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Pese a que sus abogados defensores hicieron varios intentos para evitarlo, la extradición del mexicano acusado de narcotráfico por Estados Unidos y preso en Uruguay desde 2016, Gerardo González Valencia, parecía casi un hecho. El país norteamericano aguarda el envío del mexicano desde junio de ese año, cuando pidió su extradición para juzgarlo por tráfico de cocaína y anfetaminas.
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Sin embargo, una discrepancia de la Justicia norteamericana con las condiciones impuestas por la Fiscalía para conceder la extradición volvió a interrumpir el proceso. Su concreción dependerá ahora de lo que resuelva un tribunal de apelaciones.
Es que cuando en setiembre de 2017 la Fiscalía y el Juzgado de Crimen Organizado autorizaron su traslado, lo hicieron bajo algunas condiciones —usuales en este tipo de acuerdos—, siguiendo lo que establece el tratado de extradición entre Uruguay y Estados Unidos.
Así, su extradición estaba sujeta a que la Justicia norteamericana no lo juzgue por los mismos delitos por los que ya fue procesado en Uruguay, no le imponga una pena de muerte —ya que la legislación local se opone a ese castigo— y tampoco lo condene a cadena perpetua.
A González Valencia se lo vincula con el cartel mexicano Los Cuinis, considerado uno de los más poderosos del mundo. Fue detenido en Uruguay y procesado por lavado de activos en abril de 2016, luego de que los Panama Papers revelaran que vivía en Punta del Este.
Los abogados de González Valencia apelaron la decisión de extraditarlo —el delito por el que fue juzgado en Uruguay, lavado de activos, es más leve y ya podría estar libre—, pero tanto un tribunal de apelaciones como la Suprema Corte de Justicia ratificaron la decisión.
Cuando la Corte emitió su fallo en febrero, la extradición parecía un hecho. Sin embargo, pocas semanas después llegó una comunicación de los norteamericanos que volvió a complicar el asunto.
Según informaron a Búsqueda fuentes judiciales, Estados Unidos informó a Uruguay que, si bien se compromete a no juzgar a González Valencia de nuevo por los mismos hechos ni imponerle una pena de muerte, entiende que el tratado de extradición entre ambos países no le exige no aplicar la prisión perpetua. Por lo tanto, si bien no se niega expresamente a acatar ese condición, aclara que no está obligado a otorgar garantías que no están previstas en el tratado.
La Fiscalía de Crimen Organizado, a cargo de Luis Pacheco, consideró que el argumento de la Justicia norteamericana era admisible, ya que estrictamente el tratado no menciona la cadena perpetua, explicaron las fuentes.
La jueza del caso, Adriana Chamsarián, coincidió con el fiscal e hizo lugar a la extradición bajo los nuevos términos, sin exigir la exclusión de la prisión perpetua. Pero el cambio de la decisión original puede traer problemas, indicaron las fuentes, ya que inicialmente la Justicia había dispuesto que solo bajo esas condiciones sería extraditado a Estados Unidos.
Con ese argumento, la defensa presentó un recurso de reposición y apelación contra la decisión. El reclamo se basa en que ya hay una sentencia de la Justicia que condiciona el traslado del mexicano a tres condiciones. Si Estados Unidos se niega a aceptar una de ellas, la extradición no podría concretarse, entienden los abogados. Rever el fallo anterior no es admisible, afirman.
La jueza deberá ahora analizar si cambia su decisión y, en caso contrario, elevará el asunto para que lo resuelva un tribunal de apelaciones.
Si la sede de segunda instancia hace lugar al reclamo de la defensa, el mexicano deberá ser liberado porque ya cumplió en prisión tiempo suficiente para el delito que se le imputó en Uruguay, y solo continua preso por la solicitud de extradición en trámite, explicaron las fuentes.
El riesgo de una segunda fuga
A González Valencia se lo vincula con el cartel mexicano Los Cuinis, considerado uno de los más poderosos del mundo. Fue detenido en Uruguay y procesado por lavado de activos en abril de 2016, luego de que los Panama Papers—una investigación internacional de la que formó parte Búsqueda— revelaran que vivía en Punta del Este.
Pese a que la Justicia uruguaya ya había detectado su presencia tiempo atrás, las investigaciones no habían tenido mayores avances. La información pública sobre su presencia en el balneario y su vínculo con el narcotráfico encendió las alarmas y apuró su arresto.
Cuando llegó el pedido de Estados Unidos, las autoridades uruguayas consideraron que lo más conveniente era enviarlo cuanto antes. Así el país se libraba del riesgo de tener a un peligroso narcotraficante en sus cárceles. Durante un control de rutina en mayo de ese año, el mexicano amenazó con “colgar” a Eduardo Bonomi, entonces ministro del Interior, del “puente más alto” si seguía enviando a sus guardias a “torturarlo” (Búsqueda Nº 1.869).
Según informaron a Búsqueda fuentes judiciales, Estados Unidos informó a Uruguay que, si bien se compromete a no juzgar a González Valencia de nuevo por los mismos hechos ni imponerle una pena de muerte, entiende que el tratado de extradición entre ambos países no le exige no aplicar la prisión perpetua.
Sin embargo, pasaron casi cuatro años y el mexicano sigue en las cárceles uruguayas. La fuga del mafioso italiano Rocco Morabito, que escapó de Cárcel Central en junio del año pasado, dejó en una posición incómoda a Uruguay, que fue rezongado por las autoridades de Italia que esperaban su extradición. Además, el escape exitoso aumentó el temor del Ministerio del Interior de que González Valencia intente seguir los pasos de Morabito. Tras la fuga, la Policía hizo ajustes a la vigilancia del mexicano y poco después decidió trasladarlo de la sede de la Guardia Republicana a la Unidad Nº 1 de Punta de Rieles. El traslado de González Valencia se hizo ante la sospecha de que tenía diseñado un plan de fuga: el objetivo de cambiarlo de centro de reclusión fue cortar las redes de contacto que había construido en la sede de la Guardia Republicana y enviarlo a un sitio más moderno y seguro (Búsqueda Nº 2.054).
La semana pasada el Ministerio del Interior, ahora a cargo de Jorge Larrañaga, trasladó nuevamente a González Valencia, en un operativo realizado en forma secreta. La decisión de moverlo de Punta de Rieles al Penal de Libertad se debió, según informó El Observador, a la información proporcionada a Inteligencia policial por un recluso que aseguró que en breve se ejecutaría un sofisticado operativo de rescate del mexicano.
El miércoles 8 el ministro Larrañaga informó a los medios sobre el operativo y afirmó que González Valencia fue trasladado por “razones de política carcelaria y de seguridad” y porque su proceso de extradición a los Estados Unidos estaba “a punto de culminar”.
