¡Te llevan!

Si nos ordenamos, entendemos todos. El plebiscito de octubre de 2024, que naufragó en las urnas, tenía tres propuestas bien claras para modificar el artículo 67 de la Constitución. La primera establecía que el sistema se gestionaría exclusivamente a través del Estado y de personas públicas no estatales, “quedando prohibidos los sistemas de ahorro individual”. Esto es, eliminar las administradoras de fondos de ahorro previsional, las viejas y queridas (para algunos) AFAP.

El tema es que ahora son varias las voces que aseguran que el documento elaborado por quienes participaron del Diálogo Social no respeta la voluntad popular. Dicen que la gente ya decidió y que el plebiscito de 2024 dejó firme la reforma jubilatoria que el gobierno anterior había logrado aprobar en 2023. Y acá es donde empieza el problema que termina en la confusión actual.

El plebiscito no fue, en su letra, contra la reforma jubilatoria del expresidente Luis Lacalle Pou, que entre otras cosas estableció la edad mínima para retirarse en 65 años con algunas excepciones. El rechazo al plebiscito no dejó firme ninguna ley. Simplemente no modificó la Constitución en la línea que el PIT-CNT y algunos sectores frenteamplistas querían. La mayoría de los votantes no acompañó que se eliminaran las AFAP, ni que se escribiera en la Constitución que la edad para jubilarse eran 60 años ni tampoco que ninguna jubilación podría ser menor al salario mínimo. Eso fue lo que se votó. Es cierto que quizás parte de la población haya votado en contra porque defendía la reforma de Lacalle Pou. O porque todo lo que venga del PIT-CNT le parece negativo. O porque no quería que se eliminaran las AFAP por temor a que el Estado se comiera sus ahorros. Perfecto. Pero la papeleta era clara en las modificaciones constitucionales. La intención que le ponga cada uno a su voto es otra cosa. Igual que la intención del que lo propone. Pero blanco sobre negro lo que se rechazó fue lo detallado unas líneas atrás.

Entonces, ¿qué es lo que no está respetando el documento del Diálogo Social? Y, eventualmente, ¿qué es lo que no respetaría el gobierno si siguiera sus recomendaciones?

El texto plantea modificaciones al régimen de AFAP, sí. Pero en ningún momento plantea eliminarlas. Así lo aseguraron tanto el presidente Yamandú Orsi como el ministro de Economía, Gabriel Oddone, visiblemente molesto por la forma que estaba tomando el debate. “Ni se estatizan las AFAP ni desaparecen, y mucho menos los fondos, que son individuales, van a pasar a estar diluidos. Eso es clave porque, si no, se genera una situación de alarma en la población y una señal negativa para los mercados”, dijo.

El documento establece incluso que “en octubre de 2024 la ciudadanía reafirmó que el sistema previsional de Uruguay está basado en un esquema con tres pilares y con participación de administradoras de ahorro especializadas” y eso no está en cuestión. Claro, uno puede coincidir o no con lo que el Diálogo Social propone sobre este tema. Recién presentado, lo que prevalece es la duda. ¿Qué es ese “organismo público que se encargará de administrarlas”? ¿Quién lo define y quién lo integra? ¿Es un nuevo organismo estatal? ¿Las personas podrán seguir eligiendo en qué administradora estarán? Y lo más importante: ¿las eventuales modificaciones generarán un beneficio a la hora del retiro? Porque, al fin y al cabo, es lo que le importa a cualquier trabajador. Si no, con todo respeto, pierde el sentido.

Hay otro elemento que vale la pena recordar y que también puede abonar al ruido. Poco antes de las elecciones, en octubre de 2024, el entonces jefe de campaña de Orsi, hoy secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo que había que “nacionalizar” las AFAP. Provocó un debate lógico, avivó todos los cucos y luego debió salir a aclarar. Dijo que fue una ironía. Esa presunta ironía ahora viene a la mente de quienes creen que el gobierno quiere ir contra la voluntad del pueblo, y tiene sentido.

Y otra cosa que quedó en la memoria colectiva es que, una vez rechazado el plebiscito, el Frente Amplio anunció que volvería a discutir algunos puntos en un diálogo social, porque había aspectos de la Ley 20.130 que no lo conformaban. Por ejemplo, el aumento de la edad de jubilación a 65 años. El documento que se dio a conocer entiende conveniente incorporar una causal de retiro anticipada que permita que las personas puedan retirarse a partir de los 60 si así lo desean. Plantea también que quienes tienen niveles de aportación más altos tengan incentivos para jubilarse a los 65, y que quien no quiera adelantar su jubilación no lo haga. ¿Vulnera esto lo que rechazó la ciudadanía en el plebiscito? De ninguna manera. Este ítem da la posibilidad de adelantar la jubilación —sabiendo que se cobrará menos si se opta por esto—, pero no deja establecida en la Constitución la obligatoriedad.

Entonces, si vamos a dar la discusión, démosla con todos los elementos. Es cierto que el Diálogo Social terminó siendo menos participativo de lo esperado, pero eso no es responsabilidad del gobierno ni del resto de los participantes. Fueron los partidos de la oposición los que decidieron no integrarlo por entender que tenían pocos lugares en la mesa de debate. Con distinta mirada, Cabildo Abierto participó, hizo aportes y destacó que fueron tomados en cuenta.

Con todo esto sobre la mesa, discutamos, pero sin falacias. Cualquiera puede oponerse, cuestionar y finalmente votar en contra de lo que llegue al Parlamento, pero las conclusiones del documento no avasallan la voluntad popular. ¿O tenemos que pensar que quienes apoyaron el plebiscito para habilitar los allanamientos nocturnos, también en 2024, pretendían avasallar la voluntad del pueblo que ya les había dicho que no en la reforma Vivir sin Miedo impulsada por Jorge Larrañaga? ¿Vieron? Eso también es una falacia. Y también se utiliza, ¿eh?