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Marcelo Abdala y Rodolfo Saldain pasaron de un debate "razonado" sobre seguridad social a un cruce tenso
El sindicalista y el principal asesor del gobierno en la reforma de la seguridad social participaron de un panel de discusión en la Universidad Católica del Uruguay
Rodolfo Saldain y Marcelo Abdala durante un debate sobre seguridad social en la Universidad Católica del Uruguay
FOTO
PIT-CNT
El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, y Rodolfo Saldain, principal asesor del gobierno en la reforma jubilatoria, debatieron en un conversatorio organizado por la Universidad Católica, el martes 6. El evento tenía como centro analizar el plebiscito sobre seguridad social que promueve el movimiento sindical, junto con otras organizaciones sociales y políticas.
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El dirigente sindical, en su intervención, había pedido que el debate por la papeleta sea “informado y razonado”, sin embargo, con su contrincante pronto entrarían en un camino de tono más tenso. En esa primera exposición Abdala había cuestionado a los “detractores de la iniciativa” por basarse en “supuestos equivocados” y había afirmado que los números que maneja el movimiento sindical son “radicalmente distintos” a los que calcularon los técnicos del Banco de Previsión Social (BPS). Criticó que esas estimaciones se hayan realizado sin considerar que el eventual nuevo sistema tendrá su propia reglamentación.
Cuando llegado su turno Saldain —abogado especializado en temas de seguridad social— dijo que no tenía “ninguna coincidencia” con lo expuesto por Abdala, el presidente del PIT-CNT respondió:
—Yo no fui gerente de Sura.
—Yo tampoco fui gerente de Sura.
Abdala se corrigió y dijo que el asesor del gobierno fue director de esa AFAP. Saldain integró el directorio de la administradora entre junio de 2019 y principios de 2020. Más tarde, el experto aclaró en la red social X que desde esa fecha no tiene vínculo con esa empresa.
El redactor de la reforma quedó descolocado con el comentario, al que consideró apartado de “la idea de respeto” en el que estaba enmarcada la discusión.
Saldain cuestionó a los promotores de la papeleta por hacer discursos “sin presentar un solo número que pueda ser contrastado”. Comparó la propuesta del plebiscito con el camino que siguió Argentina al eliminar el ahorro individual en 2008 y señaló que “todos los países en los que se fue a la sociedad que quiere Abdala han fracasado”.
En una segunda exposición, el presidente del PIT-CNT dijo que la reforma de la seguridad social, que elevó la edad mínima de retiro de 60 a 65 años, “complica la vida de sectores enteros” y significa que “hay que trabajar hasta el día antes de fallecer”. Luego agregó que ese mínimo significaba “morirse de hambre hasta los 65”.
El comentario motivó otro cruce. Saldain dijo que Abdala demostró “ignorancia básica”, lo que fue considerado una falta de respeto por el sindicalista.
El evento en la UCU siguió con discusiones más técnicas. Bruno Giometti, economista del Instituto Cuesta-Duarte e integrante del Partido Comunista, relativizó los cálculos del BPS. De los tres puntos de la papeleta, la equiparación entre la jubilación mínima y el salario mínimo es la que tiene un efecto inmediato en las cuentas públicas. Los cálculos del BPS dicen que ese valor supera los US$ 1.000 millones; el PIT-CNT considera que será de menos de la mitad.
La diferencia está explicada en una interpretación diferente de lo que dice la papeleta: los promotores dicen que la equiparación es por persona; otros interpretan que el texto dice que es por prestación. Con la interpretación que hacen en el PIT-CNT, se “evitarían situaciones de inequidad” respecto al ajuste y concentraría el aumento en los jubilados y pensionistas de menores ingresos. Este aumento implica un costo de US$ 460 millones en las cuentas públicas con valores de 2023. En 2024, serían menos de US$ 400 millones.
El ajuste de las pasividades implicaría un aumento del 18% del monto, un porcentaje que significaría apenas “un poco más” del aumento anual que hubo entre 2007 y 2019 (en todo este período crecieron un 200%). “No nos parece una propuesta exagerada”, señaló Giometti.
El economista sugirió algunas alternativas para la financiación del sistema. El PIT-CNT propone que la financiación sea con “impuestos directos” pagados por “los más ricos”, como el del patrimonio. Aclaró que el movimiento sindical no propone eliminar las exoneraciones fiscales, pero sí hacer una revisión y acoplar el gasto tributario a los niveles de la región. Así, se lograrían ingresos por US$ 2.000 millones.
En el evento debatió con su colega Martín Valcorba, asesor del Frente Amplio en temas económicos, quien calificó a la reforma como “injusta” y “regresiva”, y desestimó el argumento de que el aumento es por persona. “Lo que dice (la papeleta) es que cada prestación se va a equiparar al salario mínimo”, expresó. Consideró que el gobierno que asuma el 1 de marzo “va a estar fuertemente condicionado” por los “efectos negativos” que provocaría el plebiscito si se aprueba.
