El expediente administrativo tiene 2.190 vicios de forma de la DGI que implicaban un casi seguro fallo adverso contra el Estado en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, evaluó el informe técnico

Presidencia cerró el “caso Casal” luego de que un dictamen fiscal concluyera que los bienes de Lorenzo y Hernández estaban en juego

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Nº1741 - al de 2013
Francisco Casal

El presidente José Mujica terminó de leer el dictamen del fiscal de gobierno Daniel Borrelli y apoyó el pesado maso de hojas sobre su escritorio. Se tiró para atrás en la silla, alzó la vista y reflexionó unos segundos. Si bien desde hace varios días sus asesores le decían que era mejor cerrar el “caso Casal”, ahora estaba convencido de que debía hacerlo y así efectivamente lo dispuso el jueves 21, con la contrapartida de que el empresario desistiera de hacer cualquier juicio contra el Estado y los integrantes del gobierno. En la Presidencia se estimó que de no tomar esa decisión, la propia administración le estaba sirviendo “en bandeja” al empresario futbolístico Francisco Casal las herramientas para que iniciara una demanda millonaria contra el Estado y en especial contra uno de los principales integrantes del gobierno, el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, generando un “escándalo de proporciones”.

Según fuentes del gobierno que consultó Búsqueda, la misma opinión en el sentido de que era necesario cerrar el caso, tuvo el ex presidente y según todas las encuestas de opinión pública posible próximo mandatario Tabaré Vázquez, luego de conocer el contenido del dictamen del fiscal de gobierno. De hecho Vázquez reiteró ayer miércoles 27 en un acto en Mercedes su posición sobre el tema y su respaldo a Mujica en la decisión. “No soy abogado pero los abogados me enseñaron que a veces vale más un mal arreglo que un buen juicio. Estoy de acuerdo con lo que hizo el presidente de la República”, enfatizó.

¿Por qué ese dictamen escrito por Borrelli de 57 páginas tuvo tanta influencia? Entre otras cosas, por su última frase. “En caso de que se demandara al Estado por responsabilidad civil, el Poder Ejecutivo debería hacer uso de lo prevenido en el artículo 25 de la Constitución de la República”, concluye.

Ese artículo establece la posibilidad de que el Estado “repita” contra aquellos funcionarios que hayan actuado con culpa grave o con dolo para cobrarse lo que se haya tenido que pagar por reclamaciones a la administración.

Según fuentes que consultó Búsqueda en este caso esa posibilidad era “muy cierta” porque se especulaba que tras un eventual fallo adverso en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Casal iniciaría una millonaria demanda contra el Estado para rescarcir los daños y perjuicios por los múltiples negocios con futbolistas que vio frustrados en estos años debido al embargo dispuesto por la Justicia a pedido de la Dirección General Impositiva (DGI). El embargo llegó a ser por una cifra cercana a los U$S 100 millones, aunque luego bajó a unos U$S 10 millones.

De acuerdo con los informantes, los funcionarios que podían ser objeto de esa repetición son dos: el director de la DGI de la época Nelson Hernández, que fue quien firmó la resolución de setiembre de 2009 para iniciar las actuaciones contra Casal y el actual ministro de Economía Lorenzo, quien firmó en noviembre de 2011 otra resolución manteniendo en lo sustancial la anterior, luego de un pedido de revocación presentado por el empresario para que ésta se reconsiderara y se dejara sin efecto.

Según las fuentes, la repetición en caso de pérdidas para el Estado no alcanzaba en principio al ex ministro de Economía y actual vicepresidente Danilo Astori porque, si bien apoyó políticamente la actuación de Lorenzo y Hernández, no figura rubricando ningún documento para reclamarle la presunta deuda a Casal.

“No fue normal”.

Pero eso no es todo. En el gobierno daban como un hecho que el TCA anularía el acto administrativo que dio inicio al diferendo con Casal porque en el expediente administrativo que se le siguió al contratista existen más de 2.000 vicios de forma por los que puede ser atacado el Estado. Aunque la cifra parezca exagerada, esa es la conclusión a la que llega el otro fiscal de gobierno y secretario de la Presidencia durante el gobierno de Vázquez, Miguel Angel Toma. En efecto, Borrelli expresa en su dictamen que su colega afirma sin ambages que la tramitación del expediente de Casal “no fue normal”.

“El fiscal al examinar el expediente se ha encontrado con copias simples, no autenticadas, así como entre ellas, instrumentos redactados en idioma extranjero, que no respetaron los principios consagrados en la ley formal, para que tales documentos hagan fe”, subraya.

“Se trata de por lo menos 2.190 instrumentos que contienen vicios de forma en cuanto a su presentación, reñida con las normas formales”, destaca.

A renglón seguido el fiscal de gobierno cita doctrina que afirma que sin la prueba en condiciones, este tipo de documentos “carecen de toda eficacia y ni siquiera pueden servir de indicio”.

