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Como la nuestra es una democracia altamente competitiva, los políticos son muy sensibles a las eventuales consecuencias electorales de la difusión de datos; todo el tiempo los números están en discusión: los datos sobre delitos, los del déficit fiscal, los del abandono educativo, los de la pobreza
El Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA) del Ministerio del Interior publicó hace unos días nuevos datos sobre la evolución de 15 indicadores de delitos. El mero hecho de la publicación de este informe sobre el tema que más preocupa a la ciudadanía merecía ser reconocido y celebrado como un avance en el grado de profesionalismo de la gestión pública uruguaya. Sin embargo, de inmediato aparecieron cuestionamientos tanto a la calidad como a la intencionalidad de la información compartida. Vale la pena detenerse en el episodio porque dice mucho sobre la forma en que se hace política en nuestro país.
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Conviene despejar desde el principio un posible equívoco. Todo es debatible. También la ciencia. Las construcciones científicas (datos, hipótesis, teorías) son eminentemente discutibles y, para mentar a Karl Popper, por definición, falsables. El mundo de la ciencia es coral, plural, controversial y hasta efímero. Esto, lejos de ser un problema, es el secreto de su eterna juventud. Es así, polemizando y corrigiéndose a sí mismo, como avanza el conocimiento científico. Progresa en la discusión, en la polémica. En otros términos, los científicos precisan la siempre exigente mirada de sus pares para hacer mejor su trabajo.
En sociedades democráticas, además del control entre pares, la ciencia debe admitir el escrutinio del público. La ciencia debe ser transparente. Zeynep Pamuk argumentó brillantemente en Politics and Expertise: How to Use Science in a Democratic Society (Princeton University Press, 2021) que la ciudadanía debe conocer los debates entre los expertos sobre datos y argumentos. Llevando este razonamiento a sus últimas consecuencias, sostuvo que siempre son los ciudadanos, debidamente informados de estas controversias, quienes tienen que decidir en qué datos y argumentos confiar a la hora de tomar decisiones. La ciencia es clave. El conocimiento que aportan los expertos es imprescindible. Pero en democracia gobierna la ciudadanía (a través de sus representantes) y no la ciencia (y sus cultores).
Volviendo a Uruguay, entonces, bienvenido el debate sobre la calidad de la información presentada por el Ministerio del Interior. Bienvenidos, igualmente, los diversos esfuerzos ciudadanos por chequear los datos oficiales tomando fuentes de información disponibles (desde noticias en la prensa hasta datos de la Fiscalía General de la Nación). Bienvenida la controversia, aunque canse. Cansa a la gente (porque al final no sabe en quién confiar). Pero cansa muy especialmente a quienes con máximo profesionalismo dedican su tiempo a construir información desde sus cargos técnicos en el Estado. A pesar de todo, aunque canse, bienvenido el debate.
El análisis del asunto se vuelve un poco más complicado cuando entramos en el terreno de las intenciones. En Uruguay no solamente se discute sobre la calidad técnica de la información. La discusión sube de tono cuando se incorporan algunos supuestos de carácter político sobre las razones por las cuales la información no sería correcta. Suele asumirse, desde mi punto de vista, demasiado rápidamente, que la información oficial, es decir, la elaborada desde las instituciones del Estado, es en verdad un “relato” interesado, es decir, una ficción. En otros términos: suele asumirse que los datos oficiales no son correctos porque han sido manipulados con fines políticos.
En este asunto conviene ir todavía más despacio. También en este caso, aunque duela incluso un poco más, hay que aceptar el principio de sospecha. Los datos (la producción académica o técnica) tienen consecuencias electorales. Los líderes lo saben. Cuanto más prestigiosa sea la persona o la institución que construyó la información mayor será el impacto electoral de su difusión. No hay que descartar, por tanto, que en sistemas de partidos altamente competitivos los líderes políticos intenten influir en qué información circula, cómo y cuándo. También en este sentido es conveniente, incluso imprescindible, un grano de desconfianza para evitar la ingenuidad (remito al eterno debate en Argentina sobre los datos del Indec).
Volviendo, otra vez, a Uruguay. Como la nuestra es una democracia altamente competitiva, los políticos son muy sensibles a las eventuales consecuencias electorales de la difusión de datos. Todo el tiempo los números están en discusión: los datos sobre delitos, los del déficit fiscal, los del abandono educativo, los de la pobreza… Como los partidos han sido, a lo largo de nuestra historia, la columna vertebral de la sociedad, es demasiado difícil para demasiada gente pensar que pueda haber personas (o instituciones) que participen del debate público que no tengan la intención de llevar agua para ningún molino en particular.
Así es como pasamos del necesario grano de desconfianza al vagón entero. Pasamos de evitar la ingenuidad a la sospecha sistemática (“sacate la careta”, “mostrá la camiseta”). Zeynep Pamuk sostiene que tan importante como conocer quién financia la investigación científica es transparentar los valores de quienes producen el conocimiento. De acuerdo: valores y creencias influyen en medida variable pero significativa sobre los temas que los científicos eligen investigar. Pero en Uruguay lo que suele asumirse es algo muy distinto. En nuestro país, para demasiada gente, dentro y fuera de los partidos, en la élite y en el llano, científicos, académicos y expertos, periodistas, fiscales y jueces, no son más que cretinos útiles, correas de trasmisión, cadetes, mandaderos, impostores.
Por eso, en Uruguay, lo que la ciudadanía se esfuerza por conocer es mucho más que los valores que estructuran la agenda de quienes producen conocimiento. Lo que les interesa es saber a qué partido pertenecen porque asumen que todos tienen alguna religión política que sesga lo que estudian y comunican. Es un error de proporciones importantes y de consecuencias muy negativas. En este país, según las encuestas, como mínimo cuatro de cada 10 ciudadanos no se siente cercano a ningún partido. Y los científicos, académicos o expertos, periodistas, fiscales o jueces que sí la tienen, no necesariamente son cretinos útiles de algún partido. Diría que están estructurados sobre una ética distinta: primero, la verdad, su verdad, por frágil, precaria e incompleta que sea; luego, su más o menos sólida e intensa simpatía política.
Quien quiera leer esta columna como un alegato a favor de Diego Sanjurjo, colega y amigo, o como un corcovo corporativo, por cierto, está en su derecho. Ojalá, en cambio, sirva para que sigamos elaborando colectivamente respecto a lo importante que es que algunos subsistemas (la academia, la prensa, la administración pública y la justicia) estén más resguardados del colonialismo de los partidos y de la crítica apresurada de los creyentes más dogmáticos.
