La formalización por homicidio culposo a dos cirujanos pediátricos el miércoles 17 por la muerte de un bebé de 13 meses, tras una lobectomía pulmonar endoscópica, conmocionó al ambiente médico. Cirujanos pediátricos y torácicos, quienes actuaron en el proceso a pedido de Fiscalía, cruzaron graves acusaciones entre sí, y el mismo día de la formalización el caso se elevó a consideración de la Comisión de Ética Médica y Conducta Universitaria de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar), ya que hay catedráticos involucrados.
En el medio, la madre de Manuel, el niño fallecido en abril de 2024, elevó el viernes 26 al decano de Medicina de la Udelar, Arturo Briva, una nota en la que pide que se analicen los “hechos documentados y verificables” que llevaron a la imputación de los dos cirujanos, un grado 5 y un grado 3 de dicha institución, en el primer Consejo de Facultad en el año próximo. En la carta, a la que accedió Búsqueda, Bibiana Carreño, enumeró las pruebas incluidas en el proceso y cuestionó el “patrón de respuestas corporativistas (que) apareció frente a esa evidencia, intentando deslegitimarla sin refutarla”.
Antes de que la Justicia fallara, la Sociedad Uruguaya de Cirugía Pediátrica (Sucipe) había elevado el 12 de octubre otra comunicación dirigida al decano Briva. Esta, rubricada por varios integrantes y exintegrantes de la Unidad Académica de Cirugía Pediátrica (UACP) de Medicina, representa una “denuncia formal” contra miembros de la Unidad Académica de Cirugía de Tórax (UACT) de esa facultad, por haber emitido “un dictamen en el cual se atribuyen una supuesta experticia en cirugía torácica pediátrica, informe elaborado a solicitud de la parte acusadora” en el proceso penal en el que se determinaron las imputaciones.
El texto de la Sucipe contiene una dura acusación: considera necesario “investigar cuáles fueron los motivos” que llevaron a la Cátedra de Cirugía Torácica a elaborar ese informe, y añade que “existen razones suficientes para sospechar la existencia de intereses ajenos a la ética profesonal”.
Nota Sociedades pediatria
Otras organizaciones, como la Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP), las Unidades Académicas de Pediatría A, B y C de esa facultad y los docentes responsables del Posgrado de Neumología Pediátrica de Medicina también se expresaron. Luego de lamentar el fallecimiento del niño y manifestar su comprensión por el dolor de la familia, subrayaron que son los cirujanos pediátricos los profesionales idóneos para realizar una cirugía como la señalada. La Sociedad Anestésico Quirúrgica (SAQ) se manifestó de forma similar.
Por la muerte en esa intervención quirúrgica, realizada en la mutualista Casmu el 8 de abril de 2024, también fue formalizada por encubrimiento la médica intensivista que estaba de guardia ese día. Según el fallo del juez en lo penal de 13er turno, ella consignó en la historia clínica, a solicitud de los cirujanos intervinientes, que el acto médico transcurrió “sin eventos adversos intraoperatorios”. A diferencia de los otros imputados, ninguna de las organizaciones respalda su actuación. Ni siquiera es mencionada.
Respuesta
Señalada por sus colegas de ser la responsable por la formalización de estos cirujanos, la UACT emitió a su vez una respuesta ante “acusaciones graves, infundadas y de extrema gravedad institucional”, que buscan “la construcción deliberada de un relato falso” con el que se pretende “instalar” a esa unidad académica como “parte acusadora”.
Ese comunicado señala que fue la Fiscalía la que dirigió un oficio formal a la secretaría de esa unidad solicitando un informe técnico con la historia clínica del caso “y 11 preguntas concretas”.
“Dicho requerimiento fue debidamente notificado al decano y al Consejo de la Facultad de Medicina y tramitado por los canales institucionales correspondientes”, añade el texto firmado por Bruno, Trostchansky y Terra.
Comunicado en hoja membretada
Según la UACT, su actuación “respondió a un requerimiento formal de la Fiscalía penal (...) cumpliendo con una obligación legal y universitaria, y actuando como auxiliar técnico de la Justicia, tal como corresponde en un Estado de Derecho”. Además de subrayar que cuestionar a los docentes que la integran “por el solo hecho de tratarse de un paciente pediátrico” representa “un error conceptual grave, científicamente infundado y una atribución indebida de autoridad académica, que no corresponde ni desde el punto de vista universitario, ni profesional ni legal”, apuntó al “carácter corporativo” de la denuncia contra ellos.
