Ministerio de Ambiente dio calificación C a los cuatro proyectos de prospección sísmica en zonas marítimas

En su respuesta, Ancap señala que, entre las características de los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos próximos a suscribirse para la adquisición de sísmica 3D marina, se establece que las empresas deberán cumplir con una “adquisición de datos sísmicos 3D con cobertura completa” de un mínimo de 5.000 hasta un máximo de 45.000 km² en la plataforma marina. Además, aclara que los acuerdos alcanzados le otorgan a la empresa el derecho de “adquirir, procesar e interpretar los datos sísmicos 3D”, pero no la obligación, por lo que la empresa realizará el “levantamiento de la sísmica 3D” solo en caso de estar dispuesta a “ejecutarlo a su propio riesgo financiero”.

En relación con los aspectos ambientales, señalan que la sísmica marina y los pozos de exploración requieren autorización ambiental previa (AAP) otorgada por el MA. En ese sentido, indicaron que cuando se realizó la sísmica marina en 2017 el proyecto fue clasificado con categoría B por la anterior Dirección Nacional de Medio Ambiente, lo cual suponía la elaboración de un estudio de impacto ambiental y un plan de gestión ambiental. Además, dijeron que, a partir de la definición de sitios prioritarios para la conservación ambiental marina en 2022 y al considerar la posibilidad de proyectos de exploración offshore, Ancap promovió talleres con expertos internacionales, para actualizar guías de actuación y “abordar nuevas preocupaciones”, en los que participaron funcionarios del Ministerio de Industria, de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos y de la Armada.

Ancap se refirió también al manejo de los datos obtenidos por las empresas extranjeras y aclaró que en todos los contratos se establece que la estatal será “propietaria de los datos que se generen” y de “toda la información recabada”, sin perjuicio de que se les proporcionará a las empresas los derechos exclusivos para otorgar licencias de uso del producto a terceras partes durante 10 años. Los datos de exploración no vinculados a aspectos ambientales u oceanográficos, sin embargo, serán confidenciales durante el plazo del contrato.

Cuestionados acerca de cómo se compatibilizarán los objetivos de conservación y los compromisos de protección marina con los proyectos de exploración de hidrocarburos, Ancap respondió que existe a escala internacional “un consenso general sobre lo compleja que es la transición energética y el desafío que representa” y que “actualmente funciona un sistema energético dependiente “en más del 81% de los energéticos fósiles”, mientras se busca evolucionar a un sistema más sustentable “que todavía no está construido”. Para Ancap “no se trata de fósiles o renovables” sino de que ambos sistemas deberán coexistir durante décadas “hasta que la nueva matriz descarbonizada esté disponible”.

“Las alternativas de energías renovables y de bajo carbono no logran sustituir efectivamente la demanda global de hidrocarburos al menos hasta 2050”, por lo que la inversión en exploración y producción de hidrocarburos “es una obligación absoluta”, señalaron.

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Vista del mar en Piriápolis

Ricardo Antúnez / adhocFOTOS

Ambiente

En la contestación del MA elaborada por el Área Evaluación de Impacto Ambiental, se explica que se presentaron cuatro comunicaciones de proyectos de prospección sísmica en la ZEE e iniciaron así el proceso para la obtención de la AAP. En esa línea, señalaron que ya todas las iniciativas fueron clasificadas por la Dinacea (Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental) con la categoría C, por lo que deberán presentar un estudio de impacto ambiental completo.

Entre otras cosas, deberán evaluar los posibles daños físicos o de audición, afectación al comportamiento (alimentación, reproducción, comunicación y orientación) en fauna (mamíferos y aves marinas, tortugas, peces y plancton), “considerando potenciales efectos directos, indirectos y acumulativos”; evaluar los impactos ambientales derivados de la presencia y la navegación de buques y equipo sísmico sobre los sitios de importancia para la conservación y sobre las rutas migratorias; y presentar las medidas de mitigación para los impactos identificados.

Las cuatro empresas ya fueron notificadas y hasta la fecha ninguna presentó la solicitud de AAP.

Desde el MA explicaron que el seguimiento de la actividad se realizará a través de diferentes herramientas. Entre ellas, la aplicación del plan de gestión ambiental ejecutado por la empresa, que comprende especificaciones tecnológicas y procedimientos operativos con implicancias ambientales, así como la determinación de zonas de mitigación “en un radio mínimo de 500 metros desde la fuente de sonido”, la verificación de la presencia de observadores de fauna marina a bordo del buque de sísmica y la presencia de expertos en monitoreo acústico pasivo.

Además, se prevé la colocación de dispositivos en boyas terminales para evitar el atrapamiento de tortugas y la inspección al buque de sísmica por parte de técnicos de la cartera.

Un aspecto llamativo para Ibarguren es que ambos organismos reconocieron que la exploración de hidrocarburos en Uruguay no ha sido discutida en el marco de la Comisión Técnica Asesora de la Protección del Medio Ambiente (Cotama), ámbito interinstitucional que pretende coordinar la elaboración de las políticas ambientales del país. Desde Ancap señalaron que la estatal “no ha sido convocada para conversar sobre este tema”, aunque aclara que se han mantenido diferentes instancias de intercambio sobre el asunto con varios ministerios y varias instituciones. El MA, por su parte, respondió que “no tiene conocimiento” de que el tema se haya discutido en la Cotama, pero no aclara la razón.