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El miércoles 7 de octubre se presentó Democracia en el territorio: poder y política en el Uruguay subnacional en la Feria Internacional del Libro. Esta obra es producto de varios años de trabajo de un equipo de 15 investigadores liderado por Martín Freigedo, colega del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales (Udelar). Es, lisa y llanamente, un libro formidable, lectura imprescindible para la comunidad de práctica democrática de nuestro país.
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Democracia en el territorio analiza cinco gobiernos departamentales: Cerro Largo, Colonia, Maldonado, Salto y Tacuarembó. Lo que se buscó al escoger estos casos fue entender patrones generales del funcionamiento de las intendencias departamentales. Para eso, el equipo de investigación exploró a fondo cinco dimensiones complementarias: i) relaciones entre intendente y Junta Departamental, ii) ingreso y gestión de recursos humanos, iii) relación entre intendencias y medios de comunicación, iv) interrelación entre poder económico y poder político a nivel departamental, y v) poder político de la sociedad civil en cada departamento.
Como corresponde a un texto académico, y sin perjuicio de haber sido escrito para un público interesado en la política pero no especializado, el tono es sobrio, prudente, muy profesional. La principal conclusión del trabajo es de una relevancia incuestionable para todos quienes nos ocupamos de la política uruguaya y sus desafíos: existe un contraste significativo en términos de calidad de la democracia entre el nivel nacional y el departamental. Hay democracia: las autoridades son nominadas en elecciones libres y justas, con altas tasas de participación electoral. Sin embargo, la dinámica política a nivel departamental tiene problemas serios de carácter estructural.
Primero. El intendente es mucho más poderoso que la Junta Departamental. El diseño institucional coloca al intendente en una posición de predominio difícil de contrapesar. Desde el inicio de su mandato cuenta con mayoría en la Junta Departamental (asegurada por la Constitución), lo que lo exime de negociar con la oposición. A esa ventaja se suman tres instrumentos. Tiene la iniciativa exclusiva en materia presupuestaria y tributaria, lo que le permite fijar la agenda. El veto del intendente solo puede levantarse con tres quintos de los ediles, lo que le permite bloquear las iniciativas que no comparte. Y designa directores y funcionarios de confianza sin intervención de la Junta, lo que le asegura el control de la administración. El Tribunal de Cuentas observa a menudo, pero sus observaciones no tienen efectos prácticos. En suma, y en proporción, en términos de Martín Freigedo, el intendente concentra en su departamento más poder que el que el presidente de la República ejerce en el nivel nacional.
Segundo. En los gobiernos departamentales la lógica política se impone a la administrativa y el patronazgo organiza el empleo público. El acceso a la intendencia depende de la afinidad o la militancia en el partido del intendente: la presencia en comités y actos opera como credencial, que el triunfo electoral convierte en empleo. Los sectores del partido gobernante se reparten las direcciones, y los cabezas de lista y punteros territoriales median entre la base militante y el ejecutivo. La temporalidad de los contratos cierra el mecanismo, porque la amenaza de no renovarlos ante señales de desafección política hace del empleo un instrumento de control. Estas prácticas atraviesan partidos y departamentos y gozan de una sólida cobertura jurídica, ya que el artículo 275 de la Constitución faculta al intendente para designar a los funcionarios.
Tercero. La política extiende su influencia también sobre los medios de comunicación. La publicidad oficial es una herramienta de presión eficaz, porque la pauta de intendencias y juntas departamentales representa una parte significativa de los ingresos de los medios locales, lo que favorece la autocensura. A esa dependencia económica se suman vínculos informales entre ambos mundos, que con frecuencia llegan a superponerse: no es raro que un periodista trabaje a la vez para el gobierno departamental y para un medio. Completan el cuadro que el mercado de medios de comunicación suele estar dominado por un grupo poderoso en cada departamento, y un periodismo de investigación escaso.
Cuarto. En el “país de las cercanías”, según la fórmula de Carlos Real de Azúa, no puede sorprender que los grupos económicos y el poder político departamental mantengan vínculos estrechos. Las intendencias controlan decisiones que pesan directamente sobre la rentabilidad empresarial, desde la habilitación de inversiones hasta la obra vial y las compras públicas. El lobby existe, como a nivel nacional, pero el canal de influencia más directo es la relación personal entre empresarios y ejecutivo departamental. A ello se suma, como en otros niveles de gobierno, el peso del financiamiento privado en las campañas por la intendencia.
Quinto. El libro también estudia la sociedad civil en los departamentos seleccionados. Sin perjuicio de reconocer que existe vida organizativa activa, concluye que la capacidad de incidencia de las organizaciones de la sociedad civil sobre las políticas públicas departamentales es limitada. Las autoridades departamentales suelen convocarlas a reuniones, diálogos, mesas de coordinación, pero rara vez se hacen realmente cargo de las demandas. La sociedad civil no escapa a la tendencia general: muchas de ellas dependen económicamente de la intendencia (que facilita sedes, financia proyectos o brinda apoyo logístico).
En otros términos: la dinámica de los departamentos (la actividad económica, el mundo del trabajo, el flujo de información, la vida social) gira en gran medida en torno a los gobiernos departamentales que, a su vez, se estructuran básicamente en torno a las decisiones del intendente de turno. Pero lo que hacen los intendentes, además, es poco visible (falta transparencia) y poco controvertible (faltan checks and balances). Es por eso, y no por la excelencia de sus gestiones, que los intendentes generalmente son reelectos. Es por eso que, cuando ya no pueden ser reelectos, designan su sucesor sin mayor resistencia. Es por eso que, gobernantes que parecían muy solventes en el nivel departamental, no funcionan del mismo modo colocados en cargos nacionales.
La política uruguaya tiene una tremenda heterogeneidad estructural. Alto nivel de desarrollo democrático (en términos comparados) a nivel nacional. Bajo nivel de desarrollo democrático a nivel subnacional. Que no se lea esto como una crítica a las personas. Los intendentes tienen la inmensa virtud de empatizar con los problemas de su gente. Es una crítica al diseño institucional. Más temprano que tarde habrá que tomar en serio este problema y reformar la Constitución.