En la tarde del miércoles 17, tras el temblor político en Artigas ante la condena judicial del intendente de Artigas, Pablo Caram, por omitir denunciar el pago irregular de horas extras durante su gestión, los blancos se debatían entre los pedidos de renuncia y el silencio de radio. “No hay que hacer olas, hay que esperar que baje la espuma”, repetían algunos con el extraño argumento de que lo que pasa en Artigas queda en Artigas. Pero la espuma estaba alta.
No solo el jefe comunal fue condenado, también su primo, Rodolfo Caram, exsecretario general y actual director de Desarrollo Productivo de la intendencia, y su pareja, la funcionaria municipal Stefani Severo, por el delito de fraude. Y además se esperaba por esas horas de la tarde una condena más, que se terminó confirmando en la noche, contra la exdiputada Valentina dos Santos, sobrina del intendente, que renunció a su banca en el Parlamento para asumir al frente de la comuna, involucrada en la causa por ordenar el registro de horas extras a funcionarios de la intendencia.
Demasiado barullo y entrevero en Artigas para que no se escuche en Montevideo, donde en el Honorable Directorio del Partido Nacional aguardaba o por las renuncias de estos dirigentes al partido o por planteos formales de otros blancos, que, aunque también con cierta discreción, exigían una actuación de la Comisión de Asuntos Políticos o de la Comisión de Ética.
Sobre la noche del miércoles se fue despejando el panorama. El intendente Caram envió una nota a la presidenta del directorio blanco, Macarena Rubio, para que su caso sea analizado por la Comisión de Ética del partido. Y tanto Rodolfo Caram como Dos Santos —incluso antes de que se conociera su condena— presentaron sus renuncias al Partido Nacional.
Horas antes, el senador Carlos Camy, miembro del directorio, había enviado una carta al resto de sus compañeros. “Los sucesos que involucran jerarcas de la Intendencia de Artigas —ni más ni menos que el intendente y cargos de confianza y políticos relevantes— sobre los que recaen sentencias condenatorias, y graves denuncias, entiendo ameritan la inmediata consideración por parte de la Comisión de Ética del Partido” Nacional, escribió. Y también planteó la consideración del tema por parte de la Comisión de Asuntos Políticos “para determinar las consecuencias políticas que se corresponden con la situación”.
Embed - BUSQUEDA on Instagram: "El intendente de Artigas, Pablo Caram, condenado por el delito de omisión de denunciar irregularidades, pidió que su caso sea analizado por la Comisión de Ética de los blancos. Su sobrina, la exdiputada Valentina de los Santos, renunció al Partido Nacional. Leé la nota completa en nuestra web."
En su misiva, Camy se permitió refrescar antecedentes sobre este episodio del pago de horas extras en la comuna de Artigas. “Recuerdo que en la primera reunión del directorio del pasado año —celebrada en febrero del 2023— planteamos por primera vez sobre la gravedad de las denuncias que se realizaban en Artigas (ediles en la Junta Departamental y dirigentes y convencionales del partido)”, señaló. Y también recordó que luego solicitó la convocatoria al intendente Caram a la Comisión de Asuntos Políticos, a la que efectivamente concurrió, pero “quedó omiso en el envío de las respuestas” y de las “pruebas contundentes” que decía tener sobre la “falsedad” de las denuncias en su contra.
El solitario reclamo de Camy chocó contra otras voces en el Partido Nacional, que pretendían minimizar el impacto de este asunto que salta justo en el inicio de la campaña electoral rumbo a las elecciones nacionales de octubre. Algunos ponían el foco en la “idiosincrasia” de Artigas, lejana a la urbanidad de Montevideo. Y destacaban incluso la cercanía del intendente y su círculo más cercano con el candidato electo, Álvaro Delgado, y su buena performance electoral en las pasadas internas. La agrupación de Caram obtuvo cerca de 10.000 votos y se quedó con el 76% de los votos blancos en Artigas. “Votaron muy bien. Y acá no se entiende que estos temas en Artigas no le importan a la gente. No hacen mella”, comentó a Búsqueda un dirigente blanco que insistía en el concepto “silencio de radio” frente a las condenas de la Justicia.
En la mañana del miércoles, Caram hizo pública una carta en la que reivindica su “gestión histórica” al frente de la intendencia. Y dice que “por conductas de terceros” se vio “manchado” y fue cuestionada su “hombría de bien”. “Estoy convencido de que la ciudadanía sabrá valorar mi accionar. Sigo creyendo en el proyecto de Artigas Adelante, el que sigue vigente y vigoroso. ¡Ánimo, compañeros! Ahora a dar vuelta la página, volver, y redoblar los esfuerzos”, escribió.
