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Con Gustavo Zubía como protagonista del último CEN, el Partido Colorado se embandera con la seguridad pública
Schipani piensa en campamentos militares en barrios críticos, Bordaberry trabaja en varios proyectos y un dirigente bromea: “Las frutillitas estamos madurando”
Desde la izquierda: senador Gustavo Zubía, senador y secretario general colorado, Andrés Ojeda, y Ariel Amen, prosecretario general del partido.
En política los gestos valen mucho. Ver al senador Gustavo Zubía sentado a la derecha de su compañero de bancada Andrés Ojeda, en la conferencia de prensa posterior a la sesión del martes 24 del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado fue toda una señal. Aun más si la seguridad pública había sido el principalísimo tema del encuentro.
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En la conferencia, el secretario general colorado habló de una “situación crítica e inaceptable” en Uruguay, reflejado en los 22 homicidios que había registrado febrero hasta entonces. Enfatizó que, para su partido, la seguridad debía ser “la prioridad nacional”, que el gobierno “no tiene un plan ni un proyecto” al respecto y que está dedicado “en un 100% del día a hablar de Cardama”. Ese tema, a su criterio, esconde “la epidemia de asesinatos” que azota al país.
En referencia a quien estaba a su costado derecho (a su izquierda estaba el prosecretario general, Ariel Amen), Ojeda expresó: “Si en algún momento se habló de ‘educación, educación, educación’ (en referencia al expresidente José Mujica en su discurso inaugural en 2010), hoy, sin duda, es ‘seguridad, seguridad, seguridad’. Lo miro a Zubía, que asiente con la cabeza, y que hoy, lamentablemente, tiene que decir que tenía razón a la hora de reclamar menos tibieza y más firmeza a la hora de combatir al crimen organizado”.
El exfiscal Zubía estaba visiblemente orondo. De todos los referentes en seguridad colorados, siempre fue considerado el más halcón de los halcones, mucho más interesado en políticas de represión que de prevención. En la interna es algo así como el revés de la moneda del politólogo Diego Sanjurjo, hoy gerente del Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA) del Ministerio del Interior, un cargo técnico que ha sabido generar rispideces en el partido. Minutos antes de la conferencia, durante la sesión del CEN, había tenido otra caricia al ego: dos integrantes del comité, cuya postura en el tema estaba prácticamente en las antípodas años atrás, le reconocieron —palabras más, palabras menos— que él tenía razón. Uno de ellos fue el diputado Felipe Schipani, integrante de la lista 600 del senador Robert Silva, quien, durante las internas de 2024, era considerado el más alejado de su perspectiva ideológica. El otro fue el director académico del Instituto Joaquín Suárez, Darío Peña, del sector de Raúl Batlle, también del sublema de Ojeda, de quien hoy es asesor.
Pasan los años y cambian las cosas. Durante la última campaña electoral, había sido el propio Ojeda quien había marcado sus diferencias con Zubía en materia de seguridad, antes de aliarse con miras a las internas de junio de 2024. Luego llegó a decir que lo veía como “un buen ministro del Interior”.
“Las frutillitas estamos madurando”, dijo Peña a Búsqueda, apelando a un concepto irónico y peyorativo manejado por Zubía, que utilizaba en referencia a quienes manifestaban demasiada adversión a políticas represivas. “Yo creo que fuimos muy permisivos con nuestro discurso. La gente pide mano dura y la realidad nos ha superado. ¡Si hasta (el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo) Civila dijo en una entrevista que el debate sobre vivir en la calle fue superado por la realidad!”. Enseguida, este abogado matiza diciendo que “el enfoque dual batllista” no debe ser dejado de lado: “Hoy es un momento para Zubías y Sanjurjos”.
