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El gobierno deberá ser muy cuidadoso en su comunicación sobre los cambios en la seguridad social, que tocan el corazón de la buena reputación institucional que ha construido el país en las últimas décadas
Este mes que termina se cumple el 30 aniversario de la reforma de la seguridad social de 1996 que, entre otras cosas, creó el pilar de ahorro individual en paralelo al de solidaridad intergeneracional en manos del Banco de Previsión Social (BPS). Fue una transformación necesaria ante los problemas de sostenibilidad financiera de un sistema jubilatorio que, a la luz de los cambios demográficos y sus tendencias, así como las transformaciones en el mercado de trabajo, vuelve a aparecer. Por eso, es razonable que el sistema sea ajustado cada cierto tiempo.
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En 2023, durante la administración presidida por Luis Lacalle Pou, se introdujeron varias modificaciones significativas, entre ellas, un aumento gradual de la edad de jubilación —a 65 años— atendiendo la mayor esperanza de vida de la población, además de la obligación de aportar a una administradora de fondos previsionales (AFAP) a los nuevos trabajadores.
Las calificadoras de riesgo ponderaron esa reforma como positiva al darle más sostenibilidad a las finanzas de la seguridad social y, en definitiva, a las cuentas públicas. La nota de la deuda pública de Uruguay mejoró, consolidándose dentro del grado de inversión no especulativa o investment grade.
Pero estos asuntos volvieron a estar en cuestión en la campaña electoral del 2024, tanto por las referencias programáticas partidarias como por el plebiscito para tratar de revertir el núcleo de esa reforma y de la anterior. La papeleta impulsada por el PIT-CNT y algunos partidos ortodoxos de izquierda a favor de esa marcha atrás fracasó al alcanzar el 40% de adhesiones, ya que precisaba la mitad más uno para ser aprobado.
En una de sus primeras entrevistas públicas como ministro de Economía, en marzo del 2025, Gabriel Oddone aseguró en el evento Desayunos Búsquedaque del Diálogo Social que convocaría el nuevo gobierno podría surgir que las AFAP dejen de realizar algunas funciones no “sustantivas” y que se enfoquen exclusivamente en la “gestión profesional” de los ahorros.
Ahora, ya cerrado ese diálogo que llevó casi nueve meses, las conclusiones presentadas esta semana están en línea con lo que se decía desde el equipo de Yamandú Orsi en la campaña.
El Poder Ejecutivo quiere dar flexibilidad para que ciertos trabajadores —con más desgaste o riesgo laboral— puedan jubilarse antes de los 65 años; se ampliarán algunas transferencias sociales con prioridad en los niños en situación socioeconómica vulnerable, y se acotará el rol de las AFAP a la gestión de los portafolios de inversión con ahorros de los trabajadores en competencia, eventualmente, con otros agentes. Si se aprueba ese último aspecto de la nueva reforma, las cuentas de ahorro individual serían manejadas de forma centralizada por un “organismo público que se encargará de administrarlas, de manera integrada con las prestaciones de los restantes pilares”. El gobierno, basado en algunos estudios técnicos, entiende que este eventual cambio redundará en una mayor competencia, minimizará los costos y maximizará el retorno.
Parece una modificación no menor en el régimen actual y, por eso, las AFAP privadas sienten afectado su negocio. De pique, a través de su asociación denunciaron una “estatización” de los fondos previsionales, un asunto que, si prospera la reforma, habrá que ver en qué deriva.
Si bien este tipo de reformas eran postulados de la campaña electoral de Orsi, no debería sorprender que, al ponerlas sobre la mesa, generen ruidos en torno a la imagen de Uruguay y afecten el apetito de los inversores por el país y su deuda, como ya le insinuaron al ministro Oddone los inversores en su reciente viaje a Washington. Mientras el PIT-CNT festeja los anuncios, el gobierno deberá ser cuidadoso en su comunicación sobre estos asuntos, que son delicados y están en el corazón de la buena reputación institucional que ha construido el país, con distintos gobiernos, durante al menos las últimas tres décadas. Un tropiezo con este tema puede salir caro.
