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Una de las 63 prioridades del gobierno, ubicada dentro del compromiso referido a “seguridad”, responde a la “Creación y puesta en funcionamiento del Ministerio de Justicia”, y su cumplimiento está asignado directamente a Presidencia de la República. Según explicaron a Búsqueda varias fuentes del gobierno, en el interior de la Torre Ejecutiva se evalúa la posibilidad de incluir la creación de esta nueva secretaría de Estado en la Ley de Presupuesto. Esto, no obstante, está siendo debatido por las autoridades políticas del gobierno y no hay consenso en Presidencia acerca de la celeridad con la que deberá crearse esta nueva institucionalidad.
Según pudo saber Búsqueda, algunos de los asesores del presidente creen que la definición no debe demorarse. En ese grupo se encuentra el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, cuyo nombre también había sido manejado previamente a la conformación del gabinete como posible titular de la cartera por crearse. En cambio, otros jerarcas también allegados al presidente consideran que no es necesario apurarse con la definición, e incluso hay quienes dudan de la pertinencia de concretar el nuevo ministerio. “La definición final la tendrá el presidente de la República”, resumió una fuente del gobierno.
A pesar de que la creación de un nuevo ministerio supone la mayoría absoluta de componentes de cada cámara en el Parlamento, en el oficialismo estiman que la nueva institucionalidad no debería tener dificultades para aprobarse en el Poder Legislativo, dado que la propia coalición incluía la creación de un “Ministerio de Justicia y Derechos Humanos” en el programa Compromiso por el País II, que presentó el hoy senador nacionalista Álvaro Delgado de cara al balotaje de noviembre del año pasado. Allí se establecía que el Instituto Nacional de Rehabilitación, hoy dependiente del Ministerio del Interior, pasaría a ser un Servicio Descentralizado que se vincularía con el Poder Ejecutivo a través de la nueva secretaría de Estado. La creación de la nueva institucionalidad también estaba contenida en los programas del Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente. Quien sí se manifestó en contra fue el líder de Vamos Uruguay y senador colorado, Pedro Bordaberry.
Las bases programáticas del Frente Amplio, por su parte, también proponían la creación de un “Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, que también absorbería al Instituto Nacional de Rehabilitación. Sus funciones, decía el documento, serían: “Diseñar, articular y evaluar una política adecuada a los desafíos del siglo XXI, para fortalecer la especificidad de los poderes del Estado, y dotar de un mejor diseño institucional a las diversas competencias que hoy aparecen dispersas y deficientemente articuladas (derechos humanos, prisiones, registros públicos, coordinación con los servicios descentralizados con competencia ante los órganos jurisdiccionales, políticas antilavado de activos, entre otras que se puedan evaluar pertinentes)”.
Durante la campaña, la fórmula frenteamplista profundizó sobre la creación de este ministerio luego de la presentación que el ahora presidente Yamandú Orsi y la actual vicepresidenta Carolina Cosse hicieron durante setiembre en Colonia de 48 “prioridades para gobernar”. En un documento divulgado días después, allí se especificó que el futuro ministerio tendría “por cometido la gobernanza de las políticas públicas de justicia, respetando y fortaleciendo las funciones constitucionales de cada poder del Estado”. Asimismo, se especificaba las tareas que asumiría, por ejemplo, en el “funcionamiento del sistema penitenciario nacional, tanto en la ejecución de las penas privativas de libertad como de las penas alternativas, con la finalidad de la inserción social”. También en “tareas de investigación para implementar políticas de prevención de las diferentes formas de la violencia y el delito, y la atención y protección de las víctimas”, y en el diseño y ejecución de la “política pública sobre derechos humanos del Poder Ejecutivo”. Por último, se anunciaba que la futura cartera desarrollaría “acciones de racionalización de la estructura de la administración, incorporando bajo su órbita a los registros públicos y al sistema de cooperación internacional en materia de justicia, hoy dependientes del Ministerio de Educación”, y que tendría una “Dirección de Abogacía del Estado, que concentrará todos los procesos judiciales de los que el Estado uruguayo es parte”.
