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Del respaldo casi unánime a la intención de corregir el desequilibrio fiscal, así como del apoyo más o menos generalizado a la propuesta de establecer una regla para evitar derroches con el gasto y a las medidas para atenuar el impacto del Covid-19, los analistas independientes pasaron en coro a reprobar al equipo económico por haber promovido un congelamiento de precios de algunos productos de la canasta familiar.
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La decisión de pedir a los empresarios que se inhibieran de remarcar los precios de un conjunto de productos por tres meses rechinó incluso entre algunos economistas afines al gobierno de Luis Lacalle Pou.
Con la inflación en casi 11% en los 12 meses cerrados a abril y la amenaza de que se gatillen cláusulas automáticas de ajustes salariales —si llega a 12%—, las autoridades del Ministerio de Economía (MEF) transmitieron su preocupación por lo que consideran son algunos casos de precios “abusivos” en un diálogo remoto mantenido el miércoles 6 con representantes empresariales. Las conversaciones avanzaron rápidamente y el viernes 8 el Poder Ejecutivo anunció un “acuerdo”, con vigencia desde el día siguiente, para que se congelen los precios de unos 4.000 artículos de la canasta familiar, entre alimentos y productos de limpieza e higiene personal. El gobierno espera que el remarque para estos bienes sea “cero” en los siguientes tres meses, indicó la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, en esa conferencia de prensa. Sin embargo, los empresarios señalan que deberán remarcar si, por ejemplo, el valor del dólar registra un repunte.
“Es una medida transitoria y claramente no ataca a las causas inflacionarias. Claramente la inflación se controla con herramientas de coordinación en lo que tiene que ver con la política monetaria, cambiaria, fiscal y políticas de ingresos, y es en esas líneas macroeconómicas en lo que se continúa trabajando”, reconoció.
Arbeleche remarcó que este acuerdo fue una “decisión que ha sido tomada y coordinada por todo el equipo económico”.
“Tenemos que ser muy responsables de que algunas subas puntuales del dólar no se trasladen a precios y eso genere una cadena interminable” que presiona sobre la inflación, dijo en El Observador del sábado 9 la responsable de la nueva Dirección de Política Económica del MEF, Marcela Bensión. “A priori, así como vimos que el (valor del) dólar subió y bajó, creemos que la inflación de dos dígitos perfectamente puede volver a uno en los próximos meses. Estamos en un pico de precios motivado por el dólar y el Covid-19, que causó estas volatilidades tan fuertes en algunos productos, como en el caso de los precios de los tapabocas. Nuestra expectativa es que la tendencia se suavice y volvamos a nivel de un dígito”, añadió la jerarca.
También defendió la medida el director de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, quien había mantenido bajo perfil hasta esta semana. “Dijimos: muchachos, sabemos que remarcaron pensando en un dólar más alto, pero se estabilizó. Vamos a no tirar por la borda los esfuerzos”, señaló el martes 12, en Radio Carve.
Los “coautores”
Pero el congelamiento de precios promovido por el Ejecutivo recibió diversos cuestionamientos desde ámbitos técnicos.
El intendente de Regulación Financiera del Banco Central, José Antonio Licandro, tuiteó temprano el viernes: “Así no se combate la inflación”, remitiendo a un titular de El País que informaba sobre las negociaciones que mantiene la ministra de Economía en torno a un “acuerdo de precios para 84 productos de la canasta básica” (aunque, en realidad, esa cifra refiere a “familias” o grandes categorías de artículos comprendidos en el compromiso).
El consultor Javier de Haedo preguntó, a propósito de la medida que impulsan las autoridades económicas: “¿Qué tiene que ver esto con la inflación? ¿Será para la tribuna? ¿Qué tribuna? ¿Nuevo gobierno y viejos errores?”.
En otros tuits posteriores ese economista, excandidato a la Intendencia de Montevideo por el sector blanco Alianza Nacional en las elecciones de 2010, interrogó “quién fue el de la idea, el del pecado original. Es obvio que hay varios coautores”. Y se molestó con aquellos que expresan apoyo a la medida: “¿Es posible que la abrumadora ignorancia sobre principios básicos de economía haga que una mala medida como la de congelar precios pueda ser bien vista por muchos? No es una pregunta retórica”.
Marcos Soto, consultor y director de la escuela de negocios de la Universidad Católica, acotó “varios puntos” al tuit de De Haedo, como el hecho de que se trata de un acuerdo que siempre es “voluntario” y que si hay “voluntad” de abatir precios no se precisa al Ministerio de Economía promoviendo la medida. Y preguntó: “¿Si hay espacios para rebaja fue porque hubo ‘remarque’ durante crisis por pandemia? Nefasto”. En otro tuit agregó que si hay “abuso de precios deberían ser informados, y en tal caso no convalidarlos por tres meses”.
El economista Marcel Vaillant, coordinador del programa del Partido Independiente en la última campaña electoral, escribió en Twitter: “Medida equivocada, favorece la colusión. Confirma el incremento de precios. Se busca disciplinar hacia abajo y se va a conseguir lo contrario”.
Aldo Lema, de la consultora Vixion, se refirió el jueves 7 a la ineficacia de este tipo de medidas porque “no afectan causas inflacionarias subyacentes, ni las expectativas. Ni siquiera tienen efectos perdurables sobre los síntomas. Y son una muy mala señal sobre la pretendida mejor calidad de las políticas macro”.
Pablo Rosselli, socio de la consultora Exante, cuestionó el lunes 11 en El Espectador que se reaccione apelando a “medidas de emergencia” que no tienen “ninguna eficacia” sobre la inflación. Además, los acuerdos para no hacer remarques por unos meses “distorsionan la competencia” y la “percepción pública” sobre los orígenes del problema, que según él son fiscales y monetarios. “Asumiendo que puede haber casos de precios abusivos, eso no tiene nada que ver con la inflación que estamos viendo en Uruguay”, recalcó.
Para Gabriel Oddone, socio de la consultora CPA/Ferrere, lo que las autoridades económicas “están haciendo es intervenir el índice de precios al consumo de modo de que su variación interanual en un momento concreto (mayo y junio de 2020) no alcance 12%”. Eso porque en tal caso se activarán cláusulas “gatillo” estipulando un ajuste adicional —por la diferencia acumulada en el año móvil y los incrementos otorgados en dicho período, para asegurar que no haya pérdida de poder adquisitivo— previstas en diversos convenios colectivos, publicó el martes en su blog.
El economista adhirió a la idea de que los acuerdos para congelar precios “son inefectivos para combatir la inflación”.
