Condenados a la miseria

Claro que hay cosas para destacar. El año que acaba de terminar fue el de la aprobación del Presupuesto quinquenal del actual gobierno, en el que se registraron importantes acuerdos políticos entre distintos partidos. Ese es un signo positivo en el funcionamiento democrático de un país, pero está lejos de ser suficiente.

Hablar durante unos minutos con el anterior comisionado parlamentario para las cárceles, Juan Miguel Petit, da pavor. Los cuentos que hace de lo que ha visto durante estos últimos años son dignos de las peores películas. Contenidos entre los muros y los barrotes de las prisiones uruguayas, se pueden encontrar los nueve círculos del infierno que describía Dante Alighieri en la Divina comedia.

Pues, ante ese panorama, a cuatro meses de la renuncia de Petit, los políticos no logran designar a su sucesor. Así lo informó Búsqueda la semana pasada.“Hasta diciembre del año pasado, trabajó una comisión especial integrada por diputados y senadores de todos los partidos políticos con representación parlamentaria, que se formó con la finalidad de designar un sucesor, como establece la normativa vigente. Sin embargo, no alcanzaron la mayoría de tres quintos de los votos para ninguno de los 16 candidatos, el proceso quedó trunco y quien deberá resolver será la Asamblea General”, relata la nota en cuestión. Agrega que eso está afectando el trabajo de todo el equipo que antes llevaba adelante la tarea con Petit. En otras palabras, las cárceles están con mucho menos control y los políticos miran para el costado.

En la misma edición de Búsqueda, se publicó otra nota referida a lo que está ocurriendo con la designación de un nuevo fiscal de Corte, que se viene postergando desde hace años en la Cámara de Senadores. En este caso, “ante la negativa de buena parte de la oposición a respaldar la designación de un nuevo fiscal de Corte, en el oficialismo consideran como posible estrategia apelar al escenario de mínima. Esto es, enfocarse en conseguir los dos votos que le faltan en el Senado para llegar a la mayoría especial necesaria y dejar atrás la ambición de conseguir un amplio consenso político”.

Resulta que en este caso la estrategia del oficialismo es salir a buscar con algunos legisladores colorados los votos que le faltan para destrabar el problema. Están buscando la forma de solucionarlo rápido porque entienden que no da para más.

No está mal, sirve como ejemplo para evidenciar que siempre hay salidas posibles. Pero lo del comisionado parlamentario es mucho más urgente. Lo del fiscal de Corte es un detalle al lado de la magnitud de lo que implica la ausencia de una persona dedicada a vigilar las cárceles. Sin embargo, está claro cuáles son las prioridades.

Bueno, lamento tener que compartir algunos datitos sobre las cárceles como para tener que volver a analizar esas prioridades. Son de fines de 2024, los últimos completos que presentó el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). Hoy deben ser considerablemente peores. Al cierre de ese año la cantidad de privados de libertad era de 15.913, una cifra que creció 130,5% desde 2003, cuando había 6.901 presos. La tasa de prisionización, por su parte, pasó de 207 cada 10.000 habitantes en 2003 a 445 en 2024, un número que ubica a Uruguay con una de las 15 tasas más altas del mundo y la más importante de América Latina.

Al presentar los datos ante las Naciones Unidas, junto con una delegación del gobierno, en 2024, Petit criticó que “frente a un crecimiento demográfico nulo de la población del país”, la población penitenciaria creció sostenidamente con porcentajes del 8% anual en 2019, 12,6% en 2020, 10% en 2021, 5% en 2022 y 4% en 2023. Además, destacó que casi 9.000 presos tenían penas menores a los tres años, evidencia de que no se trataba de crímenes muy graves que justificaran la cárcel como única salida.

Nada de esto es nuevo. Hace demasiado tiempo que las cárceles se han transformado en universidades del delito, en donde los más experimentados enseñan a los recién iniciados. Encima, cuando los presos logran la libertad, es muy difícil que puedan volver a reinsertarse en la sociedad y muchos de ellos terminan viviendo en la calle y reincidiendo en el hurto, la rapiña, el tráfico o cosas peores. En respuesta, el Parlamento no se pone de acuerdo ni siquiera en a quién designar para cuidar que al menos no se violen los derechos humanos en las cárceles y que los presos no estén condenados a la miseria.

Todos aseguran que quieren solucionar este problema. Es más, el ministro del Interior, Carlos Negro, dijo la semana pasada al concurrir al Parlamento que “el sistema penitenciario es lo que tenemos que trabajar con especial énfasis” y que “la reforma penitenciaria” es una “prioridad estratégica” que cuenta “con importantes consensos políticos”.

Perfecto. Entonces empiecen con ponerse de acuerdo en lo más básico. Sería un buen comienzo.