En el último mes, la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 3er turno y la Policía avanzaron en la investigación de la denuncia sobre las irregularidades económicas detectadas en el Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc). Las mismas autoridades de Fosvoc fueron las que presentaron la denuncia por los posibles delitos de “apropiación indebida”, “asociación para delinquir” y “estafa”, luego de que una auditoría detectara un desvío de al menos unos US$ 840.000 entre febrero y diciembre de 2024 a cuentas de 14 personas por fuera de los mecanismos previstos para otorgar beneficios.
Tanto la Policía como la Fiscalía tomaron declaraciones en las últimas semanas a varios de los implicados en las maniobras, muchos de ellos vinculados al Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca). También se empezó a hacer el seguimiento del dinero que salió del fondo de manera irregular, en algunos casos con levantamiento del secreto bancario para identificar los destinos.
Fuentes al tanto de las investigaciones dijeron a Búsqueda que, lejos de encaminarse hacia el archivo, cada avance en el caso “confirma más” la posible existencia de delitos e irregularidades. Según dijeron, empiezan a tomar forma varias “maniobras” de distinto tipo y parte de los esfuerzos están puestos ahora en su “clasificación” para ir desatando un “nudo” complejo. El caso tiene dificultades asociadas, como el hecho de que personas con perfil para ser imputadas en algunas maniobras son testigos de otras conductas que se investigan.
Siete expulsiones en el Sunca
El Fosvoc es el más antiguo de los cuatro fondos sociales que tiene el sector de la construcción y su cometido es brindar ayuda económica a los trabajadores de la industria para la adquisición de una vivienda nueva o usada, o para la construcción o reforma de su vivienda ya existente. La comisión administradora del fondo la conforman dos delegados empresariales (uno por la Cámara de la Construcción y otro por la Liga de la Construcción) y dos por el Sunca. Los dineros que administra con esa finalidad provienen de un aporte del 0,025% del salario nominal de los trabajadores y otro idéntico del empleador.
Entre quienes recibieron dinero irregular del Fosvoc hay al menos siete personas vinculadas al Sunca. Ya en diciembre fueron expulsados del sindicato los dirigentes Víctor Rivero y Santiago Bernaola, ambos integrantes de la lista 658 de la corriente sindical Agustín Pedroza, cercana al Partido Comunista. Días antes, el 15 de diciembre, el Comité Central del Partido Comunista había decidido “separarlos” y derivar el caso a la Comisión de Control.
Los dos habían recibido transferencias irregulares del fondo. Según documentos a los que accedió Búsqueda, solo Rivero llegó a recibir unos US$ 67.000 entre febrero y diciembre de 2024.
El 13 de febrero, el Sunca informó a través de un comunicado que había decidido expulsar a otros cuatro integrantes del sindicato: John Fernández, Bruno Bertolio, Robert Marcelo Martínez y Carlos Larrosa. El comunicado informaba también de la desvinculación de Rivero, aunque la decisión se había tomado en la directiva en diciembre.
Bertolio, incluido en esa lista de expulsiones, ocupaba un rol destacado en el Fosvoc: se desempeñaba como el principal delegado del Sunca en el fondo e integraba el Consejo Directivo Nacional del sindicato.
El nombre de Bernaola no se incluyó en el comunicado de febrero. Su expulsión fue informada en un comunicado este martes 18 de marzo, junto con la de Juan Ortiz, otro militante del Sunca que desempeñó distintas tareas en el sindicato.
Declaraciones en Fiscalía y Policía
En la denuncia presentada en Fiscalía, el Fosvoc —representado por el abogado Óscar López Goldaracena— señaló como responsable de hacer las transferencias no autorizadas a una funcionaria del fondo desde 2005, Stella Rey, que tenía un cargo de jefa de departamento y estaba autorizada al manejo de la cuenta bancaria para el pago de remuneraciones.
Rey fue despedida del Fosvoc en enero, y en febrero debió declarar en Fiscalía. Según fuentes al tanto de la investigación, en las explicaciones que dio sobre las transferencias cuestionadas apuntó a Bertolio y dijo que actuaba por orden o pedido de él.
En el caso de Bertolio, según fuentes del caso, se investiga, por ejemplo, la compra de inmuebles y un vehículo para provecho personal con dinero proveniente del Fosvoc.
Varios de los expulsados por el Sunca declararon en una oficina de la Policía especializada en delitos económicos, que asiste a la Fiscalía en esta investigación. Distintos informantes detallaron que en algunas declaraciones surgen menciones a la participación en el esquema de la dirigente Laura Alberti, secretaria de Finanzas del Sunca y también del Partido Comunista.
Testimonios señalan que estaba al tanto de algunas de las maniobras irregulares. También algunos de los indagados argumentaron ante la Policía que el dinero que recibieron no era para provecho personal, sino que iba después a otros fines institucionales. Hay menciones a “posibles derivaciones de dinero para apoyar en campañas del Partido Comunista”, relató una persona que conoce de cerca la investigación.
En las declaraciones tomadas por la Policía también surgieron datos de presuntas irregularidades asociadas a Alberti, quien también integra el Comité Central del PCU, y a la gestión de otro fondo social de la construcción.
“La foto” de las mochilas
Entre trabajadores de la construcción y militantes del Sunca, circula desde hace semanas una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp en la que se ve una mano sosteniendo un fajo de billetes en dólares. Son US$ 10.000, según especifica el mensaje de texto que acompaña la foto, que dice lo siguiente: “Guachi salió la foto de las mochilas como todos los años pero este año salieron 10.000 q hago podés pasar por acá así no ando con esto arriba” (sic).
Quien escribió el mensaje, según distintas fuentes del Sunca consultadas por Búsqueda, es Leonardo Molina y la destinataria era Laura Alberti. Molina es uno de los representantes del Sunca en el Fondo Social de la Construcción —otro de los cuatro fondos sociales del sector—, mientras que Alberti es secretaria de Finanzas del sindicato y también del Partido Comunista.
Según refleja la captura de pantalla, Alberti le propone a Molina pasarle un número de cuenta para que deposite el dinero a través de un local de Abitab. El número de cuenta que le pasa es del Banco República y la tiene como titular a ella y a otra dirigente del sindicato, a cargo de la Comisión de Género y Equidad y también con responsabilidades de finanzas en Montevideo.
La frase “salió la foto de las mochilas” alude a un beneficio que da todos los años el Fondo Social de la Construcción (FSC) para los hijos de los trabajadores del sector. No solo se reparten mochilas, sino un kit de útiles escolares. Este año, por ejemplo, los kits se entregaron durante el mes de febrero, según informó la página web del fondo.
El proveedor de las mochilas es el mismo desde hace al menos una década, según coincidieron distintas fuentes consultadas.
La conversación en WhatsApp entre Molina y Alberti abrió una serie de interrogantes y discusiones en la interna del sindicato, que llegaron a abordarse en el Comité Ejecutivo Nacional del Sunca en los últimos días. Allí el tema fue planteado por algunos dirigentes, sobre todo de la corriente Manuel Barrios, opositora a la mayoritaria lista 658 de línea comunista, que plantearon dudas sobre a qué correspondía ese dinero. Según coincidieron distintas fuentes del sindicato, las respuestas de Alberti aludieron a que el dinero era un aporte del proveedor de las mochilas a la lista 658.
Esta captura de pantalla fue aportada a quienes llevan adelante la investigación del Fosvoc por parte de algunos de los que declararon en la causa, confirmó Búsqueda.
Búsqueda intentó comunicarse con Alberti para esta nota, pero no obtuvo respuesta.
