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El Poder Ejecutivo recibe por mes unos 4.000 expedientes para su análisis. El 14 de febrero de este año, uno de esos 4.000 expedientes, fue el del Tribunal de Honor que juzgó la conducta de oficiales de las Fuerzas Armadas.
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Ese expediente en particular fue analizado en “uno de los plazos más cortos en los que se ha procesado un expediente en la Administración pública”, dijo el ministro de Defensa, José Bayardi, al comparecer el martes 9 en la Comisión de Defensa del Senado.
El jerarca explicó que cuando se va a homologar un fallo de un Tribunal de Honor, lo que ve son las resoluciones no qué declaró cada una de las personas.
Las explicaciones de Bayardi no convencieron a los senadores blancos, Javier García y Luis Lacalle Pou. García dijo que “cuesta entender” cómo un expediente sobre un tema “sensible” estuvo 20 días en Presidencia sin ser enviado a la Justicia. “No es un tema menor”, agregó Lacalle.
Bayardi defendió la actuación del gobierno. El 14 de febrero, el entonces comandante Guido Manini Ríos entregó al ministro de Defensa el expediente del Tribunal. El 19 de ese mes, el ministro fue a Presidencia para informar sobre los fallos del Tribunal de Honor. Al día siguiente, el ministro Jorge Menéndez se reúne con el secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma. Toma planteó que el expediente quedara en Presidencia para “ser visto por las oficinas jurídicas del despacho”.
Entre el 13 y 26 de marzo, el Ministerio de Defensa trabaja con el expediente. El Ministerio resolvió enviar información a la fiscalía especializada en violaciones a los derechos humanos, indicó Bayardi.
En la Comisión, Bayardi aclaró que Manini Ríos no fue cesado por el fallo del tribunal sino por acompañar al expediente una carta en la que cuestionaba a la Justicia.
El ministro opinó que “el principal error que cometió el Poder Ejecutivo fue no haber sancionado al general Guido Manini Ríos con anterioridad, por el nivel de protagonismo político que había comenzado a tener. Probablemente aquellas aguas trajeron estos lodos”.
El objetivo de la reunión de la comisión era tener los antecedentes para considerar el pedido del Poder Ejecutivo para destituir a varios generales. El senador García explicó que no había antecedentes de que el Parlamento hiciera algo de esta naturaleza y recordó que la Constitución establece que esta es una facultad del presidente de la República.
Bayardi dijo que se basaban en el decreto ley 14.157 en la redacción dada por la Ley 19.189. La explicación no convenció a García, quien solicitará que expertos constitucionales vayan a comisión a dar su visión.
