Concretar la declaración de áreas marinas protegidas es parte de la agenda de prioridades del Ministerio de Ambiente. Así lo aseguró días atrás en una entrevista con Búsqueda el titular de esa cartera, Edgardo Ortuño, quien adelantó que se hará por decreto y que será “la gran novedad” en este período en materia de protección de ecosistemas y cuidado de biodiversidad. Se trata de un compromiso que Uruguay hizo en la última conferencia de Naciones Unidas sobre océanos.
La tensión entre esa promesa y otros planes del Estado en materia de exploración de hidrocarburos emergió el martes 5 de agosto en el marco de la cuarta audiencia pública convocada como parte del proceso de evaluación ambiental de proyectos de prospección sísmica offshore. La instancia, celebrada en el Centro Cultural del Municipio de Maldonado, fue citada por el Ministerio de Ambiente y se abordaron los proyectos presentados por las empresas Searcher Geodata UK Limited y APA Exploration LDC. Ambas pretenden realizar estudios sísmicos tridimensionales en los bloques OFF-1, OFF-2 y del OFF-4 al OFF-7, ubicados en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Uruguay a más de 130 kilómetros de la costa, lo que constituiría el paso previo a realizar excavaciones en el suelo marino con el objetivo de buscar petróleo.
Una de las principales preocupaciones expresadas durante la audiencia fue la superposición entre algunas de estas áreas ya adjudicadas por Ancap para la exploración de hidrocarburos —acordadas con Shell, APA Corporation, YPF y Challenger Energy— y las zonas que fueron declaradas de interés para su conservación por decreto presidencial en 2022 (particularmente los cañones submarinos, el criadero de merluza y los montículos de corales). Varios activistas consideran esa coincidencia como una contradicción directa con la estrategia ambiental del país.
“Algunas de las zonas consideradas como prioritarias coinciden con las zonas de exploración, así que esperamos la revocación de este tipo de acuerdos y que Uruguay avance en un modelo de país sostenible”, expresó uno de los activistas durante su exposición. En la misma línea, la bióloga Paula Laporta, docente del Centro Universitario Regional del Este (CURE) y representante de la ONG Yaqu Pacha, alertó: “Los proyectos de prospección sísmica contradicen los esfuerzos propios del Ministerio de Ambiente en avanzar en la conservación de nuestro océano, contradicen las acciones de conservación que realiza el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) sobre la planificación espacial marina y contradicen los avances y esfuerzos que los investigadores junto con el ministerio y la sociedad civil hemos hecho para lograr este tipo de identificación y priorización de áreas marinas protegidas”.
Edgardo-Ortuno
Edgardo Ortuño, ministro de Ambiente
Javier Calvelo / adhocFOTOS
La coordinación entre Ambiente y Ancap
Fuentes de gobierno dijeron a Búsqueda que el trabajo para la declaración de áreas protegidas marinas está todavía en una fase “muy inicial”. Según indicaron, el Ministerio de Ambiente y Ancap “están en constantes conversaciones” para que haya una “correcta coordinación” entre la estrategia nacional de biodiversidad y el proceso en marcha de prospección.
Sobre las inquietudes planteadas en la audiencia pública por la coincidencia de estas zonas, las fuentes detallaron que de las ocho áreas marinas definidas como prioritarias para su conservación en la gestión anterior, por ahora solo una —el talud continental— está siendo analizada para avanzar en su declaración como área marina protegida. El año pasado ya ingresó al SNAP la isla de Lobos. El resto de las zonas continúan en estudio y por eso, afirmaron, no hay una contradicción concreta entre los bloques adjudicados y las zonas de conservación.
El proyecto Uruguay Sub 200, liderado por la Universidad de la República, que implicará la exploración de los ambientes marinos profundos del margen continental y la planicie abisal uruguaya, dará más insumos de información sobre las áreas que se pretenden seguir estudiando. Días atrás se realizó un taller de biodiversidad en Maldonado, con participación del CURE, organizaciones sociales, Ancap y otros ministerios, en el que se discutieron las posibles áreas prioritarias para avanzar.
De todas formas, fuentes del sector privado que participan de los proyectos de Ancap también dijeron a Búsqueda que existe incertidumbre respecto a qué pasará en el futuro, en caso de que se decreten como protegidas algunas de las áreas coincidentes con los bloques adjudicados para exploración petrolera.