Flan, no plan
En el entendido de que el gobierno es “mano”, la postura del partido pasa, más que por proponer cosas, por exigirle al Poder Ejecutivo que eleve la seguridad a cuestión prioritaria de su agenda. En diálogo con Búsqueda, Ojeda afirmó que no descarta para marzo convocar “a toda la barra colorada de seguridad” a trabajar ante “la urgencia y la inacción del gobierno”. El senador se refería a Zubía, Sanjurjo y los abogados Jorge Barrera, Sara Durán y Gabriela Fossati, equipo que también durante la última campaña no había dudado en calificar como “el mejor del país”. En la conferencia, prácticamente había asegurado una futura interpelación al ministro del Interior, Carlos Negro, en algún momento de este año.
“Lo que hay que hacer es gestión, cuando este gobierno y anteriores insistieron en la tecnificación y en mecanismos de prevención. No está mal la prevención, pero eso no funciona cuando se trata de un enfermo terminal”, dijo, por su lado, Zubía a Búsqueda.
Uno de los principales postulados del exfiscal pasa por una mayor presencia y acción policial, en particular de la Guardia Republicana, en lugares considerados críticos. “¿Vos has visto enfrentamientos de policías con delincuentes? Más allá de los choques forzados, los que surgen cuando hay un ataque o un tiroteo, no hay, no los ves. Si la Policía no enfrenta, la serpiente crece. Hace más de 10 años que vengo hablando de esto y poco menos me trataban de extremista”, agregó.
Zubía participó en representación del Partido Colorado en las primeras reuniones del Plan Nacional de Seguridad Pública que impulsa el gobierno y que en abril tendría una instancia definitoria. Hoy, luego de haber dejado de asistir, lo califica como “Flan Nacional” y le vaticina escaso éxito.
“Después de todo lo que pasó, no se quiso, en ningún momento, hacer autocrítica, ¿qué se puede esperar de eso?”, se preguntó.
Los números de criminalidad 2025 del Ministerio del Interior, presentados a fines de enero por el propio Sanjurjo, reflejaron una merma de 13 de 15 delitos respecto a 2024 y un descenso global de 4,7% de los episodios delictivos. Más allá del aval de Ojeda a la labor técnica de su correligionario —“una de las pocas garantías que tenemos en el Ministerio del Interior”—, el secretario general colorado habló de una baja “milimétrica” que se da de bruces con la realidad “de que en la esquina siguen a los tiros” y que “la gente no está percibiendo” ninguna mejora.
Algunos incluso ya están acercando propuestas. Bordaberry considera como “prioritario” que el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) se convierta por ley en un servicio autónomo y salga de la órbita del Interior. También propone desprender la AECA de esa cartera y llevarla al Instituto Nacional de Estadística (INE), donde se elevaría al grado de Dirección y la sigla cambiaría a DECA.
“Eso está entre los compromisos electorales del Frente Amplio, en el convenio firmado por Interior con el INE en el gobierno anterior y el proyecto de ley que presenté en enero”, dijo a Búsqueda. El senador añadió que está trabajando “en más proyectos de ley sobre seguridad” —que no quiso adelantar— porque “esta inacción (del gobierno) está haciendo mucho daño”.
El diputado Schipani, quien años atrás se ubicaba lejos de Zubía en sus posturas sobre seguridad, presentó en el CEN un documento sobre “propuestas para enfrentar el crimen organizado”, en el sentido de que este “ha transformado completamente el mapa de la inseguridad en el país”.
Entre las cinco propuestas incluidas en el documento, al que accedió Búsqueda, está la “instalación de campamentos militares en los barrios con mayores niveles de delitos violentos”. Las Fuerzas Armadas, “con capacitación previa”, realizarían “patrullaje preventivo, control de documentación y podrán demorar personas sospechosas hasta la intervención policial correspondiente”. Su objetivo es “recuperar el control territorial y respaldar a la Policía”.
La aplicación “efectiva” de la ley de vagancia y la aplicación “estricta” de la ley de faltas son dos de las otras propuestas. La implementación de un programa de “reinserción habitacional para liberados”, que incluya alojamiento transitorio y acompañamiento para quienes recobran la libertad y no tienen vivienda, más la “penalización agravada del vandalismo” completan ese paquete de medidas. De tener alguna o algunas de ellas el aval partidario, el siguiente paso será transformarlas en proyecto de ley.
