A dos semanas del doblete sísmico que impactó el país sudamericano y con las labores de búsqueda muy cerca de darse por culminadas, los focos están puestos en cómo será la reconstrucción de las zonas devastadas.
Una de las posibilidades es incorporar viviendas prefabricadas para solucionar la crisis habitacional que surgió a raíz del doble terremoto, el cual dejó sin hogar a alrededor de 18.000 personas, según registros oficiales.
“El gobierno venezolano tiene planes para proveer viviendas más permanentes, pero también para traer más edificios prefabricados”, comentó Tom Fletcher, subsecretario general de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), en una entrevista concedida a la agencia EFE.
En la conversación, Fletcher subraya que ahora mismo una de las principales preocupaciones es el alojamiento de los afectados, los cuales concurren en masa a los centros de emergencia del gobierno, que están realizando esfuerzos para “obtener la generosidad internacional” necesaria.
Al menos 16.686 personas están alojadas en los 87 campamentos transitorios que habilitó la Administración de Delcy Rodríguez, tal notificó Héctor Rodríguez, ministro de Educación venezolano. El funcionario también detalló que la capacidad instalada alcanza las 22.477 plazas.
“Hay que llevar a la gente a algún tipo de alojamiento de más largo plazo. No pueden simplemente quedarse en estas áreas, es peligroso estar aquí”, apuntó Fletcher.
De esos civiles, 10.469 están en 26 campamentos ubicados en La Guaira, la zona más afectada por el desastre natural. De esos, seis están en etapa de ampliación.
Otros 5.046 están en 39 campamentos aislados en Caracas; en tanto, en el estado Miranda, próximo a la capital venezolana, hay 22 sitios con 1.171 habitantes.
La OCHA prevé que se necesitarán 300 millones de dólares más para abastecer a 1,3 millones de personas que están afectadas de alguna manera, un estudio con el que coinciden ONG’s locales.
En ese sentido, Fletcher le agradeció a Estados Unidos por ser “el donante más generoso hasta ahora”. “No es momento para la política, es momento para salvar vidas”, agregó.
Por otro lado, subrayó el trabajo coordinado entre la OCHA y el gobierno de Venezuela en una crisis que “abrumaría a cualquier gobierno del mundo”, según sus términos. “Hemos estado trabajando en asociación desde el primer minuto con ellos, incluso en nuestras células de coordinación. Esa alineación es increíblemente importante”, destacó.
El último balance oficial publicado el 8 de julio, dio cuenta de 3.811 fallecidos, en tanto los heridos son 16.740. No hay detalles sobre la cantidad de civiles desaparecidos.
En el inicio de esta semana se retomaron las clases en 18 de los 24 estados de Venezuela que no se vieron afectados por los terremotos. La Guaira sigue paralizado, con las labores de remoción de escombros aún en curso.
Las opciones de Venezuela
Con el objetivo de encontrar recursos para haber viable la reconstrucción de las zonas dañadas, la presidenta encargada Delcy Rodríguez firmó el reglamento de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que fue reformada en enero pasado.
La intención es dinamizar la inversión petrolera y conseguir los recursos para reconstruir al país. Este miércoles, Rodríguez apuntó que 1.389 resoluciones “fueron estudiadas y analizadas” para ajustarlas a la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos.
En las declaraciones donde estuvo acompañada por la ministra para Hidrocarburos, Paula Henao, y el vicepresidente sectorial de Economía y Finanzas, Calixto Ortega, la presidenta recalcó que los beneficios se invertirán en la recuperación del país. “Habrá los recursos”, aseguró.
Además de los ingresos que pueda generar, también hay esfuerzos puestos en aliviar la tensión económica producida por las sanciones impuestas por Estados Unidos. En este sentido, un grupo más de 100 economistas y académicos le solicitó a la Casa Blanca levantar las restricciones contra Caracas y le reclamó al Fondo Monetario Internacional que facilite mecanismos financieros para hacer frente a la emergencia.
“En este momento de emergencia, las sanciones no solo son contraproducentes, sino que impiden que los recursos necesarios lleguen a quienes más lo necesitan”, suscribieron 113 académicos en una carta dirigida al gobierno de Donald Trump y al FMI.
Las medidas que piden son retirar las restricciones que recaen sobre el Banco Central de Venezuela, la petrolera estatal PDVSA y otras entidades.
Entre los firmantes están Jeffrey Sachs (profesor de la Universidad de Columbia), Isabella Weber (economista de la Universidad de Massachusetts Amherst) y Andrés Arauz (investigador del Centro de Investigación Económica y Política).
“El FMI debe garantizar que Venezuela tenga acceso a los recursos necesarios para la reconstrucción y la recuperación económica”, instaron en la misiva, donde también piden revisar las restricciones que no permiten a Venezuela participar de los mecanismos del organismo.
Los académicos apuntan que, dado el contexto que atraviesa el país por el doblete sísmico, las sanciones deben ser revisadas para dar margen a Venezuela de asistir a los damnificados de mejor forma.
Esta propuesta también fue respaldada por Tom Fletcher, quien insistió en que las sanciones deberían tener “excepciones humanitarias”. El funcionario de la OCHA afirmó que esta situación restará “varios puntos al PIB” y prometió que trabajarán para aliviar las restricciones sobre la nación sudamericana.
Buscando oxígeno económico, Venezuela intentará hacer una reestructuración de deuda de alta complejidad de aproximadamente 200.000 millones de dólares. El plazo para llegar a un acuerdo es hasta noviembre, con el objetivo de desbloquear miles de millones de dólares en inversiones muy necesarias en sectores que van desde el petróleo hasta la energía.
Sin embargo, los analistas afirman que el riesgo es dejar una deuda difícil de manejar durante décadas. “Será sin duda la reestructuración de deuda soberana más compleja de mi vida, nunca había visto nada igual”, dijo Mitu Gulati, experta en deuda soberana y profesora de la Universidad de Virginia.
Los esfuerzos por viabilizar las opciones financieras tropiezan, además, con los exiguos niveles de confianza en un país afectado por graves casos de corrupción, el estado calamitoso de los servicios públicos y la desprofesionalización de su administración pública.
Con EFE y Reuters
FUENTE:FRANCE24
