancia, que la represente en todos los procesos” de la Defensoría Pública.
El Estado les “suelta la mano” a los adolescentes
Una de las organizaciones de la sociedad civil que tiene convenio con el INAU para trabajar con niños, niñas y adolescentes que están bajo su cuidado es Gurises Unidos. Entre sus programas atiende la “situación de calle”, es decir, casos de menores de edad que tienen un hogar donde viven, pero “pasan mucho tiempo en la calle, sin una referencia adulta”, dijo a Búsqueda su director, Gonzalo Salles. El coordinador Diego Pailos agregó que en la calle los niños y los adolescentes “desarrollan estrategias de sobrevivencia que atentan contra el acceso de derechos que les corresponden”.
Desde Gurises Unidos aseguran que realizan una “intervención generalizada”, para cada caso concreto, a partir de una estrategia de intervención que incluye la atención a sus referentes familiares y la participación en actividades, como encuentros individuales y grupales. Pero Salles señaló que en muchos casos hay “cuestiones estructurales” asociadas a la vivienda y la pobreza que hacen “más difícil” el trabajo o de “muchos casos donde son reclutados por el crimen organizado” y “se complejiza la lógica del egreso”. “Hay determinadas poblaciones que están en situación de hipervulnerabilidad y las trayectorias tienen que tener un seguimiento”, dijo.
Para Salles, “el problema es que llegan a la adolescencia y las políticas públicas les sueltan la mano”. Como ejemplo, hizo referencia a la educación formal y no formal, donde en primera infancia “hay una buena cobertura” y en la escuela hay acceso “universal”. En su opinión, “en los últimos 20 años” se priorizó la primera infancia, pero “no se ha priorizado a los adolescentes”. Los adolescentes pobres y en situación de vulnerabilidad, señaló, terminan en muchos casos “captados por el crimen organizado” porque “es una propuesta más interesante que la que el Estado brinda”.
Pailos señala que existen “cortes abruptos” entre la batería de servicios que tiene el INAU para los menores y los que después el Mides ofrece. “Es fundamental una continuidad, y que estos servicios de atención trasciendan con la edad de los chiquilines”, consideró.
Los planes del INAU
El INAU tiene identificado el egreso de los jóvenes como un “problema importantísimo” en la gestión, dijeron a Búsqueda fuentes del organismo. Ese punto débil no es nuevo, sino que se arrastra desde varios años atrás.
En ese sentido, el pasado 5 de junio, la presidenta del organismo rector en materia de políticas de infancia y adolescencia Claudia Romero habló en un conversatorio sobre la importancia de planificar el egreso de niños, niñas y adolescentes desde el primer día de su ingreso al INAU.
El evento, denominado El día después: desafíos del egreso en hogares de acogida, fue organizado por estudiantes de la Maestría de Administración de Empresas y Escuelas de Negocios de la Universidad Católica y el Hogar Amanecer, un centro de protección que funciona las 24 horas para niños y adolescentes del INAU.
Desde el organismo y el equipo asesor que trabaja en el tema se identifica como uno de los ejes a fortalecer un diseño interinstitucional que incluya acuerdos con el Instituto Nacional de la Juventud, el Ministerio de Vivienda, ASSE, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional y el Ministerio de Educación y Cultura. También se destaca la importancia del acompañamiento porque, para que los adolescentes logren emanciparse, necesitan contar con apoyos y puntos de referencia. A su vez, se buscará fortalecer las propuestas en el interior del país y que los jóvenes trabajen sobre la autonomía durante la internación.
