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    El gobierno de Orsi, entre las ‘Bases programáticas’ y el ‘Compromiso por el país’

    Faltan tres años para la próxima elección nacional; ojalá los partidos, todos, usen este tiempo para preguntarse no solamente cómo ganar, sino con qué programa gobernar

    Columnista de Búsqueda

    En una columna anterior sostuve que el Frente Amplio tiene, desde 1994, dos programas: el que discuten y aprueban sus militantes, y el que el candidato presidencial presenta a la ciudadanía durante la campaña. También he dicho que entre los grandes bloques uruguayos las diferencias son menores de lo que sugiere el ruido de la competencia electoral. Quiero poner ambas afirmaciones a prueba. Para eso, comparé sistemáticamente tres documentos: las Bases programáticas 2025-2030 elaboradas por el Congreso del FA, las 63 prioridades de gobierno aprobadas por el Consejo de Ministros en marzo de 2025 y el Compromiso por el país que firmaron los cinco partidos de la coalición republicana en noviembre de 2019.

    La primera constatación es que siete de cada 10 de las 63 medidas de gobierno ya estaban en el programa del Congreso. Unas 28 aparecen en las Bases programáticas casi en los mismos términos: entre ellas, duplicar los recursos para vivienda, retirar el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) de la órbita del Ministerio del Interior, crear el Ministerio de Justicia y construir Casupá. Otras 17 recogen un tema de las Bases programáticas con un instrumento o una meta nueva (las Becas Butiá multiplicadas por cinco, el aumento de 50% de la Tarjeta Uruguay Social). Pero casi 30% son nuevas.

    La segunda observación refiere a lo que quedó por el camino. No pasaron a las Prioridades de gobierno varias propuestas propias de partidos de izquierda y de la tradición frenteamplista. En materia tributaria, el fortalecimiento de la imposición a la renta, el gran capital y el patrimonio, y la reducción del IVA a los bienes de primera necesidad. En materia laboral, la jornada de 40 horas semanales y el fortalecimiento de la negociación colectiva. En seguridad social, el acceso a la jubilación a los 60 años y un pilar de ahorro “no lucrativo”, que las Bases programáticas proponían llevar al Diálogo Social. En política económica, la planificación estratégica del Estado sobre la base de las empresas públicas y la protección de la industria nacional “por sobre los intereses de las transnacionales”. En derechos humanos, el pasaje a tribunales de honor de los militares condenados por crímenes de lesa humanidad. De todos modos, varios de estos asuntos reaparecieron durante la gestión: por ejemplo, el Diálogo Social retomó varias de las propuestas originales.

    Algunas de las medidas agregadas por fuera de las Bases programáticas van en una dirección diferente. La regla fiscal, que el programa del Congreso no menciona, pasó a ser un compromiso de gobierno. La única medida tributaria de alcance general de las 63 es implementar el impuesto mínimo global de 15% acordado en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En seguridad, las Bases hablaban de policía de proximidad, profesionalización y derechos humanos; las Prioridades agregaron 2.000 nuevos cargos policiales, 20.000 cámaras de videovigilancia y un plan de “respaldo al trabajador policial”. Un dato elocuente: de las 18 medidas que no figuran en las Bases programáticas, ocho tienen contraparte en el Compromiso por el país de 2019.

    Paso al segundo contraste. De las 63 prioridades del gobierno de Orsi, 17 ya estaban prácticamente en los mismos términos en el documento de la coalición republicana: entre ellas, la regla fiscal, la recuperación de las comisarías, el cuidado del trabajador policial o la búsqueda de la verdad sobre los desaparecidos. Otras 24 se le parecen, con matices de magnitud o de diseño institucional. Solamente 22 son nuevas (35%). Lo más llamativo: ninguna de las 63 prioridades contradice explícitamente alguno de los 174 compromisos de la coalición.

    ¿Son iguales ambas hojas de ruta? No. Las diferencias existen, pero no se expresan en afirmaciones contrapuestas, sino en énfasis y en silencios. Ocho de cada 10 medidas de 2019 no reaparecen en 2025. La reforma del Estado, la austeridad, la apertura comercial y las empresas públicas desaparecen de la agenda. La vivienda y el transporte, casi ausentes en 2019, pasan al primer plano. El peso de las políticas sociales es mucho mayor en 2025. Al mismo tiempo, la seguridad gana espacio: pasa de 13% a 21% de las medidas. En ese terreno, los dos bloques convergen hacia posiciones de mano dura.

    Ubiqué, además, los tres documentos en el eje izquierda-derecha con el método del Manifesto Project, adaptado a nuestro país. El gráfico muestra el resultado: las 63 prioridades de Orsi quedan en el medio, pero más cerca del Compromiso de Lacalle Pou que del programa del FA. El corrimiento proviene de sumar ley y orden, un tema casi ausente en las Bases programáticas, y de dejar afuera la participación, la planificación, la agenda laboral y buena parte de la agenda de memoria.

    En síntesis. Entre las Bases programáticas del FA y las Prioridades del gobierno de Orsi hay numerosas continuidades, pero también diferencias significativas. No porque el gobierno contradiga al programa del congreso, sino porque lo filtra. Y el filtro deja afuera propuestas especialmente sentidas por los militantes frenteamplistas. Con el Compromiso por el país de 2019 hay mucha superposición y ninguna contradicción. Si se cuentan las coincidencias, las 63 medidas están más cerca de las Bases que del Compromiso. Pero en el eje izquierda-derecha la imagen se invierte: quedan más cerca del Compromiso por el país, porque el gobierno resignó medidas de izquierda e incorporó varias propuestas de su adversario.

    Esto ayuda a entender el malestar de tantos frenteamplistas. Miles de militantes discutieron las Bases programáticas palabra por palabra. Luego, sin demasiadas explicaciones, una parte de lo que acordaron quedó afuera, y entraron propuestas que se parecen más a las del adversario que a las propias. Esta forma de procesar la elaboración programática tiene costos: frustra a los militantes, confunde a los votantes y, a la larga, desdibuja la identidad del partido.

    Faltan tres años para la próxima elección nacional. Ojalá los partidos, todos, usen este tiempo para preguntarse no solamente cómo ganar, sino con qué programa gobernar. Y para cuidar que la plataforma electoral se parezca más a las expectativas de sus militantes y menos a las propuestas del bloque rival.