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Los estudios sobre el uso de los mecanismos de democracia directa en Uruguay demuestran que para que una reforma constitucional sea aprobada es preciso que cuente con el respaldo de una gran coalición de partidos
Durante la semana pasada ocurrieron dos hechos políticos muy trascendentes. Ambos se veían venir y están llamados a tener un alto impacto en el proceso electoral en curso. Pero solo uno de ellos tuvo la repercusión mediática que merecía. El martes 6 de agosto, Pedro Bordaberry anunció que encabezará una lista al Senado. Este hecho fue largamente comentado. A nadie se le escapa que esta decisión es un punto de inflexión en la campaña del Partido Colorado y de la coalición de gobierno. El lunes 5 de agosto, la Mesa Política del Frente Amplio resolvió dejar en libertad de acción a los sectores que integran la coalición de izquierda en lo referido al plebiscito propuesto por el PIT-CNT. Como es sabido, esta iniciativa tiene la finalidad de crear un cambio de paradigma en el sistema de seguridad social. La resolución de la Mesa Política no mereció tanta atención como el largamente esperado regreso de Pedro. Sin embargo, es un golpe de knock out para la iniciativa reformista.
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Empecemos por repasar las reglas. Para que un plebiscito en Uruguay sea aprobado, las papeletas del Sí a la reforma constitucional deben superar la mitad de los votantes (no hay papeletas por el No). Pero alcanzar la mayoría absoluta de los votantes es mucho más difícil de lo que puede parecer. Para superar este umbral no es suficiente con formular una propuesta facilista y eventualmente atractiva para la opinión pública, como establecer los 60 años como edad de retiro o fijar un monto mínimo para las jubilaciones. La información de opinión pública disponible confirma esta interpretación. En este momento, según Opción Consultores, solamente el 41% de los encuestados manifiesta estar dispuesto a apoyar el Sí.
¿Por qué una propuesta que, al menos a priori, podría ser del agrado de la opinión pública tiene tantos problemas para prosperar? La respuesta está en los partidos uruguayos. Todos los candidatos a la presidencia que integran la coalición de gobierno rechazan la reforma constitucional propuesta. También la cuestiona, y lo seguirá haciendo durante los próximos meses, el presidente Luis Lacalle Pou, que jugó un papel crucial en el impulso a la ley que reformó el sistema de seguridad social aprobada en 2023. La mayoría de las fracciones del Frente Amplio (FA) tampoco acompaña la iniciativa. Yamandú Orsi tomó distancia tempranamente. Carolina Cosse, que se llamó a silencio sobre el fondo del asunto durante las primarias, anunció que no votará la reforma propuesta. Los seregnistas, como es bien sabido, también están en contra. Solo los comunistas y los socialistas respaldan la posición del PIT-CNT. Se conformó, por tanto, una gran coalición interpartidaria, pero no a favor, sino en contra de esta reforma. Y los partidos siguen siendo los principales constructores de opinión pública en nuestro país
Los estudios sobre el uso de los mecanismos de democracia directa en Uruguay demuestran que para que una reforma constitucional sea aprobada es preciso que cuente con el respaldo de una gran coalición de partidos. Los partidos interesados en promover la reforma deben trabajar mucho en dos planos a la vez. Por un lado, deben poder explicar detallada y persuasivamente su contenido. Por el otro, deben ensobrar y repartir organizada y ampliamente las papeletas del Sí. No hay reforma constitucional sin un gran número de dirigentes y activistas movilizados. El apoyo de la opinión pública es condición necesaria pero no suficiente. Durante el ciclo electoral anterior, Jorge Larrañaga lideró la campaña “Vivir sin miedo”. Lo hizo en un momento en el que la preocupación por la inseguridad era extraordinariamente intensa. Arañó la mayoría absoluta (47%) pero fracasó. Ninguno de los candidatos a la presidencia había apoyado la propuesta. En definitiva, se cumplió la regla: sin una gran coalición de agentes políticos, no hay reforma constitucional.
El llamado “plebiscito del agua” (octubre de 2004) es otro ejemplo muy claro de la importancia de los partidos políticos en los procesos de reforma constitucional. La iniciativa reformista partió de la sociedad civil (en particular, del sindicato de OSE y de Redes Amigos de la Tierra). El FA apoyó la propuesta. Un poco después, la fracción del Partido Nacional orientada por Jorge Larrañaga (Alianza Nacional, que había logrado una victoria contundente en la primaria) también sumó su apoyo. Se formó, de este modo, una gran coalición multipartidaria que permitió que aflorara, otra vez, la confianza en el Estado. El estatismo es una de las características más llamativas de nuestra cultura política. En definitiva, el 65% de los votantes votó a favor de la reforma.1
A diferencia de lo que ocurrió hace veinte años, el plebiscito que ahora promueve el PIT-CNT no tiene suficientes apoyos políticos. No va a prosperar. Pero, si el razonamiento anterior es correcto, la reforma constitucional que lideran los partidos de la coalición con la finalidad de habilitar los allanamientos nocturnos también podría fracasar. Los partidos que integran la coalición de gobierno y sus electores están a favor. Pero el bloque opositor no acompaña. No hay fracciones del FA dispuestas a promover esta enmienda. No hay, por tanto, una gran coalición de partidos a favor. No alcanza con el amplio apoyo a los allanamientos nocturnos registrado en los sondeos de opinión pública. Los partidos que integran la coalición de gobierno tendrán que hacer un gran esfuerzo de persuasión y de organización para que la intención de apoyo se concrete en las urnas. Hay votantes frenteamplistas inclinados a apoyar la propuesta. Pero ninguna fracción del FA va a ensobrar el Sí. Quienes promueven la reforma de la Constitución deberían asegurarse de que todos sus votantes pongan la papeleta del Sí y conseguir que una parte de los electores frenteamplistas hagan lo mismo. Ninguna de las dos tareas es sencilla.
