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Las políticas sociales han sido un “éxito” y por eso las atacan
La ministra Arismendi defiende su gestión tras el pedido opositor de instalar una comisión investigadora parlamentaria y dice que el “clientelismo” dejó de aplicarse desde el 2005
imagen de Las políticas sociales han sido un “éxito” y por eso las atacan
Desde fines de 2017 y hasta agosto de 2018, en la Cámara de Diputados funcionó una comisión investigadora sobre la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). Mientras trabajaba esa comisión la ministra de Desarrollo Social (Mides), Marina Arismendi, le decía a su entorno: “Cuando terminen con ASSE, vienen por el Mides”.
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El lunes 18, luego de varios meses en los que desde el Partido Nacional criticaron la gestión de Arismendi y reclamó auditorias, el diputado Martín Lema presentó un documento de 41 páginas en el que fundamentó el pedido para que se conforme una comisión investigadora parlamentaria sobre el funcionamiento del Mides. Lema había sido uno de los diputados que presentó el pedido para crear la comisión investigadora de ASSE.
“Esto es un ataque a las políticas sociales. Esto es pegarle al corazón del proyecto político que ha demostrado su éxito”, aseguró Arismendi a Búsqueda luego de leer la denuncia. La jerarca señaló que el éxito de las políticas quedó demostrado con el descenso de la pobreza a un dígito y la casi erradicación de la indigencia.
La ministra dijo que Lema presentó una serie de denuncias que le generan “dudas a la gente”. “Algo habrá, dice la gente, y aunque no se pueda demostrar lo que dice, el daño está hecho”, afirmó.
En su denuncia, Lema dijo que los uruguayos destinan más de US$ 200 millones al año a diferentes planes sociales y la “enorme mayoría de esos recursos no está llegando a quienes más lo necesitan”.
Lema, en tanto, sostuvo que el Mides es una “máquina burocrática ineficiente, plagada de irregularidades e ilegalidades, secretismo y contrataciones a dedo”. Las autoridades del ministerio “ocultan información y mienten”, afirmó.
La denuncia de Lema fue analizada por una comisión preinvestigadora compuesta por dos diputados oficialistas y uno del Partido Nacional. En esa comisión, los dos legisladores del Frente Amplio aprobaron una resolución en la que entienden que no hay méritos para crear una investigadora. En la primera sesión de abril, el tema deberá ser tratado por el plenario y ahí se resolverá si se crea o no la comisión. Para ello, la oposición necesita que un diputado oficialista los acompañe. Tienen las fichas puestas en Darío Pérez, de Maldonado. Los dirigentes del sector de Pérez recibieron toda la información elaborada por el Mides y en el oficialismo entienden que no darán sus votos para aprobar la investigadora.
En su denuncia, Lema dijo que los uruguayos destinan más de US$ 200 millones al año a diferentes planes sociales y la “enorme mayoría de esos recursos no está llegando a quienes más lo necesitan”.
A diferencia de la visión de Arismendi, sostuvo que las políticas sociales aplicadas por el Frente Amplio “fracasaron” y para ello se basó en declaraciones del expresidente José Mujica, la diputada oficialista Cristina Lustemberg y Mario Bergara, extitular del Banco Central y precandidato presidencial. Mujica dijo en Océano FM en agosto del 2018 que las políticas sociales “no han dado resultado”. Lustemberg dijo ese año al diario El País que Uruguay “tiene que rever todo su diseño de políticas sociales” y Bergara sostuvo en el semanario Crónicas que hay una “descoordinación” entre los distintos programas que aplica el Estado.
Al respecto, Arismendi dijo que coincide con los planteos de los tres dirigentes frenteamplistas. Por ejemplo, recordó que hay informes que tiene el Mides que señalan la falta de coordinación entre los programas. “A medida que uno transforma la sociedad, la sociedad genera nuevas demandas, reclama otras soluciones”, dijo.
Irregularidades
Con informes oficiales, Lema afirmó que “no existe supervisión, seguimiento y evaluación de los programas y planes sociales”, que la Auditoría Interna de la Nación detectó varias “irregularidades” en cuanto a si alcanza a toda la población que vive en situación vulnerable, en el control del programa de Cuidados y de personas en situación de calle.
Un capítulo importante de la denuncia está referida a una serie de observaciones del Tribunal de Cuentas respecto a la contratación de distintas cooperativas. También pidió investigar el pago de pasajes a personas dependientes de organizaciones sociales que contratan con el Mides y un convenio de la secretaría de Estado con el Ministerio de Salud Pública de Cuba.
Arismendi rechazó que la administración se maneje con “amiguismo” y contrate a correligionarios, mientras que defendió los procesos de contratación y de licitación que han implementado.
El informe elaborado por el Frente Amplio rechazó las acusaciones de Lema. El documento dice que el ministerio ha realizado en 13 años más de 80 informes de evaluación de gestión. Afirma que el Mides realizó, entre 2012 y 2018, 269.727 visitas que le permitieron ajustar qué personas debían recibir algún tipo de beneficio.
En cuanto a las observaciones del Tribunal de Cuentas, el informe indica que el Mides ha ido levantando paulatinamente los cuestionamientos.
Según el ministerio, en 2017, del total del gasto ejecutado, el 14% fue observado por el Tribunal de Cuentas, lo que implica 45% menos de observaciones que en 2016.
Arismendi dijo que se han atendido los planteos del Tribunal y que se pusieron de acuerdo con el organismo de contralor respecto a que “estaban mal observadas” algunas decisiones.
Autocrítica
La ministra dijo que hacía una “autocrítica” porque en este período de gobierno no tuvo una actitud “más proactiva” para generar modificaciones a la normativa, porque hay leyes y decretos que “no se ajustan para un trabajo de estas características”. “Hay muchas cosas que tenemos que cambiar y mejorar”, aseguró.
Arismendi rechazó que la administración se maneje con “amiguismo” y contrate a correligionarios, mientras que defendió los procesos de contratación y de licitación que han implementado. “Algunos compañeros diputados venían y nos decían que alguna organización era blanca o colorada; y nosotros les decíamos que esa organización había ganado la licitación, que era la mejor”, dijo. La ministra afirmó que “eso de andar repartiendo” entre personas de la misma filiación política “son cosas del pasado, viejas prácticas” que ya no se hacen “desde el 2005”.
