—¿Cómo es el trabajo que realizan desde la unidad?
—Es un derecho de la víctima y de los testigos poder dar su testimonio en las mejores condiciones. Para generar eso, hay que brindar una asistencia psicosocial desde el momento en que ocurren los hechos y un acompañamiento sobre todo el tránsito del proceso judicial. Eso sería lo deseable, pero no siempre es lo que pasa. En general las víctimas y testigos son tales porque atravesaron una situación de una alta violencia, entonces eso las afecta psicológicamente, e incluso a veces físicamente. Ese acompañamiento es crucial para que se pueda ejercer en el caso de las víctimas su derecho a la participación y también en el caso de los testigos, que es una figura particularmente nueva para nuestro país, porque ahora al ser oral y público tienen que dar un testimonio. Puede ser un testimonio remoto, que para eso se hizo un protocolo con el Poder Judicial. Hay gente que lo quiere dar pero a la vez le genera mucho miedo, porque implica reeditar el temor de lo que vio, lo que escuchó, o lo que sabe.
—Decía que el testigo es una figura nueva, ¿se afianzó en los últimos años?
—El trabajo con testigos es lo que más ha aumentado desde el 2017, sobre todo son testigos de delitos vinculados al crimen organizado: estupefacientes u homicidios. Eso implica a veces incluirlos en un programa de medidas especiales de protección, a veces la relocalización transitoria o definitiva por medidas de protección, el acompañamiento en la sede judicial y, cuando son muchos testigos —como ha pasado en las últimas condenas de homicidios—, implica una logística, porque no se pueden cruzar y si se reservó la identidad, hay que intentar que se preserve. Toda esa logística es un trabajo en equipo entre el equipo fiscal que lidera la investigación, la Unidad de Víctimas y Testigos y la Policía. Hemos tenido testigos que están privados de libertad por hechos que sucedieron en la cárcel y eso es otra complejidad diferente. Implica comprender la situación de riesgo, tener entrevistas en profundidad que ayuden a las víctimas o testigos a poder bajar la ansiedad, a tener la información de lo que va a pasar, a tener la dimensión del riesgo, que a veces lo minimizan o lo amplifican.
—No están obligados a declarar, ¿qué los motiva a hacerlo?
—La mayoría lo que sienten es una necesidad de que se haga justicia con lo que pasó, eso es lo que plantea mucha gente. Quien lidera el proceso de investigación es el fiscal y son quienes deciden si el testimonio de esa persona es crucial para la investigación o no. También se contempla el riesgo. Por eso se hace un comité de evaluación de riesgo. Ahora en el programa con medidas especiales de protección hay 477 personas, y hay unos 70 núcleos familiares que se han relocalizado. En la devolución que tenemos del seguimiento de las familias, desde 2017, lo que plantean es que cambiarse de territorio les permitió alejarse de situaciones de riesgo y empezar de vuelta. No han existido situaciones de riesgo después.
—¿Uruguay dedica los recursos necesarios a la protección de testigos? Hay abogados que han señalado a Búsqueda que no.
—La Unidad de Víctimas de la Fiscalía empezó con poquitos técnicos, hoy son 50 para todo el país, y la competencia es atender las víctimas y testigos de todos los delitos. Entonces seleccionamos los casos más urgentes, pero en realidad la política pública de atención y protección a víctimas y testigos tendría que ser para todos los casos. Hoy no tenemos los recursos para hacer eso, y lo que se hace es priorizar.
—¿Uruguay está atrasado respecto a la región?
—Estamos atrasados en términos de cobertura, porque tenemos una política muy magra en la cobertura y en la jerarquización institucional. En otros países dependen de un Ministerio de Justicia y tienen otra jerarquía en la política pública.
—¿Hay situaciones que ocurren en otros países de la región que acá todavía no?
—De los intercambios que tengo con las otras unidades de víctimas surge que tenemos situaciones muy similares, sobre todo en el último tiempo. Hay casos de femicidios que están relacionados con situaciones de crimen organizado, están las situaciones de violencia sexual en modalidades virtuales, y después hay algo que es más criminológico, que es que hay una modalidad más cruel, una enajenación del cuerpo de los otros. El cuerpo de los otros pasa a ser un objeto para la crueldad y eso genera un efecto en el entorno de las víctimas y en los barrios que hace que sea más difícil trabajar. Genera mucho más temor a la hora de ser testigo.
—Hubo homicidios en los que los cuerpos de las víctimas fueron descuartizados.
—Es característico de la letalidad en los últimos años y ese nivel de violencia tan cruel lleva a trabajar con otros aspectos de la contención psicosocial con las personas que fueron testigos o familiares que son víctimas. Hay otro tema que preocupa y es la participación de niños y adolescentes en muchas de estas situaciones como testigos o por estar cercanos a estas situaciones. Hay que incluir el trabajo con los niños y acompañarlos en esas situaciones muy complejas, que generan mucho terror. Son niños que muchas veces permanecen semanas sin poder hablar y es importante que ellos y sus familias tengan acceso a la salud mental en los prestadores de salud, más allá del acompañamiento de la unidad.
