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Está muy bien querer proteger a quien se percibe como históricamente indefenso, pero difícilmente eso se logre a costa de eliminar las aristas de la realidad objetiva
Hace pocos días, dos debates pusieron en evidencia el conflicto que se puede generar cuando unas normativas perfectamente inclusivas a nivel teórico se dan de frente con la terquedad de los hechos materiales. En Estados Unidos, la basquetbolista profesional Sophie Cunningham comentó en una entrevista que creía necesario “proteger a las niñas en un vestuario, o a las niñas en el deporte, que no deberían tener que competir contra hombres biológicos”. Cunningham agregó: “Creo que estoy acá para dar amor. Pero también creo que con ese amor viene la verdad, el ser honesta”. Fue interesante la reacción: la jugadora fue inmediatamente acusada de ser tránsfoba, aunque en su declaración no cuestionó la identidad de las mujeres trans. La impugnación a su comentario fue moral antes que argumental: ciertas posiciones parecen quedar descartadas por el lugar que se asigna a quien las expresa, antes incluso de analizar qué está diciendo.
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Y es que la ventaja física real existe, por más que la abstracción teórica insista con que la materialidad de los cuerpos es poco relevante. Cuando las instituciones intentan redactar reglas, se encuentran con que ciertas categorías entran en tensión: no es fácil diseñar una norma que reconozca las diferencias biológicas asociadas al desarrollo masculino y, al mismo tiempo, establezca criterios de inclusión basados exclusivamente en la autopercepción. La biología funciona como el cálculo estructural en la ingeniería: es un límite tan real como una trompada aterrizando en la nariz de una boxeadora italiana en unos Juegos Olímpicos.
El debate llegó según esa misma lógica a Montevideo, cuando un club deportivo impidió el ingreso a los vestuarios femeninos a una niña trans de seis años. La madre pretendía cambiarla allí argumentando que, al poseer anatomía masculina, el uso de espacios comunes infantiles generaría incomodidad. Las autoridades del club mantuvieron que los vestuarios se organizan según el sexo biológico y no según la identidad autodeterminada. Quienes promueven en los niños estas transiciones tempranas suelen apelar a los “consensos de las sociedades pediátricas internacionales” como si fueran la verdad última. Muchas veces son adultos que, mientras apelan a esos consensos como certezas indiscutibles, ponen en duda la posibilidad de establecer criterios objetivos de realidad cuando esos criterios chocan con el marco interpretativo desde el cual miran el mundo.
Sin embargo, auditorías independientes, como el Informe Cass en el Reino Unido, cuestionaron la solidez de la evidencia sobre la que se habían construido las pautas clínicas para menores. A esto se sumaron controversias como la que involucró a la Asociación Profesional Mundial para la Salud Transgénero, cuyos intercambios internos revelaron discusiones sobre los límites de la evidencia disponible para algunos tratamientos y sobre la capacidad de los menores para comprender plenamente las consecuencias de intervenciones irreversibles.
Estos episodios visibilizan un cortocircuito en la discusión pública actual: los datos de la realidad son cada vez más sustituidos por los relatos afectivos. Está muy bien querer proteger a quien se percibe como históricamente indefenso, pero difícilmente eso se logre a costa de eliminar las aristas de la realidad objetiva. En el ecosistema político actual, la validez de un proyecto colectivo ya no se mide solamente por su capacidad de mejorar los indicadores socioeconómicos o por sus resultados tangibles en el territorio. Su valor se establece en el terreno de la fe identitaria, lo que provoca una suerte de blindaje psicológico: si un hecho o una auditoría cuestionan la pureza de mis intenciones, se asume automáticamente que se trata de agresiones ideológicas o falta de empatía. Básicamente, que, si las cuentas no cierran, la culpa es de las matemáticas, que son poco inclusivas.
Esta forma de procesar el disenso resume de alguna forma el avance del constructivismo social posmoderno. Una corriente que terminó influyendo en el diseño institucional de determinadas dependencias gubernamentales, convenciendo al ciudadano de que la lógica científica y los hechos objetivos son poco menos que herramientas de dominación del Occidente imperial. De esta forma se va destruyendo el terreno común que permite a los ciudadanos controlar el poder. La mayor ironía de este enfoque es que, si la “verdad objetiva” no existe, la idea misma de cambio social carece por completo de sentido. Ouroboros strikes again.
Para transformar una realidad material, primero es indispensable poder decir, con un mínimo de precisión, dónde estamos parados. Si la pobreza o la desnutrición no son datos duros sino meras “interpretaciones”, se vuelve imposible trazar una ruta hacia algo mejor. A la vez, esta relativización les roba a los sectores más vulnerables su herramienta más potente: la posibilidad de mostrar su sufrimiento y decir “esto es real, es injusto y hay que cambiarlo”. Sin hechos objetivos, el reclamo del oprimido vale lo mismo que el discurso del opresor.
Y ahí puede estar el núcleo del problema: se puede tener la loable intención de mejorar cualquier asunto común y público, pero si no se hace con base en un acuerdo previo sobre ciertos criterios compartidos de realidad, esa transformación se vuelve imposible. La política moderna se construyó sobre la posibilidad de discutir diferencias dentro de un mismo mundo mensurable. Cuando ese terreno común se debilita, también se vuelve más difícil construir consensos reales. Sin ese trasfondo racional que permite que la experiencia colectiva sea evaluada y corregida, las sociedades pierden su capacidad de aprender de sus propias decisiones y pasan a ser un espacio en donde distintos actores intentan imponer sus categorías sobre una realidad que muchas veces no responde a ellas.
Los dos casos citados son apenas un par de emergentes que se nos presentan como conflictos derivados del más puro deseo de mejorar la convivencia. Al mismo tiempo, también pueden ser leídos como resultado de decisiones políticas previas que, mientras ofrecen soluciones a problemas existentes, crean otros nuevos. Decisiones que, al ser contrastadas con la realidad que intentan modificar, producen efectos colaterales que nadie calculó cuando fueron tomadas, a veces años antes. Si no tienen un costo claro para quienes deciden, la posibilidad de que esas teorías ideales se conviertan en políticas y normas que luego no funcionan permanecerá siempre abierta.
Lo verdaderamente problemático es que cuando a la gente le dé por contrastar la épica moral con sus discutibles resultados en la gestión pública, la respuesta social difícilmente vaya a ser un amable retorno a la moderación. Será más bien el descreimiento total, el nihilismo del “todos son iguales”. La pérdida de criterios compartidos para evaluar las decisiones políticas abre la puerta al próximo populista que prometa usar el martillo para demoler el edificio por completo. Esquivar el mundo real y eludir la rendición de cuentas son, en realidad, nuestras principales incubadoras de problemas políticos para mañana.