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Corte Interamericana de Derechos Humanos sesionará en Uruguay, una señal de “respaldo al multilateralismo”
Tras una invitación de la Cancillería, la Corte aceptó sesionar, pero aún no ha definido si realizará supervisión de cumplimiento de dos sentencias contra al país, ambas por desapariciones forzosas
Ricardo Pérez Manrique, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
La Cancillería invitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a sesionar en Uruguay. Y la Corte, un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), aceptó. Aunque aún no están definidos la fecha, los asuntos que se abordarán ni si se realizarán audiencias de cumplimiento de sentencias contra el país anfitrión, probablemente sesione en setiembre u octubre, durante una semana, en Montevideo. Uno de los siete jueces de la Corte, el uruguayo Ricardo Pérez Manrique, dijo a Búsqueda que la invitación del gobierno uruguayo se toma como una señal de “respaldo al multilateralismo”.
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La invitación de Cancillería a la CIDH revela, para Pérez Manrique, “una actitud del Estado uruguayo y de la sociedad uruguaya amigable con el sistema interamericano de protección de derechos humanos, un reconocimiento a la tarea de la Corte, y a 46 años de trabajo y aporte a la vigencia de los derechos humanos”. El juez remarcó que el multilateralismo es “un instrumento muy importante”, porque “parte de la base de que todos los Estados, más allá de la cantidad de su población, de su poderío económico o militar, tienen la posibilidad de sentarse alrededor de una mesa a discutir los grandes temas de la humanidad y a participar en propuestas de solución de esa problemática”, razones por las que “tal vez algunos sectores lo atacan de una manera tan feroz”.
La Corte Interamericana ha emitido tres sentencias contra el Estado uruguayo: en 2011, por el llamado caso Gelman y por el caso Barbani Duarte y otros; y, en 2021, por el caso Maidanik y otros. En cuanto al caso Barbani Duarte y otros exclientes del Banco de Montevideo, la Corte exigió al Estado uruguayo garantizar que puedan presentar sus peticiones con las garantías establecidas y en cumplimiento de la legislación nacional. Un Tribunal Arbitral ad hoc revisó 344 casos de exclientes del banco, falló a favor de los demandantes en 50 casos, la CIDH dio por cumplidas las reparaciones ordenadas y archivó el expediente el año pasado.
Los otros dos casos aún siguen abiertos, pendientes de que se encuentre a los desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. María Claudia García, la nuera del poeta Juan Gelman, detenida en 1976 y trasladada de forma clandestina a Montevideo, sigue desaparecida. La Corte también responsabiliza al Estado uruguayo por la desaparición forzosa de Luis Eduardo González y Óscar Tassino, en el marco del caso Maidanik y otros.
“Un tribunal de paz”
La Corte Interamericana sesionó en Uruguay en 2007, 2019 y 2023. Sus jueces fueron recibidos entonces por los presidentes Tabaré Vázquez y Luis Lacalle Pou. Pérez Manrique destacó que “hay una actitud de todos los gobiernos de Uruguay de cumplimiento de las sentencias de la Corte”. De hecho, la entonces vicepresidenta Beatriz Argimón aceptó públicamente en 2023 la responsabilidad del Estado por la ejecución extrajudicial de “las muchachas de abril”, en el caso Maidanik y otros, en cumplimiento de parte de la sentencia.
Un tribunal internacional de derechos humanos, como la Corte Interamericana, es también “un tribunal de paz”, remarcó Pérez Manrique, en el sentido de que permite que “heridas muy hondas que están en las sociedades puedan ser resueltas de manera jurídica”. Aunque no establece responsabilidades penales, sí estipula cuál debió haber sido la debida aplicación del derecho en el caso concreto y de qué manera se puede evitar que las violaciones a los derechos se repitan posteriormente. “Eso contribuye a la paz interna y, en la medida que hay Estados que actúan conforme al derecho internacional, también hay una contribución a la paz en general”, destacó Pérez Manrique.
El magistrado fue postulado por el canciller Rodolfo Nin Novoa en 2018 y fue electo juez de la Corte Interamericana desde 2019 hasta 2025 en Asamblea de la OEA. El canciller Omar Paganini postuló su reelección, tras lo que Pérez Manrique se convirtió en el primer magistrado uruguayo en ser reelecto en la Corte. Su mandato termina en 2031.
Democracia
“Es clave afirmar el multilateralismo y una relación fundada en el derecho entre los Estados. De otra forma no hay paz. En un mundo multilateral cada vez es más imprescindible acuerdos básicos de convivencia que tengan en cuenta los elementos sin los cuales la humanidad no es humanidad”, dijo Pérez Manrique.
El magistrado destacó el valor de la democracia, de la convivencia y de los principios básicos del derecho internacional: la autodeterminación, la no intervención, el respeto a los derechos humanos en cada país y el valor de vivir en un régimen en el que “la gente auténticamente pueda elegir a sus gobernantes, ponerlos en el poder y sacarlos del poder mediante los mecanismos jurídicos adecuados cuando esos gobernantes no satisfacen a las personas”.
En este marco, el juez subrayó la importancia de las audiencias que se realizarán en marzo en Brasilia. Guatemala pidió una opinión consultiva a la CIDH sobre el concepto de democracia, sobre sus puntos básicos, un asunto que se debatirá en la capital de Brasil.
El ministerio de justicia y la Constitución
La creación del ministerio de justicia y derechos humanos, que se convertiría en la decimoquinta cartera del Poder Ejecutivo, fue un compromiso de campaña que asumieron los dos candidatos que llegaron al último balotaje: Yamandú Orsi y Álvaro Delgado. Sin embargo, el gobierno aún no ha presentado un proyecto de ley al respecto y hay legisladores de la oposición que se resisten a la idea.
Pérez Manrique, exministro de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, fue consultado sobre el tema por Búsqueda y respondió que es un asunto que debe ser discutido “jurídicamente, en base a criterios que determina la Constitución”. El magistrado sostuvo que “la Constitución hace un detalle muy preciso y concreto sobre cómo debe funcionar el Poder Judicial y cuáles son las funciones de la Corte”, por lo que “hay competencias que son de la Corte porque la Constitución lo dice y nadie se las puede quitar” sin reformar la carta magna.
A su vez, señaló que “en caso de crearse un ministerio de justicia, deberán respetarse las competencias de la Corte”. Qué funciones debería cumplir el ministerio de justicia y cuáles serían sus competencias está aún en debate.
