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El Tribunal de Apelaciones Penal de 4º turno confirmó la extradición del mexicano Gerardo González Valencia a Estados Unidos, que había quedado en suspenso a raíz de una diferencia del país norteamericano con las condiciones impuestas por la Justicia uruguaya.
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La extradición de González Valencia, preso en Uruguay desde 2016 por lavado de activos, se concedió a los norteamericanos —que lo vinculan al poderoso cartel mexicano Los Cuinis y pretenden juzgarlo por tráfico de drogas— bajo la condición de que, en caso de ser condenado, no le impongan pena de muerte ni de prisión perpetua. Sin embargo, en marzo Estados Unidos comunicó a Uruguay que el tratado de extradición entre ambos no le exige no aplicar la prisión perpetua (Búsqueda Nº 2.067).
El fiscal Luis Pacheco y la jueza Adriana Chamsarián entendieron que el planteo era admisible y decidieron mantener la extradición bajo los nuevos términos.
La defensa del mexicano, a cargo de Héctor Dotta, presentó un recurso de apelación, alegando que si Estados Unidos se negaba a cumplir todas las garantías exigidas el traslado no podía concretarse, y pidió su inmediata liberación (por el delito cometido en Uruguay González Valencia ya obtuvo la libertad provisional).
El lunes 21 el tribunal rechazó los argumentos de la defensa y confirmó la extradición. De acuerdo a la sentencia, el tratado de extradición entre Estados Unidos y Uruguay efectivamente “no alude a la prisión perpetua”.
“La cuestión radica en cómo resolver la contradicción”, plantearon los ministros Ángel Cal, Gabriela Merialdo y Luis Charles, ya que la sentencia que concedió la extradición sí impone ese requisito. “Se entiende que la elucidación del tema debe hacerse teniendo en cuenta la jerarquía de los instrumentos”, afirmaron. En ese sentido, señalaron que “indudablemente el tratado se encuentra por encima de una sentencia firme”.
La superioridad jerárquica del tratado sobre la sentencia nacional determina “la inaplicabilidad de la exigencia de garantías respecto a la no aplicación de la prisión perpetua”, concluyeron. “No es posible exigir lo que el acuerdo bilateral no dispone”.
El martes 22 la defensa de González Valencia, presentó un recurso de casación contra el fallo. Si el recurso es admisible o no es objeto de discusión, por lo cual primero el tribunal deberá definir si lo acepta y, en caso afirmativo, pasaría a estudio de la Suprema Corte de Justicia.
“Lejos de una colisión de la sentencia con el tratado, lo que hubo fue una aplicación del tratado por la sentencia, aplicación que fue consentida y convalidada por todos los operadores del sistema de justicia, hasta que apareció el requirente manifestando su discrepancia con esta interpretación, provocando de tal modo un verdadero sismo en el normal funcionamiento de nuestro Poder Judicial”, escribió Dotta en su apelación.
Incomunicado
El abogado Dotta también presentó, el martes 22, un recurso de habeas corpus para que la Justicia ordene de “forma inmediata” a las autoridades del Ministerio del Interior que le permitan contactarse con su defendido.
Es que, temerosos de que González Valencia intente fugarse, el ministerio ha intensificado las medidas de seguridad y lo trasladó de prisión varias veces. El último operativo sucedió durante Semana de Turismo, cuando el nuevo ministro del Interior, Jorge Larrañaga, informó que fue trasladado de la cárcel Punta de Rieles al Penal Libertad, presuntamente por la sospecha de que habría en marcha un plan para “rescatarlo”.
Desde el día que fue trasladado, el miércoles 8, González Valencia se encuentra en “aislamiento completo, sin visita ni contacto de la Defensa ni de la familia”, denunció su abogado en el habeas corpus presentado ante el Tribunal de Apelaciones Penal de 4º turno. “Pese a las gestiones realizadas ante las autoridades respectivas, hasta la fecha se le ha negado cualquier contacto, principalmente con su Defensa y familia directa”.
Luego de la presentación del escrito, González Valencia fue autorizado a hablar por teléfono con su esposa. Además, su abogado podrá verlo el próximo viernes, informaron a Búsqueda fuentes cercanas al caso.
Ayer miércoles la jueza Beatriz Larrieu solicitó a las autoridades carcelarias que informen al juzgado si el recluso se encuentra incomunicado y las razones de ello.
