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Realizarán un censo de la población privada de libertad en todas las cárceles del país en 2025
Mediante un acuerdo entre el Ministerio del Interior y la Facultad de Ciencias Sociales, se recabará información para “el diseño de políticas” que mejoren la situación de los reclusos y para “optimizar los recursos del sistema penitenciario”
Módulo 4 del Complejo Penitenciario Santiago Vázquez
El Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República y el Ministerio del Interior firmaron un convenio para realizar un censo nacional de las personas privadas de libertad en Uruguay.
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Será el segundo, porque en 2010 —año en que se creó el Instituto Nacional de Rehabilitación— se llevó a cabo el Primer Censo Nacional de Reclusos, también a través de un convenio entre la academia y el gobierno.
Según se informa en el documento al que accedió Búsqueda, que llama a encuestadores que tengan interés en trabajar en la consulta que se realizará en 2025, el censo “busca recabar información socioeconómica, demográfica, y de condiciones de vida” de los reclusos. Agrega que la información recogida “será clave para el diseño de políticas públicas orientadas a mejorar la situación de esta población y optimizar los recursos del sistema penitenciario”.
Desde la realización del primer censo de la población privada de libertad, hubo “notorias modificaciones” en el sistema penitenciario, indica el documento, que habla sobre cambios a nivel institucional y programático. A su vez, en los últimos años hubo un aumento sustancial de la cantidad de personas que cumplen penas en las cárceles: pasaron de ser 8.775 en 2010 a más de 16.000 en 2024, es decir, el doble.
A inicios de diciembre, el Ministerio del Interior presentó el Libro blanco de reforma penitenciaria en Uruguay, un documento de 138 páginas que, según dijo el ministro Nicolás Martinelli, "constituye el paso inicial para una política de Estado con metas concretas para varios períodos de gobierno".
El trabajo fue coordinado por Diego Sanjurjo, asesor del ministro del Interior, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y elaborado por Ana Vigna, doctora en Sociología por la Universidad de la República.
En el documento, Vigna alude a la relevancia de realizar la reforma penitenciaria sosteniéndose en datos fiables sobre los privados de libertad. "En caso de que se desee desarrollar una política penitenciaria basada en evidencia, es necesario contar con un conjunto de indicadores que permita describir el estado de situación, monitorear su evolución a lo largo del tiempo, sistematizar las intervenciones disponibles, cómo se llevan adelante y cuáles son sus resultados. En este marco, se debe impulsar muy fuertemente no solo el desarrollo de sistemas de información, sino también la definición de un sistema de indicadores clave para monitorear y evaluar el funcionamiento del sistema", afirma.
Más adelante añade: "Los sistemas de información robustos resultan un insumo fundamental no solo para direccionar la política hacia aquellas intervenciones que generen entornos respetuosos de los derechos humanos y condiciones tendientes a promover procesos de reinserción social, sino también para focalizar los escasos recursos disponibles sobre aquellas poblaciones que más lo necesiten".
Llamado a encuestadores
Para el próximo censo hay un llamado abierto para contratar a 25 encuestadores, que deberán tener experiencia en el levantamiento de datos a través de entrevistas cara a cara, para aplicar los cuestionarios del censo penitenciario en las cárceles de todo el país “garantizando precisión en la recopilación de datos y un trato digno” hacia los reclusos. Se buscan personas que sean estudiantes avanzados o profesionales del área de las ciencias sociales, de la salud o la educación, con experiencia en encuestas.
El período de contratación será de dos meses y el relevamiento censal en las cárceles será entre el 28 de enero y el 15 de marzo de 2025.