_Valentina-dos-Santos-Parlamento-adhoc-jc.jpg
Valentina Dos Santos durante una sesión en la Cámara de Representantes del Palacio Legislativo
Javier Calvelo / adhocFOTOS
El caso y las condenas
El intendente de Artigas fue condenado el martes 16 por la jueza Carolina Olivera por el delito de omisión de denunciar irregularidades. El fiscal Federico Rodríguez llegó a un acuerdo con el jefe comunal y le imputó un delito de omisión de denuncia —una responsabilidad que rige para los funcionarios públicos—, por el cual deberá cumplir una pena de 14 meses de prisión en régimen de libertad a prueba y dos horas semanales de tareas comunitarias durante cuatro meses. La pena acordada no incluye inhabilitación para ocupar cargos públicos.
También fue condenado tras alcanzar un acuerdo con Fiscalía el exsecretario general de la comuna, Rodolfo Caram, y su pareja, por un delito de fraude.
Y en la noche del miércoles 17, la Justicia condenó a Dos Santos por el delito de usurpación de funciones a seis meses de prisión bajo régimen de libertad a prueba y a realizar tareas comunitarias por el plazo de dos meses una vez por semana. La pena no la inhabilita a ejercer en funciones públicas. Está previsto que asuma como intendenta de Artigas en los próximos días.
Embed - BUSQUEDA on Instagram: "El intendente de Artigas, Pablo Caram fue condenado por el delito de omisión de denunciar irregularidades, en el marco de una investigación por el pago irregular de horas extras a funcionarios. Deberá cumplir una pena de 14 meses de prisión en régimen de libertad a prueba y dos horas semanales de tareas comunitarias durante cuatro meses. La pena acordada no incluye inhabilitación para ocupar cargos públicos. Leé la nota completa en nuestra web."
En marzo del año pasado, ediles del Frente Amplio, acompañados por el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, presentaron una denuncia penal por el pago irregular de horas extras en la comuna de Artigas. Los ediles acudieron a la Justicia luego de que se viralizara en redes sociales la captura de un recibo de sueldo de una funcionaria de la intendencia donde figuraban casi 200 horas extras en un solo mes, según informó en ese entonces el diario El País. La funcionaria en cuestión era Severo, pareja de Rodolfo Caram.
El secretario general de la intendencia, Emiliano Soravilla, declaró entonces a la diaria que “lo que ocurrió fue un caso puntual y excepcional respecto de una sola funcionaria, que además reconoció su accionar”.
No obstante, tras ese caso se conocieron otras situaciones similares que los legisladores departamentales llevaron a la Justicia. En febrero de este año el edil colorado Daniel Argañaraz sumó a la causa una denuncia contra 13 funcionarios municipales por el presunto cobro irregular de horas extras.
De acuerdo a la respuesta a un pedido de informes del diputado del MPP Nicolás Lorenzo, la Intendencia de Artigas gastó casi 8 millones de dólares en compensaciones y horas extras entre 2020 y 2022.
Dos-Santos-Caram.jpg
Valentina Dos Santos y Pablo Caram
Instagram de Valentina Dos Santos
La polémica por la habilitación a ocupar cargos
Tras el acuerdo abreviado con Fiscalía, tanto el intendente Caram como la exdiputada Dos Santos quedaron habilitados a ejercer funciones públicas. Caram se apresta a hacer campaña con el objetivo de conseguir un escaño como diputado y Dos Santos prevé asumir como intendenta. Sin embargo, este punto está en controversia, según abogados constitucionalistas.
El diario El País informó ayer que los especialistas se basan en el artículo 80 de la Constitución de la República, que en su cuarto inciso establece que se suspende la ciudadanía “por sentencia que imponga pena de destierro, prisión, penitenciaría o inhabilitación para el ejercicio de derechos políticos durante el tiempo de la condena”.
Y si bien a Caram y a Dos Santos se les impusieron medidas de libertad a prueba y trabajo comunitario, se trata de condenas a prisión.
“El artículo 267 de la Constitución dice que para ser intendente se requieren los mismos requisitos que para senador y el artículo 98 dice que para ser senador se requiere ciudadanía en ejercicio. El artículo 80 de la Constitución dice que la ciudadanía se suspende, entre otros casos, por ser condenado a prisión por sentencia firme. O sea, los condenados están suspendidos en el ejercicio de la ciudadanía y no pueden ocupar, entre otros cargos, el de intendente. Esto es hasta que cumplen la condena”, explicó a El País el abogado constitucionalista Martín Risso.
“Esto es una consecuencia automática de la sentencia del juez y no se precisa ningún pronunciamiento de la Corte Electoral”, agregó.
Y añadió que los diputados “para ser tales también requieren ciudadanía en ejercicio”, y en este sentido “alguien podría sostener que la prohibición es para ser representante, pero no para ser candidato; si fuera así, podría ser candidato y luego de cumplida la condena asumir la banca. Es un formalismo que puede sostenerse, pero es discutible”.
Consultado por el mismo medio, el abogado Ruben Correa Freitas dijo que “es muy claro que hay una sentencia de condena a prisión que se sustituye por actividad comunitaria, y en consecuencia hay una suspensión” de la ciudadanía, que impide ejercer cargos públicos.
“Caram no va a poder ni votar”, sentenció.
