En Uruguay hay casi 8.000 niñas, niños y adolescentes al cuidado del Instituto del Niño y Adolescente (INAU). El país tiene una de las tasas de institucionalización de menores más altas de América Latina, lo que va en contra de las recomendaciones internacionales, que la sugieren como último recurso. Además, la tendencia es creciente: entre 2010 y 2024, el número de personas atendidas por el INAU pasó de 4.671 a 7.832. Para los expertos, la alta necesidad de protección es “un factor de preocupación”, y más en el contexto de una población que cada vez tiene menos niños y adolescentes.
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Sede de la Institución Nacional de Derechos Humanos.
Ricardo Antúnez
Humedades, colchones en el piso, personal insuficiente y violencia
El equipo del MNP hizo 110 visitas presenciales a 79 centros y monitoreo a distancia de 99 centros. Además, condujo entrevistas con menores, funcionarios de los centros y directores departamentales del INAU, y revisó documentación. De ese trabajo surgieron varias deficiencias y desafíos en la atención de los niños, niñas y adolescentes a cargo del Estado.
Los menores que ingresan al cuidado del INAU llegan con “múltiples vulneraciones de derechos” en sus espaldas. Durante las entrevistas, el personal de los centros expresó preocupación por “los niveles de daño físico y emocional” que tienen los menores y planteó que, debido a la falta de respuestas adecuadas, en muchos casos el daño “se agravaba” tras el ingreso al sistema.
Un problema extendido es la capacidad sobrepasada, una situación que se reportó en el 40% de los centros y que deriva en colchones en el piso, catres o espacios de uso común destinados a dormitorio. Se constató la separación de hermanos en diferentes centros por tener distinta edad o por falta de cupos, una decisión “que debe evitarse en todos los casos”, de acuerdo al MNP, porque se trata de menores que ya atravesaron la “experiencia traumática” de ser separados de sus referentes adultos.
Se relevó también que en todas las regiones se hicieron traslados de menores, sea a centros dentro del departamento o fuera, en modalidad de “trueque” (un centro solicita a otro que reciba a un menor bajo su cuidado y lo intercambia por otro, sin considerar la interrupción de lazos afectivos, por ejemplo).
Debido a la falta de dispositivos de atención, para el cuidado de algunos niños se acude al acogimiento familiar, aunque muchas veces sin supervisión ni garantías adecuadas. En Cerro Largo, por ejemplo, el MNP encontró un caso “especialmente preocupante”, en el que más de 15 niñas y niños estaban a cargo de una sola familia de acogida y la supervisión del INAU se limitaba a una visita mensual.
Además, ante la falta de recursos del sistema, hay adolescentes que son derivados a sus familias de origen, “aun cuando estas se entiendan como contextos de alto riesgo”.
Un “alto volumen” de centros no tiene personal técnico y de atención directa suficiente para responder al nivel de demanda. Un centro en la región norte del país contaba con un único funcionario por turno para atender a 22 niños y adolescentes. Otro de la región este tenía dos funcionarios para 33 bebés, niñas y niños.
La supervisión que el INAU debe realizar en los centros es dispar y en algunos se registraron ausencias prolongadas, que se justificaron por falta de viáticos. El MNP constató también situaciones extremas, como “riesgo de vida de adolescentes por amenaza de muerte de bandas criminales”, en las cuales, tras notificar a los organismos del Estado competentes, ninguno dio respuesta luego de tres meses.
El equipo responsable del monitoreo observó avances en las condiciones edilicias de varios centros de protección, aunque persisten problemas. En la región norte están las situaciones “peores”, donde solo dos de los 10 centros monitoreados tenían las instalaciones en buen estado. El MNP encontró centros con humedades, poco espacio disponible para circular, falta de ventilación en dormitorios, mobiliario escaso y deteriorado, baños compartidos entre niñas, niños y el personal, e instalaciones eléctricas con conexiones expuestas. En nueve centros hay, en el mismo predio o dentro del edificio, “carcelajes” para adolescentes bajo custodia policial, a la espera de resolución judicial.
