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Acnur y OIM piden a Uruguay que cambios al pasaporte no impliquen un retroceso para los ciudadanos legales
Las modificaciones al documento que despertaron polémica eran “plenamente” compatibles con los “estándares internacionales” y no surgieron “de la noche a la mañana”, señalan las organizaciones vinculadas a Naciones Unidas
Mientras el gobierno evalúa cómo solucionar el problema surgido con los pasaportes que emite Uruguay, organizaciones vinculadas a Naciones Unidas reclaman a las autoridades que la revisión no implique un retroceso para los ciudadanos legales que obtienen ese documento.
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El Poder Ejecutivo dio marcha atrás el 29 de julio a los cambios en el pasaporte implementados en abril, luego de que algunos países informaran que la nueva confección del documento dificultaba el ingreso o la obtención de visas. El principal cambio cuestionado fue la eliminación del apartado que incluía el lugar de nacimiento del titular del pasaporte. Los ministerios de Interior y de Relaciones Exteriores dejaron sin efecto esa eliminación y volvieron a la versión anterior del pasaporte, aunque aclararon que era una medida transitoria.
Este miércoles 13 la oposición votó la convocatoria del llamado a la comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes del canciller Mario Lubetkin y el ministro del Interior, Carlos Negro, por este tema. El objetivo, según la nota aprobada por la comisión, es “conocer las razones que motivaron los últimos cambios en los procedimientos de emisión, así como las consecuencias que provocaron ambas decisiones”.
Un “país campeón”
En una columna de opinión publicada este viernes 22 en Búsqueda, la representante adjunta de la Oficina Regional de la Agencia de Naciones Unidos para los Refugiados (Acnur) para el Sur de América Latina, Claudia Isabel Rodríguez Sirtori, y el Jefe de Misión de la Oficina de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Argentina con Funciones de Coordinación, Alejandro Guidi, solicitaron a Uruguay que la solución al problema no implique un retroceso para los ciudadanos legales.
“A fines de julio de este año, tras un intenso debate público sobre la eliminación del campo de lugar de nacimiento, Uruguay decidió volver a incluir nuevamente este campo en los pasaportes. Esta es una decisión soberana, plenamente compatible con los estándares internacionales —como lo había sido su eliminación”, dice la nota.
“La reincorporación del campo del lugar de nacimiento, en cualquier caso, no debiera implicar que las personas ciudadanas legales vuelvan a la situación anterior y que no puedan mostrar su condición de ciudadanos del Uruguay, mientras las autoridades concernidas evalúan cómo zanjar definitivamente las prácticas inconsistentes relativas a la condición jurídica de nacionalidad”, añade. “Como ha evidenciado un reciente informe de Acnur, por muchos años, la práctica estatal de Uruguay fue consistente con la posición de que las personas ciudadanas legales poseen la nacionalidad de Uruguay (aún si no son ni pasan a ser 'ciudadanos naturales', tras obtener 'carta de ciudadanía' en el país)”, señalan las organizaciones.
La columna recuerda que los cambios al pasaporte uruguayo dispuestos en abril habían sido celebrados por las organizaciones vinculadas a los derechos humanos y respondían a un trabajo iniciado en el gobierno de Luis Lacalle Pou.
“Esta idea de revisar el código del campo de nacionalidad, y cambiar la práctica administrativa, no fue pensada de la noche a la mañana. De hecho, vino a cristalizar el compromiso, tanto de la anterior administración de gobierno como de la actual, de propiciar una progresiva revisión del marco normativo y administrativo concerniente a la nacionalidad y a la ciudadanía legal, y a los documentos respectivos que prueban la nacionalidad de los ciudadanos legales uruguayos”, describe.
La columna cierra destacando que Uruguay “es un país campeón en la promoción de los derechos humanos, la movilidad humana y la erradicación de la apatridia”, y que Acnur y la OIM seguirán “respaldando los esfuerzos y el compromiso del Estado de revisar el marco normativo y administrativo para asegurar el derecho a la identidad y nacionalidad de sus ciudadanos, según proceda, así como de las personas refugiadas y apátridas que tienen derecho a la naturalización facilitada”.
