El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, discrepa cuando, por lo bajo, dirigentes expresan que al oficialismo le “vendría bien” que el PIT-CNT alcance las firmas para promover un plebiscito para cambiar el sistema previsional. Quienes piensan así creen que tendrían un arma más para defender al gobierno en la campaña electoral que está empezando. Mieres se muestra en la vereda contraria: “No importa si es un tema que a la oposición complica. Yo prefiero que cosas como estas, que van a afectar a los uruguayos, aborten antes que tengamos un gran problema arriba de la mesa”.
Sus comentarios fueron ante la Comisión Permanente del Parlamento este miércoles 7, cuando autoridades de su ministerio y del Banco de Previsión Social (BPS) presentaron las proyecciones de ese organismo si prospera el cambio que propone el PIT-CNT. Desde una perspectiva política, el ministro no guardó críticas a la papeleta propuesta por el movimiento de los trabajadores. La consideró “una barbaridad”, “insólita”, “descabellada” y eventual causante de una “catástrofe”. Para él, este modelo es “generar un suicidio de la propia sociedad uruguaya”.
El PIT-CNT está recolectando firmas para que, junto con las elecciones de 27 de octubre, se plebiscite una papeleta que propone establecer la edad de retiro en 60 años (en lugar de los 65 instalados por la reciente reforma), eliminar “el lucro” del sistema –y, por tanto, las AFAP y otros fondos complementarios– y equiparar la jubilación mínima al salario mínimo nacional (SMN).
Desde una perspectiva más técnica, la gerenta de la Asesoría General de Seguridad Social del BPS, Mariella Lazo, informó que, bajo el modelo del PIT-CNT, el déficit del organismo sería siempre creciente y superaría en seis puntos del Producto Interno Bruto (PIB) el estimado con la reforma aprobada con los votos del gobierno.
A su vez, y desde una perspectiva jurídica, el director de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Daniel García Zeballos, advirtió que la enmienda constitucional implicaría la “confiscación” de los activos de los trabajadores, la eliminación de los fondos complementarios y la obligación para el Estado de cubrir el desfinanciamiento de las cajas paraestatales.
Proyecciones
Con la reforma promulgada en mayo, el déficit del BPS representaría 0,9% del PIB y se estabilizaría en torno al 2% a partir del 2100, según las proyecciones oficiales. Los cambios propuestos en el eventual plebiscito, en tanto, harían que el resultado del organismo sea negativo en 5% del PIB al 2050 y el rojo aumentaría a 8,1% en 2100, cuatro veces más que la situación que dejaría el nuevo sistema jubilatorio común. Estas proyecciones solo incluyen los datos del BPS, por lo que se trata de un “piso” en la cuenta de asistencia a la seguridad social –según dijo Mieres en el Parlamento– ya que no están abarcan a las “cajas” militar y policial.
Que la edad mínima de retiro vuelva a estar establecida en 60 años incrementaría un 11% la cantidad de jubilaciones en el largo plazo (al 2100). Esto –según presentó Lazo ante los legisladores– implicaría que para finales de siglo haya 75.000 pasivos más que los que habría con el modelo actual, lo que tendría un impacto en el egreso de jubilaciones de 1,2% del PIB.
El efecto de igualar las pasividades con el SMN sería “inmediato”, porque se aplicaría sobre las jubilaciones actuales. Lazo explicó que este punto de la papeleta tiene como particularidad que incluye a los beneficiarios de más de una prestación (como una jubilación y una pensión por sobrevivencia). Si están por debajo del SMN, cada una de estas aumentaría hasta ese rango.
Este punto de la papeleta beneficiaría a más de 497.000 prestaciones (50%, jubilaciones; 34%, pensiones por sobrevivencia; y casi 17%, pensiones no contributivas por vejez en invalidez). El costo anual asociado a esta medida alcanza los US$ 1.038 millones, que equivalen a 1,3 puntos del PIB. Este valor, además, continuará creciendo en el largo plazo debido al incremento en el número de pasivos y al envejecimiento previsto de la población.
En su exposición, García Zeballos también se refirió a este punto. Consideró que la igualación se realiza sin “ningún criterio”, lo que implicaría “destinar recursos fiscales de manera indiscriminada”. “Sería un uso ineficiente de recursos públicos y tendría como consecuencia destinar una parte a quienes no lo necesitan”, afirmó.
El tercer punto de la papeleta propone la eliminación del ahorro individual. Esto genera, a corto plazo, un “incremento” de los recursos recaudados por el BPS por la incorporación de los ahorros acumulados en las AFAP. Esta transferencia significa que el organismo reciba cerca de US$ 22.400 millones (al valor actual del Fondo de Ahorro Previsional, que crece a razón de unos US$ 1.500 millones por año, en promedio).
