Defensa Pública nació con una “espada de Damocles” por “amenazas” de la Suprema Corte

Tras la votación, la secretaria general de la Asociación de Defensores Públicos, Lucía Long, dijo a Búsqueda que el balance del colectivo es “muy positivo” y calificó la aprobación del proyecto como “un acuerdo político histórico”. Destacó que todos los partidos “fueron claros en la necesidad de la autonomía, de garantizar un presupuesto adecuado y de hacerlo en un tiempo cercano para asegurar los derechos de quienes acceden al servicio”. “Por primera vez sentimos que fuimos reconocidos en nuestro trabajo, que nos ha costado mucho”, expresó Long.

Los ministros afirmaron que la aprobación del proyecto tendría “un impacto negativo y desproporcionado sobre un poder del Estado históricamente postergado en términos presupuestales” y anunciaron que, de sancionarse, la Corte “recurrirá a las acciones legales que estime pertinentes en defensa de sus derechos”. La Corte expresó también que no emitiría opinión sobre el fondo del proyecto, pero señaló que de convertirse en ley “podría eventualmente ser sometido al control de constitucionalidad”. Esto hace referencia a la posibilidad de que la norma contravenga al artículo 239 de la Constitución, que otorga a la Suprema Corte la competencia para nombrar a los defensores de oficio. El texto aprobado establece que los defensores seguirán siendo designados por la Corte, pero a partir de un orden de prelación elaborado por la Defensa Pública.

Fuentes de la Corte dijeron a Búsqueda que una de las opciones que manejan los ministros es presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la norma, en caso de que esta se apruebe sin mayores modificaciones en Diputados. De todos modos, la corporación todavía no adoptó una decisión formal porque la norma sigue en trámite parlamentario, indicaron las fuentes. Y aunque el proyecto fue aprobado sin cambios en el Senado, pese a las objeciones planteadas, en la Corte valoraron que con la nota se logró que el problema presupuestal del Poder Judicial ocupara un lugar central en la discusión.

La posición de la Corte produjo malestar en los defensores públicos y en varios legisladores. El frenteamplista Nicolás Viera, presidente de la Comisión de Constitución y Legislación que aprobó el texto, dijo estar “muy molesto” por el planteo. “Si no se va a emitir opinión sobre el fondo, ¿por qué se termina amenazando con la inconstitucionalidad?”, preguntó, y agregó que, a su juicio, la Defensa Pública “nace con una espada de Damocles” debido a la posición de la Corte. Cuestionó asimismo que cuando la comisión recibió al presidente de la SCJ, Pérez Brignani, este expresó inquietud por los bienes, pero no planteó que podía ser inconstitucional.

Por su parte, el también frenteamplista Sebastián Sabini hizo referencia a los necesarios “contrapesos” de la separación de poderes y afirmó que el Parlamento tiene derecho a dar más preponderancia a la Defensoría sin recibir “presiones”. “Lo vimos como una suerte de amenaza, y creo que no corresponde”, cuestionó. En tanto Liliam Kechichian manifestó que le “sorprendió” la nota y la sintió “hasta amenazante”.

El colorado Andrés Ojeda, miembro informante del proyecto, hizo referencia al debate en torno al artículo 239 de la Constitución y dijo que se buscó “la solución más razonable”, aunque aclaró que el texto “puede ser perfectible” durante el análisis en Diputados. También planteó que los aspectos materiales no podían ser un “obstáculo” para avanzar en la ley: “Veremos cómo se soluciona y acá le tiramos la pelota presupuestal al gobierno”, afirmó.

Su correligionario Robert Silva sostuvo que “el gobierno va a tener que hacer un esfuerzo presupuestal” para atender las preocupaciones de la Corte, mientras que Pedro Bordaberry advirtió que avizoraba “problemas” si no se le asignaba presupuesto al nuevo organismo.

La secretaria general del gremio de defensores dijo a Búsqueda que tomaron “con sorpresa” la carta de la SCJ, “porque realizaron manifestaciones que hasta ahora no habían sido hechas”. Según Long, el texto finalmente aprobado “es incluso más favorable a la Corte que el original, porque determina que es la Corte quien individualiza los bienes que se transfieren”. Y añadió que “la discusión por los bienes no puede frenar la creación del servicio” porque “los montos no son excesivos para los que se manejan en el Estado”.

Una ley con amplio respaldo político para “fortalecer la democracia”

Durante la sesión del martes 14, el senador Ojeda destacó el acuerdo alcanzado entre los principales partidos políticos y señaló que el objetivo de la norma es garantizar que “cada parte del sistema de Justicia cumpla su rol con independencia” y “libre de condicionamientos jerárquicos”.

La senadora frenteamplista Constanza Moreira, integrante junto con Ojeda de la Comisión de Constitución y Legislación, sostuvo que “sin defensa no hay justicia” y que el fortalecimiento institucional de la Defensoría Pública “no es un favor del Estado, sino una obligación jurídica y ética”. Agregó que la independencia del organismo no se trata de un “capricho corporativo”, sino de un “imperativo para fortalecer la democracia”.

Moreira dijo que la subcomisión que trabajó en el texto hizo ajustes para “evitar problemas” referidos a los bienes y que por eso la norma establece que la cesión queda condicionada a una resolución previa de la Corte.

La nacionalista Graciela Bianchi, también miembro de la comisión, señaló que la Defensoría Pública es “la pariente pobre del Poder Judicial” y que eso “no es compatible con el principio de igualdad”. “Necesitamos que la defensoría sea de alta calidad”, afirmó. Y consideró que la preocupación de la Corte por los bienes es “legítima”, pero que se debe buscar una solución “sin judicializar” el tema. “Abramos la cabeza”, reclamó.

Bordaberry cuestionó algunos aspectos del proyecto que, a su entender, quedaron redactados de forma “diabólica” y resultaron en un “Frankenstein”. Sus críticas refieren a la solución para el nombramiento de los defensores y al traspaso de bienes del Poder Judicial al nuevo organismo. Se mezclan “cosas de servicio descentralizado con cosas de la Suprema Corte de Justicia”, objetó.

Otros legisladores, como el nacionalista Carlos Camy —el único que no votó el proyecto— y el colorado Gustavo Zubía, plantearon dudas sobre la constitucionalidad del proyecto de ley.