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Los discursos de “mano dura” contra los delincuentes y, en especial, contra los adolescentes que infringen la ley, se están instalando en la campaña electoral que acaba de comenzar. Pero insistir con ese modelo en el que se privilegia el aumento de penas y el tiempo de reclusión, tendrá como resultado el “fracaso constante”, advirtió la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) en una evaluación que presentó el viernes 7 sobre la información recogida durante cuatro años de monitoreo a los centros de privación de libertad de adolescentes.
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Con base en ese análisis, la institución afirmó que en el período 2011-2017 ocurrió un proceso de “regresividad penal” con la aprobación de varias leyes que significaron un “recorte de derechos y garantías”.
Mencionó en ese sentido la Ley Nº 18.777, que incorporó la tentativa y la complicidad en el delito de hurto; la Ley Nº 18.778, que planteó la creación de un registro nacional de antecedentes penales de menores; la Ley Nº 19.055, que estableció la prisión preventiva preceptiva de al menos un año para los adolescentes que cometan delitos gravísimos; y la ley Nº 19.551 sobre la detención de adolescentes, lo cual, en opinión de la INDDHH, redujo las “garantías” al momento de ser apresados.
La institución señaló también como ejemplo de ese fenómeno que en 2014 la ciudadanía fue consultada para reformar la Constitución y aprobar, entre otras medidas, la baja de la edad de imputabilidad a los 16 años, lo que finalmente no fue aprobado. “Esto instaló en el debate público la idea” de que los adolescentes “son responsables del incremento del número de delitos y la inseguridad pública”, sostuvo la institución.
Sin embargo, según los datos del Ministerio del Interior, la participación de adolescentes en los homicidios es baja. En 2017, por ejemplo, de 267 homicidios, 16 (5,7%) fueron cometidos por menores de 18 años.
Las autoridades del organismo advierten un “desfase” entre el modelo que propone la Convención sobre los Derechos del Niño y el Código de la Niñez y Adolescencia y la “respuesta penal” hacia los jóvenes.
Al Poder Legislativo la INDDHH le recomendó “elaborar un proyecto de Código de Responsabilidad Penal Juvenil” que “respete” las garantías, los principios constitucionales y el derecho internacional, referidos a la infancia y la adolescencia.
“Se advierte la priorización de un modelo securitario y de encierro en muchos casos compulsivo, hasta por período de 22 horas diarias”, escribieron. Según la información que les proporcionó el Insituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), de los 1.456 jóvenes que atendió durante 2017, 878 cumplieron una medida privativa de libertad, mientras que 578 cumplieron medidas no privativas, dice en el informe.
En el documento se da cuenta de que poco más de la mitad (54%) de los jóvenes privados de libertad en 2017 asistieron a algún programa de educación formal, mientras que solo el 8% participó de propuestas laborales remuneradas.
La institución denunció que hay “ausencia” de una “política institucional integrada, coherente y acorde con el corpus iuris internacional para la protección de los derechos humanos” de los jóvenes.
El organismo expresó su “preocupación por el hecho de que, en la medida en que se continúe con ese discurso simplista de ver la solución al problema en el reforzamiento de una respuesta punitiva —que conlleva al aumento de las penas y en particular de la privación de libertad, en un circuito de repetición de prácticas institucionales que no dan cuenta de un avance progresivo en derechos—, el resultado no ha de ser otro que el fracaso constante, por cuanto se trata de un medio ineficaz para obtener el resultado seguridad, que solo aumenta la vulneración sistemática de los derechos” de los adolescentes que pasan por el sistema.
Medidas
El organismo presentó una serie de recomendaciones para las distintas instituciones involucradas en el trato con adolescentes.
Al Inisa le planteó que elabore un proyecto en el que establezca lineamientos que “reduzcan la discrecionalidad de los equipos de dirección, elimine el encierro compulsivo de más de 20 horas diarias y organice un régimen de convivencia” con actividades educativas, deportivas, culturales y laborales.
Recomendó además intentar que más adolescentes estudien y trabajen, y utilizar con más asiduidad las medidas no privativas de libertad.
Según los datos del Ministerio del Interior, la participación de adolescentes en los homicidios es baja. En 2017, por ejemplo, de 267 homicidios, 16 (5,7%) fueron cometidos por menores de 18 años.
También observó la necesidad de que existan “protocolos de detección temprana y atención en casos de intentos de autoeliminación y en casos de autoagresiones”.
Al Poder Judicial la institución le propuso que disponga de los recursos humanos y materiales suficientes para que los adolescentes puedan acceder a una “defensa digna” y a las “garantías del debido proceso en forma amplia”.
Asimismo, recomendó que se elaboren mecanismos que “permitan un control eficiente” sobre jueces y abogados “a fin de que se respete el derecho a una defensa adecuada y un proceso justo”.
El sistema educativo, por su parte, debería brindar presupuesto, recursos humanos, técnicos y materiales para que se construya una oferta para los jóvenes privados de libertad, que sea similar a la que reciben el resto de los adolescentes.
Al Poder Legislativo la INDDHH le recomendó “elaborar un proyecto de Código de Responsabilidad Penal Juvenil” que “respete” las garantías, los principios constitucionales y el derecho internacional, referidos a la infancia y la adolescencia, para “dejar sin efecto el actual y regresivo régimen” y en su lugar contemple las propuestas planteadas en el informe.
