La compañía Morseloy Corporation S.A., propiedad de José Andrés Guichón, empresario y director del Parque Industrial Olmos, presentó en 2023 al Ministerio de Ambiente los informes de Viabilidad Ambiental de Localización (VAL) de dos proyectos. Este trámite es el primer paso para conseguir la autorización ambiental de la cartera. El primer proyecto contempla la construcción y operación de una planta de valorización de residuos sólidos urbanos que incluye la fabricación de combustibles, producción de biogás, compostaje de las fracciones orgánicas y generación de energía eléctrica y térmica; el segundo, la construcción de un relleno sanitario o un sitio de disposición final de residuos para almacenar cerca de 75 toneladas diarias de residuos no valorizables.
Ambas iniciativas están proyectadas en padrones contiguos y linderos al arroyo Pando, en la localidad de Villa Olmos, Canelones.
El VAL fue categorizado el 1º de noviembre del año pasado con la categoría C, por considerarse que las actividades podrían producir impactos ambientales negativos significativos. A su vez, el proyecto enfrenta una fuerte oposición desde hace ya varios años por parte de vecinos y académicos, quienes han manifestado su negativa a la instalación de dichos emprendimientos en el área establecida. Uno de sus principales argumentos es que entienden que la iniciativa incumple la normativa departamental relativa a la cercanía de este tipo de proyectos con zonas urbanas, así como con las recomendaciones dadas a conocer por la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República (Udelar) que sostienen que la zona geológica es inapropiada para la instalación.
El malestar de los vecinos aumentó en los últimos días, tras conocerse nuevos detalles del proceso administrativo para la aprobación de la iniciativa. Según informaron a Búsqueda pobladores de Empalme Olmos que han seguido de cerca el tema, el pasado 18 de diciembre, solo un día después de que se celebrara la audiencia pública del proyecto, la Intendencia de Canelones les respondió un pedido de acceso a la información pública, que confirmaba que todo el desarrollo de la iniciativa privada “fue enviada al intendente de Canelones Yamandú Orsi el 26 de octubre de 2023”. Ese dato contradice las reiteradas declaraciones de las autoridades departamentales, quienes hasta hace pocos meses afirmaban no estar al tanto del proyecto ni haberlo analizado.
Incluso, mencionaron que durante una reunión informal en setiembre con el intendente de Canelones, Marcelo Metediera, el jerarca dijo haberse encontrado con “varias carpetas sin resolver” cuando asumió, una de ellas vinculada a este proyecto, pero decidió archivar el expediente hasta tener la resolución del ministerio.
“La intendencia ha negado tener conocimiento del proyecto, las autoridades siempre declararon que estaba en la órbita del Ministerio de Ambiente y que a ellos no le había llegado, cuando lo tenían hace mucho tiempo. Y, en todo este proceso, la comuna no nos recibió”, indicó una vecina.
“Con esto queda claro las mentiras a la comunidad y a los medios de prensa cuando manifiestan desconocer la iniciativa privada”, señaló. Y opinó, además, que este proyecto responde a “acuerdos políticos empresariales sin considerar al pueblo y los daños que se han producido durante 30 años”. Tampoco los que podrían producirse en las próximas décadas al instalar un proyecto “de alto impacto ambiental sobre uno de los acuíferos más importantes sobre la cuenca del arroyo Pando y rodeado de población”, agregó.
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Exterior de la audiencia pública por el proyecto del vertedero en Canelones
Gentileza Daniel Cuevas
Discusiones
La audiencia pública del proyecto convocada por el Ministerio de Ambiente, celebrada el pasado martes 17 de diciembre en Empalme Olmos, tampoco ayudó a calmar las aguas. A la instancia acudieron cientos de personas, pero las autoridades de la comuna no participaron.
El ambiente, por otro lado, fue tenso, según indicaron varios concurrentes. Apenas los técnicos en representación del proyecto privado comenzaron su exposición, la gente comenzó a abuchearlos, impidiendo que pudieran brindar detalles sobre la iniciativa. “No nos interesaba el proyecto en sí, que ellos muestran como una planta modelo, porque es la ubicación lo que se está cuestionando”, explicaron. Quienes sí lograron exponer fueron los expertos que han asesorado a las agrupaciones de vecinos, tales como Patricia Gallardo, Ana Lía Ciganda, Verónica Etcheverne y Graciela Piñeiro, que han realizado diversos informes en los que dan cuenta de los impactos ambientales negativos que tendría la instalación de este proyecto en la zona, con otro vertedero a menos de tres kilómetros ya funcionando.
