La generación de empleos y el ahorro del gasto estatal comienzan a ganar terreno en la conversación electoral. Y en filas del Partido de la Gente hay una propuesta que busca juntar ambos caminos. El diputado Daniel Peña había presentado hace unas semanas la idea de financiar la creación y defensa del empleo con recursos genuinos obtenidos de la venta de inmuebles y terrenos que el Estado tiene y no usa. Propuso sustituir la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) por la Agencia Nacional de Desarrollo y Empleo (Andee) como parte de una “visión estratégica” respecto a la creación de puestos de trabajo. Esa agencia gestionaría con fondos transferidos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) a través de un fideicomiso que tendrá como garantía los bienes en desuso del Estado. “No se pueden hacer políticas de empleo agresivas si no se tienen recursos. Si no los encontramos, todo lo que se hable van a ser mentiras. Nosotros no decimos que vamos a generar 100.000 puestos ni a prometer más empleos públicos porque no hay chance para más Estado”, señaló Peña. “Lo que proponemos es obtener recursos genuinos e invertir todo lo que podamos para defender estratégicamente el empleo de la gente”, añadió. Pero en el tránsito para elaborar esta propuesta, que estima podría superar los US$ 2.000 millones en fondos, Peña se fue encontrando con algunas sorpresas. “Encontré agujeros negros y algo mucho peor, que es la falta de visión estratégica de los bienes del Estado. No se sabe dónde están los bienes del Estado”, dijo a Búsqueda, y explicó que una de las respuestas que obtuvo tras un pedido de informes por vía parlamentaria y de acceso a la información pública por vía legal, es que no podían precisar con certeza cuáles son los bienes en desuso. De acuerdo con su propia investigación, existen casi 100.000 hectáreas en la órbita del Ministerio de Defensa, “ubicadas en lugares donde el metro cuadrado es carísimo, como Carrasco y el cinturón Montevideo y Canelones, que no cumplen ninguna función en la defensa nacional, y que son un recurso inutilizado“. También dijo que hay “600.000 hectáreas del Instituto Nacional de Colonización, de las que se han otorgado 150.000, y de las cuales hay que ver qué grado de generación de riqueza están produciendo, además de ver cuán técnico fue su otorgamiento, y cuánto de amiguismo político existió en su reparto”.


