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La democracia representativa solamente puede funcionar bien si los partidos i) elaboran plataformas electorales detalladas contrastables empíricamente, ii) explican con claridad sus propuestas programáticas durante las campañas electorales y iii) una vez en el gobierno, ajustan sus políticas públicas a los compromisos políticos previamente establecidos
Suele pensarse que los programas de gobierno no importan porque la ciudadanía no los lee y los políticos no los cumplen. Con esta preocupación (a la vez académica y ciudadana) entre ceja y ceja, a fines del año pasado, con Alejandro Guedes (magíster en Ciencia Política) y Valentina Viera Montes (licenciada en Desarrollo) presentamos una ponencia titulada “Plataformas electorales y esfuerzo programático El caso de la Coalición Republicana en Uruguay (2019-2024)” en el congreso organizado por la Asociación Uruguaya de Ciencia Política. Paso a compartir lo esencial del argumento y de la información construida.
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Nuestro punto de partida teórico fue el siguiente: es cierto que la mayoría de los votantes no decide su voto leyendo programas de gobierno, pero la democracia representativa solamente puede funcionar bien si los partidos i) elaboran plataformas electorales detalladas contrastables empíricamente, ii) explican con claridad sus propuestas programáticas durante las campañas electorales y iii) una vez en el gobierno, ajustan sus políticas públicas a los compromisos políticos previamente establecidos. Esta secuencia es imprescindible para que la representación funcione. El programa de gobierno debe ser considerado un contrato entre el elenco político y el electorado. Pero, como en todo contrato, la forma concreta de su redacción es siempre decisiva. Me explico.
La mensurabilidad es clave. Para que el contrato funcione es fundamental que las iniciativas incluidas en él sean chequeables. Si las propuestas programáticas son meramente aspiracionales, es decir, si son apenas declaraciones de buenas intenciones, se vuelve imposible, en los hechos, el ejercicio de rendición de cuentas en el evento electoral subsiguiente. Quiero detenerme en este punto: los partidos, en el corto plazo, no tienen incentivos para hacer promesas medibles. Los partidos saben que, también ellos, son dueños de sus silencios y prisioneros de sus palabras. Cuanto más concreta es la promesa, más sencillo es para la oposición verificar su eventual incumplimiento, y, por tanto, mayor el costo político de apartarse de ella. Por eso, en el corto plazo, existe un conflicto entre el interés de la ciudadanía (máxima mensurabilidad) y el interés electoral de los partidos (mínima mensurabilidad). Sin embargo, en el largo plazo este conflicto desaparece porque si los partidos, una y otra vez, evitan hacer promesas medibles, la ciudadanía dejará de creer en ellos.
Analizar el cumplimiento de las promesas no es sencillo. La literatura académica sobre esto insiste, con toda razón, en la importancia de minimizar la subjetividad a la hora de establecer el grado de cumplimiento. Algunas promesas electorales están formuladas en las plataformas electorales de un modo tal que no requieren ningún esfuerzo de interpretación por parte de quien intente verificar su concreción. Otras, en cambio, obligan al analista a utilizar su propio criterio. La literatura, finalmente, asigna tres valores a cada compromiso programático: i) totalmente cumplido, ii) parcialmente cumplido, y iii) no cumplido.
Munidos de estas herramientas, revisamos las 174 promesas electorales contenidas en los 13 capítulos del documento firmado por los cinco partidos que respaldaron en el balotaje de noviembre de 2019 la candidatura presidencial de Luis Lacalle Pou. Encontramos que el 79% del Compromiso por el país fue formulado de manera total o parcialmente medible. De las propuestas medibles, 41% fueron completamente cumplidas y 33% parcialmente cumplidas. En el 64% de los casos, para verificar el grado de cumplimiento hubo que buscar indicadores que no estaban claramente formulados en ella. Las áreas de política pública de mayor grado de cumplimiento fueron política exterior, seguridad y defensa. Mientras tanto, la de menor cumplimiento fue la gestión pública.
Dado que es la primera vez que aplicamos esta metodología, no tenemos cómo hacer comparaciones sistemáticas. De todos modos, la ciencia política uruguaya acepta pacíficamente que, al menos desde 1985 en adelante, nuestros partidos (cualquiera sea su signo ideológico) formulan con esmero sus plataformas electorales, y que el programa de gobierno siempre es la hoja de ruta de la gestión. El alto grado de cumplimiento del Compromiso por el país que registramos en nuestra investigación es consistente con esa tradición.
Nuestro trabajo tuvo también un objetivo teórico. Nos propusimos formular el concepto de esfuerzo programático distinguiendo las dos dimensiones a las que ya hice referencia: mensurabilidad y cumplimiento. El índice que elaboramos para medir el esfuerzo programático asigna la misma importancia a ambas dimensiones. En otros términos: para que pueda decirse que un partido (o una coalición) hace un esfuerzo programático significativo es necesario que la mayoría de los compromisos de campaña contenidos en su plataforma electoral sean medibles, y que, además, la mayoría de los compromisos asumidos hayan sido cumplidos (total o parcialmente).
Si queremos preservar la calidad de nuestra democracia, es imprescindible seguir prestando atención a ambas dimensiones del concepto esfuerzo programático. En primer lugar, es necesario que los partidos sigan formulando sus plataformas electorales en términos medibles. Hay que evitar que tomen por el atajo de proponer generalidades inverificables. En segundo lugar, es fundamental que se siga contrastando sistemáticamente cada acción de gobierno con lo dicho y escrito durante las campañas electorales. Esta es siempre una tarea de la oposición. Pero también debe serlo de periodistas, analistas y académicos.