El fiscal especializado en delitos de lavado de activos, Enrique Rodríguez, pidió que le dieran unos minutos para pasar un mensaje. Cerraba su participación en el Compliance Day, un evento del estudio Brum Costa Abogados centrado en el tema lavado, pero Rodríguez quería que los asistentes se fueran con la idea de que no hay que perder de vista la importancia del problema del narcotráfico. Combatir bien ese delito redundaría en menos lavado, concluyó.
Rodríguez, cuya fiscalía dejará de existir tan solo después de dos años de creada, plantearía el mismo concepto días más tarde, durante las Jornadas de Derecho del Banco Central (BCU). En ambas ocasiones recurrió a cifras de producción, venta y consumo de cocaína en el mundo y también mencionó algunas carencias en los controles en Uruguay.
En particular, el fiscal repitió en las dos instancias que, de los miles de contenedores que llegan de Paraguay y pasan por el Puerto de Montevideo, solo el 0,89% es escaneado. Ante autoridades del BCU también cuestionó la efectividad de los reportes de operaciones sospechosas (ROS) que recibe la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
La cocaína pasa
Rodríguez participó en una mesa de discusión del Compliance Day, el miércoles 9, junto al juez de Crimen Organizado, Fernando Islas. Sobre el final de la actividad, la moderadora y abogada del estudio, Florencia Mazzei, dijo que el fiscal quería plantear algunos comentarios.
El fiscal, cuya gestión ha sido cuestionada porque algunos entienden que registró pocos resultados, retomó un concepto que estuvo en las jornadas: la “percepción de riesgo”. En su caso, pidió que esa percepción de riesgo esté “muy alta” no solo en el tema lavado, sino sobre todo en el narcotráfico, que es su principal “delito precedente”.
Rodríguez explicó que el lavado de dinero necesita de un “delito precedente”, es decir, un acto criminal que produzca los fondos que luego se blanquean para ingresarlos en el mercado legal. El 40% de los delitos precedentes al lavado de activos en Latinoamerica, contó, son el narcotráfico, la corrupción pública y las estafas.
“Uruguay no es productor de cocaína” ni “en el puerto se plantan plantas de cocaína”, dijo, y agregó: “Sin embargo la cocaína pasa, transita”, por el país.
“Entre octubre del año pasado y julio de este año, 10 meses, por el Puerto de Montevideo transitaron, por vía a reembarque para salir del país unos 23.000 contenedores provenientes de Paraguay. De los 23.000 contenedores provenientes de Paraguay se escanearon 208. Es decir, el 0,89%”, detalló Rodríguez.
El fiscal insistiría con esa falta de escaneos de contenedores llegados de Paraguay cuando participó en una mesa redonda sobre prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo organizada por el BCU. Después de dar las mismas cifras, acotó: “Quiero mucho a los paraguayos… pero es un país de producción y de tránsito”.
Después de un largo y enredado proceso, el 2 de octubre de 2024 los equipos de la empresa estadounidense S2 Global Inc., ganadora del llamado para proveer el servicio de rayos X no intrusivos en los controles en el Puerto de Montevideo, tuvieron su ceremonia de inauguración y el tradicional corte de cinta. Transcurrido poco más de un año, la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) empezó a difundir información sobre el uso que han tenido estos escáneres.
En setiembre la Aduana difundió los datos sobre el escaneo a la carga paraguaya que serían utilizados por Rodríguez.
El fiscal advirtió que no es un problema solo de Uruguay y destacó que hay un aumento en la producción y el consumo de cocaína, según las estadísticas de Naciones Unidas.
La estimación es que el área de plantación de cocaína en América —Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia— alcanzó el récord de 400.000 hectáreas y que son 3.000 las toneladas que se exportan a Europa. “Estoy tirando estas cifras para que tengamos una percepción de riesgo”, dijo Rodríguez en el Compliance Day.
“Hoy, al precio que está el gramo de cocaína, se ha popularizado”, explicó. Y agregó que eso permite que la pueda consumir cualquier persona. Manejó precios del kilo de cocaína en las distintas etapas del proceso: US$ 1.500 en producción, US$ 35.000 ingresada a Europa y US$ 60.000 en las bocas de venta.
“No perdamos la perspectiva del riesgo de combatir el delito precedente; seguramente, si lo hacemos y logramos atacar este delito, vamos a tener menos delitos de lavado”, concluyó.
Los reportes de operaciones sospechosas
En la mesa organizada por el BCU, Rodríguez, además de hablar de cocaína, aprovechó para pasar un mensaje sobre los controles. En el panel estaba la secretaria nacional antilavado, Sandra Libonatti, y el superintendente de servicios financieros del BCU, José Pedro Cantera.
El fiscal dijo que “por supuesto” quiere que haya más condenas por lavado, pero agregó en seguida que su ausencia es un “tema internacional”. Comparó la situación de Uruguay, que tiene en promedio cinco por año, con otros países como Argentina, que en promedio tiene “16 o 17” por año, Colombia (32) y Brasil (1.000).
Rodríguez sostuvo que le parecía bien si se instrumentaban cambios en las normas antilavado, como pretende el Poder Ejecutivo, aunque no detalló cuáles aspectos apoyaba. Añadió que la legislación actual ha provocado que la UIAF reciba unos 900 ROS de lavado por parte de los “sujetos obligados” a informar a las autoridades cuando detectan movimientos potencialmente ilegales.
Añadió que, a su fiscalía, en dos años de funcionamiento llegaron menos del 10% de los reportes. "O los ROS son de mala calidad o no se están haciendo cuando se tienen que hacer en casos que rompen los ojos", explicó. Y cerró su intervención con una anécdota personal que, a su juicio, muestra que hay muchas cosas por ajustar.
“A veces controlamos una cosa chiquita así y nos está pasando un elefante rosado por adelante y no nos damos cuenta”, dijo Rodríguez. Contó que hace poco tiempo quiso hacer una transferencia de $ 1.500 a una prima que vive en Atlántida para que pagara la tasa de mantenimiento del panteón familiar. En la agencia de pagos le dijeron que al ser una persona políticamente expuesta, dado su cargo, debía llenar un formulario especial. A los tres días, le enviaron un correo diciendo que debía enviar la fotocopia de su sueldo para acreditar el origen de los fondos. Todo por $ 1.500.
“Si vamos a controlar, vamos a controlar todo, y vamos a poner los esfuerzos en lo que nos rompe los ojos”, sostuvo. Fue entonces cuando repitió lo que había dicho en el Compliance Day sobre la falta de controles a los contenedores paraguayos que pasan por el Puerto de Montevideo.