A eso, se suma que la opinión de los principales catedráticos de Uruguay en materia tributaria coincidían en que los integrantes del grupo Casal no debían impuesto alguno a la administración tributaria.

Borrelli realiza en su voluminoso dictamen un repaso de cada una de estas consultas y de sus principales argumentos. Así por ejemplo, sostiene que el experto tributarista Juan Manual Albacete concluye que no se configura el delito de defraudación porque Casal “siempre entendió que no debía pagar impuestos por su actividad” y en esa línea “fue asesorado por profesionales de su confianza”.

“Si el administrado está convencido, debidamente asesorado de que no corresponde tributar, el dolo y el fraude quedan desvirtuados y no puede ser imputada la infracción”, apunta Albacete.

Por su parte, el experto Andrés Blanco señala que el contratista no debe impuestos y para ello se basa, entre otros argumentos, en que es notorio que con la reforma tributaria que introdujo el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) se quiso gravar aquellas rentas que antes no eran gravadas por el Impuesto a la Renta de Industria y Comercio (IRIC) que se le reclama al empresario.

Asimismo, el contador Carlos Borba de la firma Deloitte sostiene que tampoco se deben tributos porque “una sociedad del exterior que compra derechos federativos de un deportista a un club uruguayo para su posterior venta a un club extranjero no se encuentra gravada por IRIC”.

En la misma línea los tributaristas Alberto Varela y Gianni Gutiérrez del estudio Ferrere Abogados señalan que esa transferencia de jugadores no está gravada por IRIC “por cuanto se trata de una renta de fuente extranjera, independientemente de que el vendedor de los derechos sea una persona física o jurídica, local o extranjera”.

Por su parte, Juan Alberto Pérez Pérez, catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas, sostiene que “para que una persona jurídica del exterior que no actúe en el país mediante sucursal, agencia o establecimiento, obtenga rentas alcanzadas por el IRIC es imprescindible que aplique conjuntamente capital y trabajo dentro de las fronteras del país”. A su juicio en este caso no se aplica trabajo en Uruguay por lo que tampoco se configura el impuesto.

La también catedrática de Derecho Tributario de la estatal Facultad de Derecho Addy Mazz fue consultada en seis oportunidades por la defensa de Casal sobre diversos aspectos del proceso. En resumen, la especialista concluye que la actividad tampoco está gravada y para ello parte de la distinción entre los derechos federativos y los derechos económicos. Señala que no existía certeza sobre la aplicación del impuesto y “ante las situaciones de incertidumbre, derivadas de la interpretación de la ley, la circunstancia de no inscribirse y no presentar declaraciones no son elementos configurativos de engaño u ocultación presentes en la descripción de la infracción”.

Principios vulnerados.

Basándose en esos y otros elementos, Borrelli considera que la administración tributaria vulneró algunos de los principios del ordenamiento jurídico.

“La administración pretendió aplicar la ampliación del concepto de empresa retroactivamente, vulnerando el principio general de la irretroactividad de la norma tributaria y en consecuencia violando el principio general de seguridad jurídica, contrariando de esta forma la legalidad, verdadero dogma en materia tributaria”, argumenta.

“El Estado siempre debe ajustarse a las pautas establecidas por la ley y la Constitución de la República y jamás aplicar retroactivamente disposiciones cronológicamente posteriores a ejercicios que lógicamente fueron regidos por un sistema tributario anterior”, añade.

El fiscal de gobierno también cuestiona el hecho de que la DGI haya estimado la deuda del grupo Casal en la mitad de lo que debía pagarse por IRIC, en función de que parte de la actividad se desarrollaba en Uruguay y parte en el exterior.

“Resulta ilegal”.

En función de todos estos argumentos, el fiscal Borrelli concluye que “no se ha verificado la combinación de factores económicos en el Uruguay, ni se han configurado los presupuestos del concepto de empresa, por lo que las rentas obtenidas con la actividad relativa a la transferencia de jugadores al exterior no se hallaba gravada con el IRIC al momento del acto administrativo de determinación resistido por los interesados”.

“Tampoco se verifica la ubicación espacial de los citados factores económicos en una misma jurisdicción tributaria, por lo tanto, al no darse la reunión de ambos factores en el territorio nacional, la actividad mencionada no estaba alcanzada” por ese impuesto, agrega.

A juicio del fiscal, por tanto, “resulta ilegal” la aprobación de la actuación inspectiva contra Casal porque éste no debe no solo el IRIC, sino que tampoco adeuda el Impuesto al Valor Agregado (IVA) ni el Impuesto al Patrimonio.

Para finalizar, Borrelli señala que es necesario llevar adelante una investigación administrativa sobre todos estos hechos y repetir contra los funcionarios si el Estado es condenando a pagar por ello.

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