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¿Por qué oponerse a la transparencia en los ingresos a la función pública? ¿Por qué dejar a discrecionalidad del intendente de turno la posibilidad o la tentación de “dar una mano” a quien él considera que lo necesita más que otro, o que simplemente conoce a la familia, o le debe algún favor?
“Solo faltó un voto para que los ingresos a las intendencias no sean más a dedo. Todos los partidos políticos salvo uno estuvieron a favor. Hay que seguir empujando para ganar en transparencia, igualdad y libertad”, escribió en su cuenta de X el exsenador colorado Adrián Peña el día que su proyecto de ley naufragó en el Senado. El legislador venía peleando por este cambio en la normativa desde hacía tiempo y había logrado el apoyo de todos menos del Partido Nacional, el que más intendencias tenía a su cargo en el momento de esta discusión. También lo había intentado antes el Frente Amplio, con la misma suerte. Mala suerte, en realidad. Peña murió un día después, pero la semilla quedó plantada.
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Pasó un año de aquel día, largas discusiones y cambios en el texto, pero un nuevo proyecto de ley para que los ingresos a las intendencias sean por concurso y por sorteo se puso a discusión del Parlamento, con una nueva integración y mayorías diferentes. Esta vez las manos levantadas serán suficientes para que el anhelo de que el clientelismo político en las intendencias deje de ser la norma empiece a concretarse. Al menos en parte.
En aquella sesión del martes 2 de abril de 2024, Peña dijo que “casi el 60% de las designaciones son a dedo”, y, según relevó luego la diaria, los datos producidos por el Observatorio de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) indican que ese porcentaje es aún mayor. Según el relevamiento sobre los ingresos en 2022, el 66,5% de los ingresos departamentales fueron por el mecanismo de designación directa.
Por momentos, sinceramente, parece una discusión inútil. Por parte de quienes se oponen o cuestionan el proyecto se advierte que es inconstitucional, que las intendencias tienen su autonomía, que los ingresos ya están regulados y que es redundante aplicar esta normativa. Claro, el problema es que el dedazo vive y lucha y ejemplos sobran. Hijos, parejas, tíos, sobrinos, amigos de amigos. Y también sobran las excusas.
A modo de ejemplo, el exintendente de Salto por el Frente Amplio, Andrés Lima, reconoció que contrató en forma directa a su cuñada “como una forma de puente” mientras le salía otro trabajo. Como tantas otras veces en tantos otros casos, cuando se hizo público, debió desvincularla. “El error me lo hicieron ver, a veces uno puede pensar que la decisión que tomé podía ser acertada, podía ser correcta por otras cuestiones de índole familiar, pero estaba equivocado y, al hacerme ver que era una decisión equivocada, lo reconocí y enmendé el error”, dijo entrevistado por Desayunos informales de Canal 12. Pero, además, reconoció que no había sido la primera vez, ya que durante su primer mandato debió cesar a su pareja luego de una observación de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).
Claro que no es el único caso. Hubo señalamientos sobre intendencias de todos los partidos en distintos períodos. No exclusivamente de familiares, pero quizás es el que más rompe los ojos y expone las diferencias a las que se enfrentan los ciudadanos comunes con los “militantes, amigos o familiares de”.
Según un informe publicado por Búsqueda en 2018, el exintendente Eber Da Rosa reconoció que no había en su intendencia directores de altas jerarquías que fueran parientes suyos, pero dijo que “puede haber uno en algunos cargos inferiores de carrera”. El semanario agregaba en aquel momento que luego el propio Da Rosa confirmó que la intendencia empleaba a varios de sus parientes. La nota de entonces relataba que, en Soriano, un primo hermano del intendente Agustín Bascou era coordinador de Obras de la intendencia, y que, según declaró el intendente, ingresó de manera directa al comienzo de su administración. En fin.
Hay una pregunta bastante obvia. ¿Por qué oponerse a la transparencia en los ingresos a la función pública? ¿Por qué dejar a discrecionalidad del intendente de turno la posibilidad o la tentación de “dar una mano” a quien él considera que lo necesita más que otro, o que simplemente conoce a la familia, o le debe algún favor? Bastante lejos de la igualdad de oportunidades, ¿verdad? Y como ejemplo de justificación, una declaración del exintendente y senador nacionalista Sergio Botana en FM Del Sol. “El sorteo hace que ingrese a trabajar un vagoneta que ni siquiera fue a anotarse, que lo anotó la novia o la anotó la madre y queda afuera una persona que sabe hacer las cosas y que necesita, un padre de familia con 7 u 8 hijos o una madre sola con hijos de cargo”. Una vez más, la discrecionalidad. El intendente elige de acuerdo a su percepción, un favor, una gauchada. La igualdad de oportunidades, bien, gracias. Y si el vagoneta es vagoneta y no cumple con su función, afuera. No parece tan difícil.
De todas formas, vuelvo al párrafo inicial. Este proyecto que regula los ingresos queda corto. Evita ingresar a un tema tan polémico como el anterior. Los cargos de confianza. Es verdad que este tipo de ingresos a las administraciones se dan —o así deberían— cuando el intendente entra y se van cuando el intendente se va. Y también es verdad que los administradores necesitan a gente de su confianza en los cargos de decisión, a su alrededor, trabajando en conjunto. Pero ¿cuántos cargos de confianza son necesarios? ¿No es importante dar también esta discusión? Porque esto también implica discrecionalidad y posible clientelismo. Acomodo, en criollo. Es un empleo de al menos cinco años que solo requiere la voluntad del intendente, que, además, cuenta con mayorías automáticas en la Junta Departamental. Probablemente es difícil de regular, pero tendremos una ley que regula los ingresos por concurso y por sorteo, y seguirán ingresando infinidad de cargos de confianza sin que se nos mueva un pelo.
Y no es lo único en lo que se queda corto. Un planteo de la excandidata a la vicepresidencia por el Partido Nacional y exsecretaria general del sindicato de municipales de Montevideo, Valeria Ripoll, alerta sobre este punto. Las contrataciones de ONG, cooperativas y fundaciones para hacer trabajos para las intendencias. No son ingresos como tales, pero puede generar también discrecionalidad a la hora de la selección. “El acomodo en las sombras”, lo llama Ripoll. Otro punto a considerar.
Durante el debate en la Cámara de Representantes del martes 6 hubo un agregado llamativo. Legisladores del Partido Nacional, que no comparten la iniciativa, o la comparten parcialmente, pero que igual dijeron que la votarán en general, señalaron que votarlo esta semana tenía intencionalidad política, ya que faltan horas para la próxima elección departamental. Claro que tiene intencionalidad política. Es la señal más firme que el sistema político puede darse a sí mismo y a quienes tengan desde el 11 de mayo la responsabilidad de dirigir los destinos de los uruguayos de los 19 departamentos. Basta de dedazos. Basta de clientelismo y basta de herir la credibilidad del sistema político. La gente se cansa, y sabemos que cuando la gente se cansa pasan cosas que no queremos. No vale llorar después.