—¿Eso se cumple?
—En los convenios que tenemos con ASSE y el Ministerio de Salud Pública, sí. A veces demora. Tratamos siempre de que se les dé prioridad a las víctimas de delitos, porque cuanto más se demora en atender, más se genera un daño acumulado. Es importante que la atención sea inmediata para la reparación de la víctima y porque su testimonio va a ser de mejor calidad. Antes, eso lo decíamos con la teoría y la experiencia de otros países, hoy lo decimos con nuestra propia experiencia. Cuando hay un acompañamiento desde el minuto uno de los hechos hasta el juicio, la víctima llega en mejores condiciones psicosociales y su testimonio es de mejor calidad. Y con los testigos pasa lo mismo.
—La participación de los niños en situaciones violentas ¿aumentó?
—Cuando empezamos no lo veíamos tan seguido, no había tantos niños involucrados a veces en situaciones de microtráfico, o de tanta intensidad de violencia y letalidad.
—¿Qué porcentaje del total de las personas que atienden son testigos?
—Un 28%.
—Dijo que son los que más aumentaron. ¿Por qué?
—Al principio, la Unidad de Víctimas atendía muchísimo más violencia doméstica y delitos sexuales. En el correr de los años, seguimos atendiendo violencia sexual de todas las manifestaciones, y más víctimas y testigos de homicidios y de estupefacientes. El número de testigos viene en aumento, desde hace como tres años.
—¿Qué otra situación cambió desde 2017?
—El trabajo con las víctimas de delitos sexuales a través de la tecnología. Eso implicó revisar la forma de trabajo, porque los ofensores tienen otra posibilidad de acercamiento. Para la violencia sexual con niños, niñas y adolescentes los ofensores en general son de su entorno inmediato, tienen un acercamiento a través de la confianza. No es un acercamiento violento desde el inicio y con la virtualidad eso les facilita. Y las víctimas están los siete días de la semana, las 24 horas pendientes o expuestas a que les llegue un mensaje, una foto. La parte, no sé si llamarle positiva, es que queda la huella digital de todo esto. Se han logrado condenas a partir de la evidencia digital. También es difícil porque queda registro y exige una contención para las familias y para los niños, niñas y adolescentes, porque está el miedo de que va a seguir circulando ese material. Pasa con las mujeres adultas, pero con los niños requiere otro tipo de cuidados. Hace varios años, no sucedía con esta frecuencia. Esta modalidad está instalada y lo que tenemos que hacer los adultos es tener más herramientas para entender la virtualidad también.
—¿Cree que las víctimas reciben la importancia que deberían tener? Desde la sociedad y el sistema político…
—No hay una jerarquización a nivel institucional que se refleje en las decisiones que se tienen que tomar políticamente, como el presupuesto. Creo que muchas veces cuando se habla de las políticas de seguridad no se incluye el tema de la victimología ni de la asistencia y protección a las víctimas y testigos. Queda como centrado en la persecución y lo punitivo, y está bien, porque es la parte más relevante, pero no aparece la parte del trabajo con las víctimas y con los testigos, que es una parte muy importante. Si vos no trabajás con el daño que genera el delito en las personas, por el miedo y la inseguridad que genera, ese daño se va incrementando en una forma de querer resolverlo que no es saludable para la convivencia. Por otro lado, la Justicia tiene un rol muy importante, pero cuando llegó la Justicia penal, ya llegó tarde, porque ya hay una lesión. Entonces es importante que esto se visualice como política de Estado.
—En los últimos meses, a partir sobre todo del caso de Milagros Chamorro, se habló de la demora de las víctimas en denunciar delitos sexuales. Es algo que quienes se especializan en la temática lo señalan como normal.
—Sí, porque implica volver a atravesar el dolor, el sufrimiento, la impotencia, la violencia cometida contra su cuerpo, en su intimidad. No es lo mismo que hablar de cómo entraron a tu casa a robarte, que también te genera miedo, estrés. Hay chiquilinas que han sido muy valientes, porque a pesar de que hay un entorno que no les cree, logran decirlo.
—Esa dilación para denunciar, que muchas veces es de años, choca con la prescriptibilidad de ese tipo de delitos. ¿Cree que debería cambiarse la normativa?
—Sí, es probable. Sé que tiene otras implicancias también legales porque, por ejemplo, si denunciás hoy un delito que pasó hace 25 años atrás, también la carga probatoria va a exigir tener investigaciones mucho más rigurosas. Vas a tener que dotar al sistema de justicia de elementos para que pueda armar un caso con una investigación que le va a llevar mucho más tiempo. Si con delitos que pasaron hace poco tiempo a veces lleva mucho trabajo lograr tener evidencia… Hay que pensarlo muy bien y ver cómo se instrumenta, porque lo que no nos debería de pasar es hacer una ley que deje a las personas atrapadas en algo imposible.