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Audiencia pública en Maldonado
Gentileza Andrés Milessi
Impactos
Luego de que las empresas proponentes presentaran sus estudios de impacto ambiental en la audiencia pública del martes 5, decenas de expertos y activistas expusieron enfáticamente (entre llantos, gritos, proclamas y canciones) sobre los posibles impactos que las prospecciones pueden tener sobre la biodiversidad marina y las comunidades costeras que dependen de la pesca. Según reflejaron diferentes estudios expuestos en la instancia, la actividad sísmica podría reducir drásticamente la población de peces.
Laporta fue una de las más enfáticas en advertir sobre los impactos acumulativos de estas actividades. Por un lado, cuestionó que se ocupe “un 60% de nuestra zona económica exclusiva” —porción del mar en la que un Estado tiene derecho especial de exploración y uso de recursos— “para dar este tipo de autorizaciones”. Por otro, criticó que cada proyecto se evalúe de forma aislada. “Los estudios de impacto ambiental deben ser gestionados de forma programática, organizada, no cada uno por separado”, argumentó. También planteó que “el enmascaramiento producido por la actividad sísmica es un impacto real y medible y comprobado a nivel científico”, que puede provocar desde daños auditivos y estrés hasta cambios en patrones migratorios y reproductivos de cetáceos y otras especies.
El científico Daniel Gilardoni, exdirector nacional de Recursos Acuáticos, coincidió en que se “debería haber hecho un estudio del impacto ambiental acumulado de toda la actividad prevista”. Lo consideró uno de los “grandes problemas” del proceso seguido y alentó al Ministerio de Ambiente a plantarse “frente a estos proyectos como un verdadero protector del mar”.
Los representantes de las empresas, en tanto, defendieron sus proyectos. La firma Searcher Geodata UK Limited explicó que el suyo es un relevamiento regional único que evitará operaciones múltiples y se ajusta a estrictas normas ambientales. En esa línea, presentaron detalles sobre los buques, zonas de exclusión, vigilancia de fauna marina, monitoreo acústico y un protocolo progresivo de activación de fuentes de sonido. “La gestión y mitigación de los impactos sociales y ambientales de nuestras operaciones es siempre una prioridad”, sostuvo su vocera, al mencionar que entre 2005 y 2025 la firma realizó 42 proyectos de adquisición sísmica alrededor del mundo, “cumpliendo con todas las normas de seguridad y protección ambiental”.
Sobre el impacto de los volúmenes de sonido en las especies marinas, la experta afirmó que “se propone un escalado progresivo al inicio de la generación sonora de al menos 20 minutos, favoreciendo el alejamiento de los especímenes en la zona”, así como la presencia de al menos tres observadores de fauna marina al borde del buque de prospección sísmica.
El representante de APA Exploration, por su parte, argumentó que las energías fósiles todavía son necesarias. Uruguay, planteó como ejemplo, consume 50.000 barriles diarios de petróleo y no existen aún alternativas económicas viables a estos combustibles para muchas actividades, como la maquinaria agrícola, el transporte marítimo o la aviación. “Los 50.000 barriles de petróleo que importa Ancap todos los días (...) son cerca de US$ 1.500 millones por año que hay que pagarle a una empresa extranjera para importar ese petróleo”, señaló. Y agregó: “Ya que estamos importando petróleo, tendría mucho más sentido, si logramos descubrirlo en Uruguay, que la refinería de La Teja procese petróleo uruguayo”.
En la misma línea, defendió el contrato con Ancap como un modelo de producción compartida, en el que parte de la renta sería para el Estado, que, además, podría participar hasta con un 20% del bloque.
YPF cede derechos de exploración en mar uruguayo
La expectativa por la exploración petrolera en aguas uruguayas continúa creciendo. Según informó el medio argentino ADNSUR la semana pasada, YPF se prepara para dar un nuevo paso en su estrategia de desarrollo de hidrocarburos en aguas profundas con la firma de un acuerdo con la empresa italiana ENI, que consolidará la alianza anticipada a través de un memorándum de entendimiento firmado en abril de este año. El acuerdo, explicó el medio, contempla la cesión del 50% del bloque OFF-5 del mar uruguayo, de una superficie total de 16.836 km² adjudicado a YPF, y asigna a ENI el rol de operador y responsable de las inversiones en la etapa de exploración, replicando un esquema de riesgo compartido ya probado por ambas en Namibia.
“La estrategia de YPF apunta a ‘desriskear’ el activo sin comprometer recursos propios, permitiendo que los resultados obtenidos en Uruguay sirvan de base para decisiones futuras en los bloques offshore argentinos, en particular los localizados en la Cuenca Argentina Norte”, informó el medio.
