“Oportunidades de mejora” es lo que ven, mucho, los equipos de auditores de la AIN. Foto: Nicolás Der Agopián

Amplia mayoría de las auditorías detectaron problemas de gestión con gravedad “alta” o “extrema” en el Estado y entidades vinculadas

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Nº2020 - al de Mayo de 2019
escribe Ismael Grau

“El enfermo está mejor, pero sigue enfermo”. Así podría leerse el diagnóstico hecho por los auditores que durante el año pasado estuvieron en varios institutos gubernamentales, un centro hospitalario estatal y algunas direcciones ministeriales para inspeccionar sus procesos internos, analizar el uso “pertinente y eficiente” de los dineros públicos, y monitorear si implementaron o no mejoras que les habían sido recomendadas cuando hubo visitas previas. Y la gravedad de la enfermedad está resumida por primera vez en porcentajes que indican lo crítico de los hallazgos: “extremo” para el 19% de los casos, “alto” 50% y “medio” 31%. “Bajo” 0%; es decir, machacando con la metáfora médica, ninguna de las dependencias mostró tener anticuerpos frente a los riesgos y costos que derivan de las ineficiencias en la gestión.

Los problemas detectados por los equipos de la Auditoría Interna de la Nación (AIN) fueron variados, como la falta de “transparencia” en un programa de entrega de materiales para vivienda del personal del Ministerio de Defensa; ineficiencias en las compras de caravanas y vacunas para animales que realiza Ganadería; subvenciones de Turismo pendientes de rendición desde hace más de 10 años; recaudación en los peajes sin controles adecuados; “personas que no reúnen las condiciones para beneficiarse de la atención médica gratuita por haber sido víctimas del terrorismo de Estado; y atraso de hasta cuatro meses en el ingreso de datos al sistema informático del Hospital Maciel.

Sin sacarle el ojo a la administración central, este año la Auditoría está poniendo más atención en el control sobre la gestión de las personas públicas no estatales o jurídicas que administran bienes del Estado, para lo cual definió criterios con un “enfoque de riesgo”. Por lo pronto, solo una treintena –en un universo aún no del todo delimitado, pero seguro mucho más amplio— presentaron en 2018 sus estados financieros, como se les exige. Entre los cumplidores figuran varias comisiones de apoyo (del Hospital Piñeyro del Campo, Lucha contra el Cáncer, Salud Cardiovascular, etc.), el Fondo de Música, y algunos institutos o corporaciones en general más conocidos por su sigla que por su nombre (ANDE, ANII, Copab, Fundasol, Inac, Inacoop, Inavi, Uruguay XXI y el Latu, por ejemplo). Pero además de mirar sus números, la AIN se propone monitorear este tipo de instituciones a partir de otros datos referidos a la calidad de su gestión.

Auditorías

La AIN compendia y presenta de manera sintética en un Informe de Actuaciones las auditorías que hace anualmente, si bien estas pueden abarcar meses o varios años. Búsqueda accedió al correspondiente al 2018, que será publicado en estos días, y lo resume a continuación. Al amparo de la ley 18.381, el organismo de contralor decretó la reserva de tres auditorías –en la Dirección Nacional de Identificación Civil, el sistema de interceptaciones telefónicas El Guardián y sobre la recaudación del juego de Loterías— porque su divulgación podría suponer riesgos para el auditado, mientras adopta los correctivos requeridos.

El documento de la AIN no informa la “criticidad de los hallazgos” de cada dependencia auditada sino porcentajes generales. Es “extrema” cuando las debilidades detectadas son “muy significativas” y exigen actuar “a la mayor brevedad”; “alta” indica que se deben tomar medidas “pronto”, y “media” refiere a un riesgo que “no es significativo” pero igualmente requiere cambios. Acompañadas por colores, estas categorías se transforman en una suerte de “semáforo” donde el rojo, el anaranjado y el amarillo predominan; verde, nada.

Vivienda militar

En el Ministerio de Defensa evaluó la ejecución de un programa que entrega materiales de construcción para su personal en actividad. En 2016 se ejecutaron $ 40.935.422, pero los controles implementados “no permiten asegurar que los recursos asignados hayan sido destinados al mejoramiento de las condiciones edilicias de la vivienda (…) en condiciones de mayor vulnerabilidad”. Además, según la AIN, hay “debilidades” que no garantizan la “transparencia en la gestión de los fondos”: no había información “confiable y actualizada de la población objetivo” (el último dato era del 2009); más de la mitad del material comprado estaba pago y en custodia de los proveedores, sin beneficiarios aprobados; se asignaron implementos para las obras sin identificar a los responsables de las decisiones; solo se visitaron 43 de 260 construcciones apoyadas en 2015-2016, que además habían excedido el plazo para su ejecución.

La Dirección General de Secretaría del ministerio, responsable del programa, hizo alguna corrección en el transcurso de la auditoría y presentó un plan de acción en línea con las recomendaciones de los auditores.