El MNP expresó en el informe “preocupación” porque en algunos centros, fundamentalmente de adolescentes, la convivencia está “signada por conflictos recurrentes y violencia entre pares”. También identificó “numerosos casos de malos tratos” por parte de los funcionarios, desde “actitudes estigmatizantes hasta violencia psicológica y/o física”.
En el 22% de los centros hay investigaciones en curso por denuncias de malos tratos del personal hacia los menores, y en varios casos los funcionarios investigados continuaban desempeñando tareas de atención directa.
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Jimena Fernández y Juan Miguel Petit, directores de la Institución Nacional de Derechos Humanos.
Mauricio Zina
Demoras y estigmatización en la salud, falta de estrategias en la educación
Los niños y adolescentes al cuidado del INAU no reciben atención médica de especialistas a tiempo y, en particular, un “nudo crítico” es la salud mental. El MNP relevó demoras en el acceso a la valoración psicológica y psiquiátrica y a los tratamientos; registró esperas de hasta ocho meses para una primera consulta.
Esto sucede en un contexto en el que el 67% de los centros registraron situaciones de autoagresión en el último año, mientras que en el 53% hubo intentos de autoeliminación. En algunas regiones, la espera promedio para que un menor ingrese a un centro especializado en salud mental asciende a un año.
El acceso a la salud de estos menores enfrenta otras dificultades. Por ejemplo, el monitoreo relevó actitudes estigmatizantes por parte del personal de emergencia médica y de la Administración de Servicios de Salud del Estado. En uno de los departamentos, se constató que los varones debían ir acompañados de la policía como requisito para que les realizaran la constatación de lesiones. En el caso de las mujeres, “surge de los relatos que en varias ocasiones el personal de salud no accedía a realizar dicha revisión o planteaba dificultades”, de acuerdo al informe.
Casi la totalidad de los niños y adolescentes en el sistema de protección están inscriptos en centros educativos. Sin embargo, algunos centros no logran garantizar la asistencia diaria, principalmente en la adolescencia, por situaciones de consumo problemático y problemas de salud mental. “Se verificó en muchos casos la ausencia de estrategias institucionales para acompañar estas dificultades, tanto desde los centros de protección como desde los centros educativos”, indicó el MNP. Las situaciones más críticas de interrupción de los estudios se vincularon a adolescentes con exposición a redes de tráfico y explotación.
Ausencias prolongadas, explotación sexual y omisión de la Justicia
Las “salidas no acordadas”, como se las llama institucionalmente —cuando los menores se fugan de los centros—, se agravaron “significativamente en los últimos años”, llegando a niveles “particularmente preocupantes”, advirtió el MNP. El 73% de los centros reportaron salidas no acordadas en los últimos seis meses; el 34% tenía por lo menos un menor en “salida no acordada” desde hacía más de un mes, y en más de la mitad no tenían conocimiento del paradero.
Muchas de estas salidas están vinculadas a la captación de las menores por redes de tráfico o trata. El MNP cuestionó una “mirada institucional que muchas veces ha responsabilizado y culpabilizado a las adolescentes”, que no son “percibidas como víctimas”. El reporte subrayó que se registraron casos de embarazos derivados de estas situaciones. El año pasado causó especial conmoción la muerte de una adolescente embarazada y víctima de explotación sexual que, bajo la protección del Estado, murió durante una cesárea de emergencia. El MNP lo calificó como un caso de “violencia extrema” debido al “encadenamiento de vulneraciones y omisiones graves e inadmisibles del Estado, que incumplió de modo flagrante sus obligaciones de garante de protección”.
El MNP verificó, en los departamentos de frontera, 53 situaciones de abuso sexual grave, “con graves omisiones del sistema de salud, judicial y de protección”. La desaparición de las jóvenes en muchos casos se “naturaliza” y no se investiga sobre sus posibles paraderos, cuando estos implican serios riesgos para su integridad física”, advirtió el informe.
El monitoreo encontró que muchas adolescentes son captadas por redes de explotación después de que ingresan al sistema de protección, a veces a través de otras adolescentes que también son víctimas de esas redes. Esto ocurre frente a respuestas insuficientes del sistema de justicia, que no profundiza en investigaciones para imputar a los responsables.