El tema escaló a un punto en que el decano Briva señaló, en un comunicado institucional fechado el martes 23, que no iba a expresarse sobre un episodio que se encuentra en la órbita judicial. De forma que muchos docentes calificaron de “excesivamente salomónica”, la Facultad de Medicina señala que “no avala ni contradice” ninguna “de las expresiones o posturas”. El texto indica que el 17 de diciembre se decidió que la Comisión de Ética analice el tema, lo que hará el año próximo.
Tampoco el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) ni el Colegio Médico (CMU) tomaron postura. El SMU —también a través de un comunicado— manifestó su confianza plena “en el accionar de la Justicia uruguaya” y llamó “al resto del colectivo médico, en todas sus especialidades, a abstenerse de emitir comentarios públicos” que entorpezcan el proceso legal o generen confusión en la opinión pública. También manifestaron su preocupación “por la difusión pública de los nombres de los colegas involucrados”. Consultado por Búsqueda, el presidente del CMU, Álvaro Niggemeyer, se expresó en similares términos, añadiendo que el proceso recién arranca y hay que respetar “la presunción de inocencia”.
Firmantes participantes
Largamente esperado por sus padres, concebido mediante ovodonación, Manuel nació el 20 de febrero de 2023. Una ecografía estructural practicada a las 20 semanas de embarazo detectó una malformación congénita, una MAQ tipo II, en el lóbulo inferior de su pulmón izquierdo. Esta es una rara condición que se manifiesta a través de una proliferación de quistes, o microvesículas, que pueden extenderse y necrosarse. Para algunos médicos consultados, es algo así como una “bomba de tiempo” que debe extirparse. Otros, más conservadores, prefieren esperar una eventual evolución.
El caso de Manuel y sus padres, Bibiana Carreño y Eduardo de Oliveira, se conoció a través de una nota de Búsqueda publicada el 10 de octubre de 2024. Según su testimonio, el cirujano con el que habían preparado la intervención (el grado 3) les dijo que la técnica quirúrgica que pretendía utilizar, una laparascopía, era menos invasiva, requería incisiones más pequeñas y permitía recuperaciones más rápidas. El abogado de la familia, Juan Pablo Decia, dijo entonces que habían averiguado que ninguno de los profesionales intervinientes (ni él ni el grado 5) era especializado en cirugía toráxica o laparascopía, pese a que así lo habían afirmado.
“A los padres se les mintió. Los doctores les dijeron que tenían una experiencia que no tenían. El Ministerio de Salud Pública (MSP) y ASSE (Administración de los Servicios de Salud del Estado), en cuyo Centro Pediátrico Pereira Rossell funciona la Cátedra de Cirugía Pediátrica, informaron que no tenían ni un solo procedimiento en su haber de este tipo”, dijo Decia.
Según datos del MSP, entre 2015 y 2023 se realizaron solo 10 lobectomías de pulmón en pacientes de entre 0 y 14 años en el país. Una sola de ellas apeló a esta técnica y fue en el subsector privado.
La intervención comenzó a las 11.40 del 8 de abril. Según un análisis del caso a cargo del pediatra neonatólogo José Luis Díaz Rosselló, solicitado por la familia, durante la operación se registraron dos circunstancias que complicaron la visibilidad del campo operatorio y por consiguiente la laparoscopía. Una de ellas era anatómica (una cisura oblicua incompleta, presente en el 8% de los varones) y la otra, la imposibilidad “del colapso del lóbulo superior para acceder al hilio lobar”. A su criterio, estas situaciones “podían justificar la conversión hacia la técnica por toracotomía”, pero “en la insistencia de resolver el acceso por endoscopía” se excedieron “largamente” los tiempos reportados internacionalmente para este abordaje. Si el promedio consignado gira en torno a los 60 minutos, acá recién se cambió el procedimiento a las 15.20, 3 horas y 40 minutos después.
Este cambio se debió, según el informe, a un episodio “gravísimo”: se detectó sangre que fluía por el tubo endotraqueal. Tardíamente se pasó a una técnica operatoria tradicional. Sin embargo, el grado 3 a cargo les dijo a los padres que todo había terminado bien. Esto fue ratificado por la intensivista en los registros clínicos. Al día siguiente, luego de unas horas desesperantes, Manuel falleció en el CTI del sanatorio.
Como medida cautelar, a los imputados —defendidos por Gonzalo Fernández— se les exigió fijación de domicilio hasta el 6 de mayo.
En su nota dirigida a Briva, Carreño criticó duramente a dos neumólogas pediátricas que “participaron directamente en la atención técnica de Manuel” y que aparecen firmando el comunicado de los profesionales de esa especialidad. También le endosa lo mismo a una “cirujana grado 2” que participó de la intervención quirúgica con desenlace fatal, algo que —asegura— fue señalado en las audiencia, aunque no figuró en la historia clínica correspondiente; ella también firmó el texto de apoyo a sus colegas formalizados.