Jardín y comedor del MEF

Unos 110 niños, hijos o menores de hasta cinco años a cargo de funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, asistían a su servicio de jardín maternal, que pasó a llamarse Fundación Promoción Social MEF.

Con la auditoría que abarcó el primer cuatrimestre del 2018 se detectaron “oportunidades de mejora en la estructura organizativa y en la gestión económico-financiera”. Se cuestionó, entre otras cosas, que una misma funcionaria hace el cobro, pago y registración, y que se efectúan gastos mensuales permanentes “sin realizar evaluaciones periódicas sobre la necesidad de su conveniencia”.

Otra auditoría recayó sobre el comedor-cafetería de esa secretaría de Estado, que también controló la gestión en enero-abril del 2018. Depende de la misma fundación que el jardín maternal.

Las conclusiones fueron similares, apuntando a las “oportunidades de mejora” en la gestión, por ejemplo en la planificación de compras. Y, curiosamente, en el comedor de los impulsores de la “inclusión financiera”, la recaudación y pagos a proveedores se hacen en efectivo dado que no operan con cuentas bancarias.

Comercio

Un equipo de auditores recaló en el Departamento Financiero Contable de la Dirección General de Comercio, también en el MEF, para monitorear sus actuaciones hasta mediados de noviembre del 2018. Ya habían estado antes y los problemas advertidos, en especial con el manejo del llamado “fondo rotatorio”, se subsanaron en parte.

Compras del MGAP

En el Ministerio de Ganadería, la AIN evaluó el proceso de compras por licitación —públicas y abreviadas— de 2016 y 2017 ejecutado por su Dirección General de Secretaría, así como la gestión de materiales bajo custodia de la Sección Proveeduría. Las adquisiciones más relevantes en el período fueron de vacunas (US$ 13,4 millones), caravanas para identificación animal (US$ 10,1 millones), renovación de flota vehicular (US$ 128.000), además de servicios de vigilancia y limpieza.

Se constataron “oportunidades de mejora”, ya que, por ejemplo, se carece de un relevamiento “formal e integral de las necesidades” de compra, a la vez que Proveeduría “no cumple eficazmente con el cometido de recepción, custodia y entrega de materiales debido a la ausencia de controles y a un inadecuado manejo de las existencias y registro”.

Con las caravanas el problema es que no estaba debidamente ajustado el tiempo que insume el proceso licitatorio, las cantidades demandadas y el stock mínimo a partir del cual se debe iniciar un nuevo llamado, por lo que hubo que recurrir a la compra directa por excepción.

Y en las últimas tres licitaciones de vacunas se repitieron como proveedores las mismas seis empresas. “No existe evidencia formal de la consulta de precios que asegure que no se estén abonando precios superiores a los de mercado, por acuerdos implícitos de oferentes”, consignó la AIN en el informe.

El organismo no presentó descargos ni un plan de acción para adoptar las recomendaciones recibidas.

Subvenciones de Turismo

Como encargado de diseñar y ejecutar políticas para el turismo, el ministerio del ramo realiza transferencias (subvenciones) a distintos organismos públicos y privados, ya sea como colaboración o para promocionar un evento y actividad. Los auditores seleccionaron 24 expedientes de 2017 por un monto de $ 17,9 millones —que representaron casi la mitad del crédito total asignado para ese año— para verificar si se cumplió con los objetivos para los cuales fueron transferidos.

Si bien el proceso de transferencias se encuentra sistematizado y cuenta con actividades de control, “se detectaron vulnerabilidades y oportunidades de mejora”. Por ejemplo, había 78 rendiciones por subvenciones pendientes por $ 26.618.482 que promediaban un tiempo de demora de 812 días, aunque la antigüedad en algunos casos superaba los 10 años.

Además, faltaban “controles a las rendiciones de cuentas que permitan tener una seguridad razonable que los fondos transferidos fueron utilizados para el fin otorgado”, ni “se tuvo evidencia de que se realicen estudios para determinar el monto del beneficio a asignar a los proyectos, ni un criterio que fije la prioridad de las actividades a financiar. El monto es fijado teniendo en cuenta la solicitud, el criterio del ordenador y la disponibilidad de crédito”.

Y si bien el ministerio “dispone de información sobre los resultados de las actividades turísticas del país, respecto a las transferencias no se han implementado indicadores que permitan medir su incidencia en el logro del objetivo del inciso”.

La secretaría de Estado aseguró que tomará las recomendaciones de la AIN como insumo para establecer correctivos en los procedimientos en este primer semestre de 2019.

Peajes

Los controles llevados a cabo por el Ministerio de Transporte (MTOP) “no son suficientes para garantizar que la recaudación declarada sea íntegra, exacta y confiable, y que la misma se corresponda con la percibida y con el tránsito real en cada puesto de peaje con relación a cantidad, categoría, exonerados y bonificados”, concluyó una auditoría sobre la actividad de las tres empresas concesionarias que abarcó el período enero-junio de 2017.

