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Mientras que hay miles de presos por narcotráfico, estafa, trata de personas o tráfico de armas, delitos que se consideran precedentes al de lavado, las condenas por blanqueo se cuentan con los dedos de las manos
El ataque a la fiscal general Mónica Ferrero tuvo como una respuesta concreta, solicitada por el presidente Yamandú Orsi, el avance en el Parlamento de un proyecto de ley que modifica normas de combate al lavado de activos. Aunque persisten diferencias sobre el contenido específico de la iniciativa, los partidos mayoritarios consideraron que era necesario dar el paso y, a la vez, mostrar una señal de unidad en un tema tan crucial y delicado.
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Salvo que pase algo extraño, la Cámara de Diputados dará sanción definitiva al proyecto que aprobó el Senado el miércoles 8. Y, si bien el contenido de la propuesta pueda ser necesario, claramente será insuficiente.
Uruguay es experto en sancionar leyes antilavado, pero, como marcan las evaluaciones internacionales y los datos internos, es muy malo en su aplicación. Mientras que hay miles de presos por narcotráfico, estafa, trata de personas o tráfico de armas, delitos que se consideran precedentes al de lavado, las condenas por blanqueo se cuentan con los dedos de las manos. En otras palabras: los narcos obtienen cuantiosos ingresos por sus negocios y nadie es castigado por su ingreso al sistema legal.
El combate al lavado es fundamental para intentar contener el avance del crimen organizado. Hay que pegarle a los criminales en el bolsillo y también perseguir judicialmente a quienes los ayudan en la tarea de convertir sus ingresos en inmuebles, autos, otros bienes de valor o negocios legales.
El dinero del crimen corrompe a funcionarios de distintos niveles del Estado para poder operar. Compra soldados en las calles de Uruguay para dominar territorios, matar y vender sus productos. Financia ataques a las autoridades como el que sufrió la fiscal Ferrero. De a poco se enfrenta al Estado y en algunos lugares lo supera. Hay que mirar lo que sucedió en la región para imaginarse cómo, con las características propias de cada país, puede suceder en Uruguay.
El especialista y ex prosecretario de la Presidencia, Leonardo Costa, dijo el lunes 13 en el programa Así nos va, de Radio Carve, que Uruguay no está “tan lejos de que el narcotráfico llegue a la política”. Eso —debería agregarse— si es que no se infiltró ya en el sistema.
Teniendo en cuenta algunas de las últimas señales, es posible que ya estén ocupando algunos espacios. La propia Ferrero trasmitió al Parlamento, según una nota publicada en la última edición de Búsqueda, su preocupación por lo que está ocurriendo en Fiscalía, donde algunos abogados vinculados profesionalmente a narcotraficantes están realizando todo el recorrido necesario para lograr ser fiscales. Y esa es solo la punta del iceberg.
Desde hace años que en la Policía sospechan que pueden estar infiltrados en lugares clave por colaboradores de los narcotraficantes. También algunos tienen dudas de lo que puede estar ocurriendo en la política, en especial teniendo en cuenta gastos excesivos en algunas campañas electorales.
El episodio Ferrero tomó por sorpresa a unos cuantos. Hay quienes sostuvieron que se trata de “un antes y un después”, pero es un error verlo de ese modo. Es el síntoma de algo que ya está sucediendo, aunque quizás muchos no quisieron reconocerlo o le restaron importancia. Esperemos que este llamado a la realidad, si bien duro, empuje hacia la acción.
