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    Gobierno desafinado

    Aunque es loable querer darles mayores garantías a los trabajadores, es riesgoso tirar demasiado de la cuerda; los empresarios están alerta ante la agenda del Ministerio de Trabajo, que parece contradictoria con la de Economía

    Durante el primer año de gestión que se está completando por estos días, el gobierno de Yamandú Orsi mostró relativamente altos niveles de sintonía entre sus integrantes, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Parlamento, lo que le permitió aprobar algunas leyes importantes, como la de Presupuesto quinquenal, encolumnando al oficialismo detrás de varios cambios impositivos relevantes e incluso logrando el respaldo de votos opositores. Simultáneamente, también desarticuló —al menos por ahora— el debate en torno a la potencialmente peligrosa propuesta de agregar una “sobretasa” al Impuesto al Patrimonio al 1% más rico de la población, planteada por el PIT-CNT con el acompañamiento de algún ministro y un grupo de legisladores frenteamplistas.

    Paralelamente, el Ministerio de Economía aprobó varias medidas —que sus autoridades identifican como reformas microeconómicas relevantes— para simplificar trámites al comercio exterior y para contrarrestar los efectos adversos de la diferencia cambiaria con Brasil sobre el comercio uruguayo fronterizo. Además, se introdujeron modificaciones al régimen de promoción de las inversiones, con la premisa de que elevar la tasa de inversión es clave para que Uruguay supere el ritmo de crecimiento promedio mediocre de los últimos años. Más allá de que habrá que darles tiempo a todas estas transformaciones para poder evaluar su impacto efectivo, son una agenda necesaria, aunque insuficiente.

    Sin embargo, empiezan a oírse algunas notas discordantes dentro del oficialismo.

    El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) envió la semana pasada al de Relaciones Exteriores el texto de un proyecto de ley para ratificar un convenio internacional sobre la terminación de la relación laboral, que incluye el derecho de los trabajadores a contar con un período de preaviso antes de ser despedidos. Todavía no está claro con qué “porcentaje” de ajuste de la plantilla de trabajadores se activaría esa notificación requerida a los empleadores, ni los tiempos del preaviso, ya que eso se definirá en la eventual reglamentación de la ley.

    Hasta el momento, ese convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) cuenta con la ratificación de 36 de los 187 Estados miembros. Venezuela es el único país de la región dentro de ese grupo, ya que Brasil lo denunció en 1996, un año después de adherir.

    Esta iniciativa del MTSS parece inoportuna, dado que es notorio que la rentabilidad y la competitividad de muchas empresas se encuentra tensionada debido al desalineamiento cambiario y a costos crecientes. También porque, si bien Uruguay ofrece una estabilidad institucional que no todos los vecinos pueden mostrar, es caro para producir, lo que ha llevado recientemente a varias multinacionales —Alorica, UKG, BASF y, hace pocos días, Sabre— a anunciar la revisión de su operación en el país y en otras parte del mundo, incluyendo recortes importantes en sus plantillas.

    Es loable querer darles garantías a los trabajadores, pero es riesgoso tirar demasiado de la cuerda. Lo es para los propios asalariados, pero también para el país todo, porque la inversión productiva, en vez de crecer, se contraerá y con ella los ingresos.

    Los empresarios están en alerta ante la agenda promovida desde el MTSS, que en varios aspectos advierten como contradictoria con la del Ministerio de Economía. Para evitar que eso se transforme en un ruido desafinado, el presidente Orsi tendrá que lograr armonía en la orquesta gubernamental.

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