Previamente, con el fin de frenar el avance del proyecto y profundizar en los estudios de su instalación en la zona, miembros del Colectivo Movimientos de Vecinos de Empalme Olmos entregaron una carta a las autoridades el pasado 30 de setiembre para exigir, entre otros puntos, la creación de una Comisión de Cuenca del arroyo Pando, como medida prioritaria para proteger el ecosistema y garantizar la participación ciudadana en las decisiones.
En el documento, al que accedió Búsqueda, dirigido al Ministerio de Ambiente, la Dirección Nacional de Aguas, y el Comité de Cuenca de Laguna del Cisne y Arroyo Solís Chico, los vecinos —apoyados también por más de 10 colectivos sociales ambientalistas— expresaron su oposición al proyecto promovido por Guichón, a quien acusaron de contar con apoyo del gobierno nacional y departamental pese a las serias objeciones ambientales y sociales planteadas. Asimismo, destacaron inconsistencias en el proyecto, riesgos ambientales significativos y la exclusión de la ciudadanía en el proceso de decisión.
Paralelamente, advirtieron que el sitio propuesto “carece de condiciones geológicas adecuadas”, según un informe de Gallardo y la Facultad de Ciencias de la Udelar, y alertaron que los lixiviados podrían filtrarse a las napas freáticas y contaminar el arroyo Pando, afectando la calidad del agua. A esto se suma la crítica de que la planta de valorización de residuos, eje del proyecto, no será instalada de inmediato, lo que convertiría al lugar “en un vertedero más”.
Por último, los vecinos denunciaron un acuerdo firmado en febrero entre el Ministerio de Ambiente y la Intendencia de Canelones para cerrar el actual vertedero de Cañada Grande, lo que consideran “una maniobra” para justificar el nuevo proyecto. Además, aseguraron que “la ubicación no respeta las distancias establecidas” por la normativa vigente, la cual prohíbe ubicar un sitio de disposición final de residuos de todo Canelones a menos de 4.000 metros de un centro poblado (la planta estaría a 800 metros de Villa Olmos). Por tanto, opinan, “no es verosímil ni aceptable” que las autoridades del Ministerio de Ambiente con las que se reunieron en noviembre de 2023 les informaran que eso responde únicamente a “criterios flexibles en su interpretación y aplicación”.
En entrevista con Radio Continental el lunes 30, Metediera dijo que la intendencia no tiene todavía una resolución y que las autoridades mantienen la postura de que “hasta que no exista un análisis ambiental de lo que se vaya a proyectar, no se va a mover ni un centímetro de nada”.
“No sé qué pretenden algunos vecinos… No puedo hacer más que decir que, si algo no lo considero pertinente, lo archivo. Pero el tema del sitio de disposición final va a haber que resolverlo y no será en Cañada Grande o en Empalme Olmos, pero va a ser por ahí. Hay que buscar el mejor lugar para hacerlo, que tenga los cuidados ambientales y también incorporar cuestiones vinculadas a los costos, porque es la responsabilidad política que tenemos”, comentó el intendente.
Actualmente, la iniciativa está cerca de obtener la Autorización Ambiental Previa (AAP), ya que, según confirmó el subsecretario del Ministerio de Ambiente, Gerardo Amarilla, la cartera está “en la etapa de elaboración del informe técnico final antes de la resolución ministerial”. Cuándo saldrá “dependerá de cuánto demoren los técnicos” y si se pide información complementaria a la empresa o a la intendencia, agregó.
Fuentes del sector, en tanto, dijeron a Búsqueda que “se está haciendo mucha fuerza” para que el proyecto obtenga la AAP en las próximas semanas, con el fin de que “el ruido sea en enero”. Además, cuestionaron la forma en que el tema ha sido tratado en el Informe de Transición del Ministerio de Ambiente, donde se habla simplemente de “terminar el trámite de la autorización ambiental”.
