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    martes 04 de junio de 2024

    Frente Amplio quiere que en 2024 se apruebe ley que limita “servicios vip” en mutualistas

    Diputado Gallo dice que hay apoyo “en todos los partidos”, más allá de que esperan “presiones” de los prestadores

    El Frente Amplio presentó en noviembre un proyecto de ley para limitar los llamados “servicios vip” en los prestadores privados de salud. Su intención es que tenga un andamiento parlamentario rápido y se apruebe en ambas cámaras en 2024, más allá de que esperan “fuertes presiones de la mutualistas”, según dijo a Búsqueda uno de sus impulsores, el diputado Luis Gallo.

    El primero de los cinco artículos del proyecto señala que los prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) “no podrán implementar acuerdos o convenios de carácter oneroso con sus usuarios que otorguen condiciones de acceso preferenciales en cuanto a los tiempos de espera u oportunidad de brindar las prestaciones obligatorias”, establecidas por ley y catalogadas en el Plan Integral de Atención a la Salud (PIAS). Todo “acuerdo o convenio” en tal sentido “será nulo”, agrega.

    “Nosotros no queremos prohibir que las mutualistas ofrezcan servicios como una mejor hotelería, estar solos en las internaciones hospitalarias, el acceso a servicios médicos en el extranjero o el desayuno para el acompañante. Lo que sí queremos es que estos usuarios tengan privilegios en la cartera del PIAS, como menos tiempos de espera para especialistas, operaciones o estudios”, indicó Gallo. “Eso no puede depender de la capacidad de pago que tengan”, añadió.

    Este diputado, médico de profesión, señaló que el proyecto, cuya intención ya se había anunciado a fines del año pasado, era “un compromiso que había adquirido” la oposición. Su génesis fue el proyecto de ley de Rendición de Cuentas de 2022, que originalmente incluía un artículo impulsado por el Ministerio de Salud Pública (MSP) –y luego retirado– que recordaba “la igualdad de trato de los usuarios”.

    “Ese tema era algo que quería el gobierno y nosotros nos comprometimos a seguirlo. A esto (los servicios vip) no hay nada que los prohíba, por eso se hacen. Lo que queremos es que queden establecidos los límites por ley. No puede ser que si no sos un socio vip, pidas un especialista y te lo tiren para dentro de tres meses”, indicó Gallo.

    Principios básicos

    Los servicios vip de las mutualistas, que no están presentes en todos los prestadores y que según el caso se obtienen mediante una sobrecuota desde algo más de mil pesos o un único pago de diez mil dólares, hace tiempo que están en la mira de las autoridades sanitarias. En 2017, el entonces ministro de salud, Jorge Basso, durante el último período frenteamplista, quiso estudiar la legalidad de estos acuerdos. Asociaciones de usuarios también habían manifestado su molestia con el tema e incluso evaluaron pedirle al MSP su prohibición.

    Uno de los argumentos es que este tipo de contratos comerciales atenta contra la equidad en la atención a los usuarios, que es uno de los principios del SNIS establecido por ley en el artículo 3 de la norma que lo creó (18.211, de 2007). Paradójicamente, no hay texto que prohíba su existencia.

    “El tiempo nos va demostrando la necesidad de reafirmar aquellos conceptos angulares, con nueva normativa que dé cuenta de algunas prácticas que comienzan a desarrollarse cada vez con más fuerza y que no van en línea con las bases fundamentales del SNIS”, indica la exposición de motivos de este proyecto.

    El hecho de que también este gobierno haya manifestado su inquietud al respecto genera consenso “en todos los partidos” pensando en una eventual aprobación. Pese a ello, aquel artículo que formaba parte del texto original del proyecto de Rendición de Cuentas de 2022, el 266, fue retirado “por el enorme lobby parlamentario” que hicieron las mutualistas, indicó Gallo. “Fue algo realmente abrupto. Estábamos todos (los partidos) de acuerdo y de un día para otro desapareció”, agregó.

    El diputado de Asamblea Uruguay señaló haber recibido denuncias tanto de usuarios como de funcionarios. Uno de ellos señaló que si la realización de una ecografía mandada por un médico tratante le demoraba unos 10 días, en el servicio vip estaba pronta al día siguiente. Desde el lado de los trabajadores, se les dijo que había una orden “generalizada” de atender mejor y más rápido a un socio preferencial.

    “El 85% de los ingresos de las mutualistas provienen del Fonasa (Fondo Nacional de Salud) al que aportamos todos. Es inconcebible que haya beneficios en las prestaciones para los vip”, enfatizó Gallo.

    Estrategias

    Desde el universo de las mutualistas, donde hay unos 2.100.000 usuarios, no hay una postura única sobre este proyecto de ley y se interpreta que no afecta a todos los prestadores de la misma manera. “Esta norma apunta prácticamente a dos empresas, el Casmu y la Asociación Española, por lo tanto no cabe un posición generalizada”, dijo a Búsqueda una fuente del sector.

    Desde las mutualistas han señalado que este tipo de servicios –en los que, según distintas estimaciones, no se superan los 10.000 usuarios en total– permite la obtención de recursos que pueden ser derivados a la atención de todos los usuarios y se evita una sangría hacia los servicios privados de salud (como el Hospital Británico, Blue Cross & Blue Shield, MP o Summum, financiados de forma distinta y no contemplados por este proyecto). Según cifras del MSP, a setiembre pasado había 119.483 afiliados a los seguros, un 30% más que 10 años atrás.

    Consultado por este tema, el presidente de Casmu, Raúl Rodríguez, indicó que recién “a mediados de enero” podría hablar sobre este proyecto. En una entrevista a El Observador en agosto de 2022, antes de las elecciones en esa mutualista, había señalado que con su servicio Medis Group “busca ofrecer lo que el mercado pide para que los pacientes no se vayan” y que en los 10 años previos a su atención este prestador había perdido 20.000 socios hacia “los servicios privados”. Búsqueda intentó contactarse –sin éxito– con el subgerente general de la Asociación Española, Alfredo Torres.

    Fuentes médicas señalaron que no solo estas dos empresas ofrecen un servicio preferencial. Desde ámbitos políticos también apuntaron al Evangélico y a la Médica Uruguaya. Un relevamiento realizado el año pasado por el Movimiento de Usuarios de la Salud incluyó asimismo al SMI, a Cosem y al Círculo Católico.

    En una entrevista concedida a Búsqueda en noviembre pasado, el vocero de la Coordinadora Nacional de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (Conaiamc), Daniel Porcaro, dijo que aproximadamente el 20% de los ingresos de las mutualistas no son regulados, por lo que dependen de la venta de servicios. “Por eso las instituciones tienen sus propias estrategias de ingresos, algunas más agresivas que otras”, indicó. Mientras estas “cumplan sus finalidades asistenciales no corresponde evaluar”, agregó.

    La redacción de este proyecto, que actualmente está en la Comisión de Salud de la Cámara Baja, que lo comenzará a estudiar en 2024, también le confiere al MSP la potestad de sancionar los incumplimientos. La redacción del texto estuvo a cargo de los diputados Lucía Etcheverry y Gallo, pero tiene el respaldo de todo el Frente Amplio. Este último confía en que aunque habrá “fuertes presiones de las mutualistas”, el texto cumplirá todo el proceso parlamentario y se convertirá en ley en ese año electoral.

    “Todo está encaminado para que se apruebe. Si se piensa, por más lobby que haya, rinde mucho más votarlo que rechazarlo, ¿o cómo puede entenderse permitir esto desde el oficialismo”, se preguntó.

    Ciencia, Salud y Ambiente
    2023-12-27T17:35:00