De aprobarse este cambio, el BPS tendría que estimar las jubilaciones en curso de pago calculando la diferencia entre la jubilación actual del régimen mixto y la del régimen de transición. Con valores a 2023, este costo ascendería a US$ 216 millones. Esta “expansión” del sistema de reparto generaría un aumento del gasto equivalente a 4,4 puntos del PIB.
“Al ingresar el Fondo de Ahorro Previsional y el mayor aporte en el mediano plazo, se lograría disminuir el déficit del organismo, pero en el largo plazo se agotaron estas reservas y, en forma concomitante, aumentaría el egreso por prestaciones y el déficit del sistema, lo que se agrava aún más por el envejecimiento de la población”, explicó Lazo.
Problemas y juicios
La Constitución establece, en su artículo 67, que la asistencia financiera estatal corresponde al pago de las pasividades del BPS. Pero si a través de un plebiscito se modifica la Carta Magna, esta obligación se ampliará. “El Estado estaría obligado a pagar el desfinanciamiento de las cajas Bancaria, Notarial y de Profesionales Universitarios mediante asistencia financiera”, alertó García Zeballos. Esta modificación, aseguró, contradice lo que está vigente en las leyes orgánicas de cada uno de estos institutos paraestatales.
Además, la enmienda constitucional propuesta por el PIT-CNT fija en 60 los años requeridos para poder jubilarse, algo que también contradice –según la interpretación del Ejecutivo– lo establecido en las últimas leyes aprobadas para la Caja Notarial y Bancaria, que subieron esa edad mínima.
Al hacer un resumen de las exposiciones, Mieres volvió sobre este punto. Esta posibilidad de asistir financieramente a las cajas paraestatales sería la “tormenta perfecta”. Explicó: “Implica que por un lado le quiten las posibilidades de volverse viables, por la baja de la edad de retiro, y además obliga a, si no actúan con responsabilidad y diligencia, que igual el Estado pague”. Esta posibilidad de financiamiento genera el “riesgo” de que los directores de estos institutos paraestatales –que en su mayoría son elegidos por los afiliados– voten “prestaciones magníficas” porque sabrán que, si no pueden cumplir, tendrán el apoyo estatal.
La enmienda propuesta por el movimiento sindical encomienda al BPS a formar un fideicomiso con todos los fondos acumulados en el pilar de ahorro individual. En esta disposición está, según la interpretación jurídica de García Zeballos, el origen de que haya una “confiscación” de los fondos. “Para que el BPS pueda construir la propiedad fiduciaria se requiere un paso previo: que los bienes estén en su patrimonio. No es posible construirla sobre bienes ajenos”, explicó. Entonces, los saldos de las cuentas que los trabajadores tienen en las AFAP dejarían de ser de su propiedad para pasar al organismo previsional.
Esta eventual “confiscación” da lugar a que sea “más que probable” que los afiliados a las AFAP inicien juicios contra el Estado, explicó Mieres. Y agregó un riesgo mayor: las AFAP también podrían hacer reclamos indemnizatorios. “Quedarían en situación de liquidación porque no podrían llevar adelante sus trabajos y la posibilidad de reclamarle al Estado por estos perjuicios sin dudas queda abierta”, aseguró.
Otro “escenario probable” sobre el que alertó el ministro es que los trabajadores elijan fondos en el exterior como “alternativas” para sus ahorros complementarios.
El plebiscito también afectaría los fondos complementarios de la seguridad social que, según García Zeballos, deberían cambiar su forma jurídica para seguir existiendo. Otros, como el Fondo de la Construcción, tampoco podría funcionar ya que lleva cuentas individuales a nombre de cada trabajador.
Rechazo
Luego de la comparecencia de las autoridades al Parlamento, el PIT-CNT convocó a una conferencia de prensa el jueves 8 en la que respondió los planteos del gobierno. El presidente de la central sindical, Marcelo Abdala, consideró que lo que hizo el Ejecutivo fue continuar con una “campaña del terror, de agitar el cuco o hacer una película de ciencia ficción con proyecciones hacia el año 2100”. “Nadie sabe en qué sociedad estaremos en esos momentos, con qué tecnología trabajaremos, cuál será la productividad del trabajo y las formas de producción social de la riqueza”, explicó el dirigente.
Abdala también rechazó las declaraciones del ministro Mieres y definió que, con sus comentarios está “demostrando nerviosismo”.
El PIT-CNT informó que se han recolectado 153.300 firmas, de las cerca de 270.000 que son necesarias para confirmar el plebiscito. El movimiento sindical se puso como objetivo llegar a las 500.000 rúbricas antes del 26 de abril, la fecha límite.
