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El pasado 18 de junio, la Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo pública su undécima Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11), después de un proceso de más de 10 años de elaboración. Esta nueva clasificación va a ser presentada en mayo de 2019 ante la Asamblea Mundial de la Salud, y entrará en vigor en 2022. Básicamente, la CIE sirve para proporcionar un lenguaje común a profesionales de la salud de todo el mundo, para poder compartir la información sanitaria. Entre otros muchos cambios, esta será la primera vez que la “transexualidad” o la “incongruencia de género” (entendida como una diferencia entre el sexo asignado al nacer y la identidad de género de una persona) va a dejar de ser clasificada como un “desorden mental” para pasar a ser incluida en un capítulo de “salud sexual”.
La OMS explicó que hoy en día la evidencia es clara de que la transexualidad no es un trastorno mental y que la clasificación estaba provocando un gran estigma sobre esta población; aclaró además que el motivo por el que todavía se mantiene dentro de la CIE es porque para las personas trans “sigue habiendo necesidades importantes de atención médica que pueden satisfacerse mejor si la condición está codificada”.
El cambio en la clasificación pone en evidencia lo arbitrario de muchas de estas categorías en las que se basa la medicina. Establecer la línea entre lo “normal” y lo “patológico” resulta siempre subjetivo, en primer lugar porque las “enfermedades mentales” no se detectan por signos objetivos. Quienes se encargan de establecer dicha línea son a su vez personas con sus propias subjetividades, que terminan por delimitar más o menos arbitrariamente los síntomas que hacen que una persona “caiga” de un lado o del otro de la línea. Como lo deja bien claro el cambio en la CIE-11 y lo expresado por la OMS, las clasificaciones dependen además del contexto socio-histórico, y, en muchos casos, de cuánto tarde la comunidad científica en abandonar las posturas conservadoras que son funcionales a los intereses de la clase dominante. Recordemos que la homosexualidad dejó de ser considerada un trastorno mental recién en la década de 1990.
En este momento existe en Uruguay un proyecto de Ley Integral para Personas Trans, que fue presentado al Parlamento en mayo de 2017 por el Poder Ejecutivo, como resultado del trabajo en conjunto de organismos estatales y de la sociedad civil. Un insumo fundamental para la elaboración del proyecto fue el Primer Censo Nacional de Personas Trans llevado adelante en 2016 por el Mides. Aproximadamente unas mil personas trans fueron censadas en el país (de las cuales 90% son mujeres y 10% hombres), aunque se estima un gran subregistro por la fuerte situación de exclusión social en la que viven estas personas. El proyecto de ley reconoce en el artículo primero que “la población trans que habita el territorio nacional ha sido históricamente víctima de discriminación y estigmatización, incluso llegando a ser perseguida y encarcelada en el régimen de facto”. Es así que lo que el proyecto se propone es una serie de políticas tendientes a mejorar la situación de estas personas en materia de educación, trabajo, salud, vivienda y cultura, así como modificar el trámite de adecuación registral de nombre y sexo para que deje de ser un procedimiento judicial y se convierta en procedimiento administrativo sencillo.
Siempre que estamos frente a leyes que implican un avance en términos de derechos humanos (en particular en materia de derechos sexuales y reproductivos como la despenalización del aborto, el matrimonio igualitario, entre otras), suele surgir una fuerte resistencia, encabezada por grupos religiosos conservadores, que insisten en atrasar. Ahora que no les queda para esgrimir ni siquiera el argumento del trastorno mental, me pregunto en función de qué justificarán su molestia, que suele presentarse disfrazada de verdad científica. Me pregunto con qué cara podrán decir que una población que es constantemente víctima de violencia, que es sistemáticamente expulsada del sistema educativo por la discriminación que sufre, y que tiene en su gran mayoría la prostitución como única opción de sobrevivencia, no merece una ley que contemple sus necesidades específicas e intente reparar los daños que como sociedad le seguimos causando.
