El Estado venezolano generó, después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, “una paradoja institucional trágica” que ha quedado desnudada en las fallas a la atención de la emergencia generada tras el doblete sísmico del 24 de junio: “la coexistencia de un aparato estatal hipertrofiado para el control político y la coacción, pero absolutamente atrofiado para la gestión de riesgos y la asistencia civil”.
De esta forma se describen las razones del descalabro de la Administración de Delcy Rodríguez en la respuesta a la catástrofe en un informe de la organización no gubernamental de defensa de los derechos humanos Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), publicado una semana después de los terremotos.
El reporte, titulado ‘El Estado abdicó su deber de proteger’, revisa la reacción oficial a partir de cuatro ejes: la actuación de las instituciones, los señalamientos de corrupción, el manejo de la información y el marco jurídico al que el Gobierno está obligado a sujetarse.
JEP señala que, después del proceso en el que el Consejo Nacional Electoral declaró ganador a Nicolás Maduro (mientras la oposición reclamaba con actas en mano la victoria de Edmundo González Urrutia), se acentuó una desinstitucionalización que ha incidido directamente en la dificultad de la respuesta estatal ante la tragedia.
Al asegurar que se construyó un Estado “fuerte para coaccionar” e “inoperante para salvar”, el documento de 18 páginas agrega que “se desmanteló la meritocracia en la administración pública, se desfinanció la investigación científica y se politizaron los cuerpos técnicos de rescate”.
Ello derivó en “un Estado que posee la capacidad táctica para disolver una manifestación en minutos, pero carece de la articulación logística para instalar refugios dignos”.
Según JEP, se ha producido una “mutación del aparato burocrático”: “En lugar de actuar como un facilitador de la crisis, las instituciones se han erigido como obstáculos crueles para una población ya vulnerada”.
La ONG apunta que, además de las fallas en la atención de la emergencia en el terreno, ha habido incapacidad para garantizar un entorno digno para los damnificados y cita declaraciones de la portavoz en Ginebra de ACNUR Carlotta Wolf, quien señala que 40% de los que han perdido sus hogares permanecen a la intemperie en parques e incluso en un campo de golf.
Delcy Rodríguez defiende su gestión y rechaza las críticas de respuesta tardía
Pese a los señalamientos a los que se han sumado diversos afectados por la tragedia, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, defendió la actuación de su gobierno frente a la emergencia y aseguró que las autoridades activaron de inmediato los protocolos de atención. En su primera conferencia de prensa desde que asumió el poder en enero, rechazó las acusaciones de una reacción lenta, negó que el Estado haya escatimado recursos y atribuyó las críticas a una campaña de desinformación, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate en las zonas devastadas.
La mandataria sostuvo que el Ejecutivo respondió desde las primeras horas posteriores a los sismos de magnitud 7,2 y 7,5, que golpearon especialmente al estado La Guaira. Según explicó, inicialmente fueron desplegados 4.000 funcionarios, cifra que aumentó a 14.000 al día siguiente y que actualmente asciende a 19.000 efectivos. "No esperamos uno, dos o tres días. Actuamos de inmediato", afirmó Rodríguez, quien aseguró que el gobierno "ha hecho todo lo que estaba a su alcance" para atender la emergencia y confirmó que las operaciones de búsqueda continúan, por lo que el balance oficial de víctimas aún podría aumentar.
Rodríguez remarcó lo que llamó una campaña de "desinformación", al responder sobre las denuncias de sobrevivientes, rescatistas y organizaciones humanitarias que han cuestionado la lentitud en la llegada de ayuda, la escasez de maquinaria pesada y las dificultades para coordinar las labores de rescate durante los primeros días de la tragedia.
La presidenta interina calificó esas versiones como parte de una estrategia de "laboratorios mediáticos" destinada a generar caos y obstaculizar las operaciones de emergencia. También defendió las cifras oficiales de fallecidos y rechazó las versiones que apuntan a un número mucho mayor de víctimas o atribuyen el elevado nivel de destrucción a fallas estructurales en proyectos de vivienda social.
Mientras el Gobierno reivindica su actuación, en las zonas más afectadas continúa siendo visible la participación de miles de voluntarios, familiares de las víctimas, bomberos, estudiantes de medicina y equipos internacionales de rescate que trabajan junto a organismos oficiales.
En La Guaira permanecen operativos hospitales de campaña instalados por países como Brasil y centros médicos improvisados para atender a los damnificados. Rodríguez informó además que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial ofrecieron apoyo financiero para la reconstrucción y anunció la creación de un fondo de 200 millones de dólares destinado a la rehabilitación de viviendas e infraestructura bajo mecanismos de auditoría.
Denuncias sobre bloqueos a la ayuda y vulneración de derechos
Contrario a las declaraciones de la mandataria, el informe también señaló las denuncias de impedimentos para el ingreso de los contingentes de rescatistas internacionales, las trabas burocráticas para el registro de voluntarios y la lentitud para emitir actas de defunción y permitir la disposición de los restos por los familiares.
Se refiere además a “las denuncias de la escandalosa exigencia de pagos ilícitos de hasta 1.000 dólares para la entrega de cadáveres identificados”.
JEP marca un contraste entre la inacción oficial y la organización de “sociedad civil, vecinos, voluntarios y ONGs locales, sosteniendo con sus propias manos el peso primario de la emergencia”.
El texto del informe alude también a la inconsistencia en la información proporcionada por el Estado y los intentos oficiales por obstaculizar la labor periodística, denuncias que han sido compartidas por medios nacionales independientes, corresponsales internacionales y enviados especiales.
Para la institución, estas tendencias constituyen “una negligencia en la gestión de la crisis”, que provoca que “las agencias humanitarias y la sociedad civil actúen a ciegas”, aislando a las víctimas al marginar “zonas enteras de los mapas de rescate oficial” y minando la confianza pública en la distribución de las donaciones.
El informe agrega que el Derecho Internacional de Naciones Unidas, según el proyecto de Artículos sobre la Protección de Personas en caso de Desastre, impone la “responsabilidad primordial” del Estado de proteger, la obligatoriedad de “procurar la asistencia internacional” y la condición expresa de que no podrá denegar “de manera arbitraria” el consentimiento para esa ayuda.
Rescatistas de varios países han debido cancelar planes para desplegarse en Venezuela o los han visto demorados por la negativa o la lentitud en la emisión de los permisos correspondientes por parte del gobierno de Rodríguez.
En su escrito, JEP recuerda que las víctimas tienen “derecho a recibir asistencia vital, protección, información veraz y restitución de las necesidades biológicas y jurídicas básicas sin discriminación”, y que el Estado, por su parte, tiene el deber de “abstenerse de obstaculizar el flujo informativo y de socorro”, además de “castigar los delitos de extorsión o desvío de insumos”, dos prácticas denunciadas en el manejo de la crisis generada por los terremotos.
Con Reuters y AP
FUENTE:FRANCE24