El problema está, por ejemplo, en que la Dirección Nacional de Vialidad no realizaba un seguimiento de los aspectos “clave” de los sistemas informáticos empleados para el cobro y control de peaje, principalmente en lo relacionado con la seguridad, funcionamiento de las aplicaciones, tráfico de datos y de control interno. Tampoco verificaba la documentación de los concesionarios (estados de cuenta bancarios y estados contables). Además, se detectaron debilidades de control sobre los vehículos bonificados y exonerados; solo para una de las concesiones se hacían muestras aleatorias, es decir una selección sobre la cual el MTOP no tiene incidencia.

Las aclaraciones que hizo el organismo no modificaron las conclusiones del informe; se presentó un plan de acción parcial para implementar las recomendaciones hechas por la AIN.

Sobrecuota mutual

Otra auditoría constató “debilidades” en la gestión de los proyectos financiados mediante una sobrecuota de inversión —en infraestructura edilicia, adquisición de equipamiento y desarrollos informáticos— a favor de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, como parte del cambio del modelo asistencial.

Las fallas eran múltiples. Por ejemplo, no se realizaba un “análisis de la razonabilidad de los costos de las obras proyectadas”, e incluso algunas no incluían rubros importantes que se debieron presupuestar; hubo “ausencia de monitoreo” en la ejecución con relación a las partidas otorgadas; y se aprobaron inversiones sin contar con el informe técnico del Departamento de Tecnología Médica o con informe desfavorable del mismo. También se constataron obras “sin culminar, planos que no coincidían con los aprobados” y otras con demoras respecto del cronograma aprobado.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) “no compartió las conclusiones del informe, no obstante, no proporcionó ninguna evidencia que justifique la modificación” de lo señalado.

Víctimas de la dictadura

Una ley del 2009 les da derecho a prestaciones de salud en forma gratuita y vitalicia a las víctimas del terrorismo de Estado. El registro de beneficiarios que las piden y el control de este apoyo es competencia de una oficina que actúa en la órbita de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE). Con un presupuesto asignado de $ 10 millones, en 2017 fueron 1.236 las solicitudes, aunque según la AIN las recibían “personas que no reúnen las condiciones previstas por la normativa para constituirse en beneficiarios” en parte debido a la falta de reglamentación. Y, además, “no se puede asegurar que las prestaciones pagadas hayan sido efectivamente brindadas y cumplan con la calidad correspondiente”.

Desde un punto de vista financiero, se detectaron como problemas “la falta y/o ineficiencia de los controles”, la “concentración de tareas que debieran estar segregadas”, así como la ausencia de procedimientos competitivos en la adjudicación a proveedores de los servicios.

Mientras que el MSP presentó propuestas de mejora en los aspectos de su competencia, ASSE hizo descargos frente a las observaciones de los auditores que, sin embargo, las ratificaron.

Maciel

En 2017, el Hospital Maciel contrató 2.332 estudios médicos externos por un monto de $ 34.407.326. Los controles a dicho proceso de contratación ofrecían, en general, “garantías razonables”, aunque puede ser mejorado, principalmente en la integración de la información que estaba en soportes manuales e informáticos.

Es que, por ejemplo, se recibieron solicitudes de estudios sin controlar que el paciente perteneciera al padrón de ASSE, el cual no era actualizada en tiempo real. Además, no queda evidencia del control realizado a efectos de garantizar la coincidencia entre el estudio solicitado, facturado y prestado para el usuario correspondiente. Y el software diseñado para obtener reportes y estadísticas no proporciona información íntegra y actualizada, presenta inconsistencias y errores, además de un atraso de cuatro meses en el ingreso de datos.

El organismo auditado entregó un plan de acción e identificó a quienes se responsabilizarán de ejecutarlo.

Inefop

La AIN constató que el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) —una persona de Derecho Público no Estatal— cumplió de forma razonable con 11 de las 12 metas incluidas en su compromiso de gestión para el 2017.

Cannabis

La AIN evaluó la gestión financiera a fines del 2017 del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca), otra persona de Derecho Público no Estatal.

“Debido a su reciente creación y por llevar adelante una política pública sin antecedentes, tanto en el ámbito local como internacional, el instituto se encuentra en un proceso de consolidación institucional y aprendizaje permanente. Esto ha llevado a que el diseño y la aplicación de controles para la fiscalización de las tres modalidades de producción contempladas por la normativa se venga realizando sin disponer de marcos de buenas prácticas en los que basarse, encontrándose en constante evaluación y mejora”, señala el informe de los auditores. Y si bien entienden que el “sistema de control interno en construcción es adecuado”, formularon algunas recomendaciones, como mejorar los controles sobre el registro de autocultivadores; definir el destino final y los procedimientos de registro de los desechos psicoactivos de producción no conformes, y suscribir el Código de Ética y Compromiso de confidencialidad por todos los funcionarios. El Ircca presentó un plan de acción para incorporarlas.

Todas estas auditorías muestran a un “enfermo” que no termina de sanar. Mientras, el debate a fondo sobre la eficiencia en los procesos y el gasto del sector público todavía busca espacio entre el ruido de la campaña electoral.

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