“El monto es absolutamente exorbitante”, consideró Brenta. Por eso, a su juicio, “la primera constatación es que hubo claramente una actitud de darle preferencia a esta fundación, que escaló notoriamente durante el gobierno pasado”, dijo a Búsqueda.
Además, hay otros contratos del Estado con la fundación por montos que suman casi US$ 20 millones, que aparecen en el expediente que el TCR envió al legislador, pero no fueron sumados en el cuadro de síntesis que elaboró el órgano con el total de gastos. Si se añaden, el monto de los contratos celebrados entre A Ganar y el Estado supera los US$ 90 millones.
La Fundación A Ganar se presenta en su página web como una organización con 20 años de trayectoria, que busca “potenciar el desarrollo integral de hombres y mujeres en situación de vulnerabilidad socioeconómica”, brindando capacitaciones técnicas y contribuyendo a su inserción laboral e inclusión.
Con este propósito, mantiene convenios con distintas instituciones del Estado y se presenta a llamados para dar servicios a organismos públicos, que van desde proveer personal para el barrido de calles hasta el mantenimiento de escuelas y la gestión de programas culturales o de centros CAIF. La organización cobra un porcentaje de entre 4% y 5% del monto total destinado a los servicios personales, además de pagos por “supervisión” y por brindar talleres de capacitación, de acuerdo a varios contratos analizados por Búsqueda. La fundación tiene hoy sedes en Montevideo, Maldonado, Paysandú y Rocha.
Eduardo-Brenta
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Senador Brenta plantea que se investigue posible evasión tributaria
Para Brenta, es problemático el alcance de los servicios que algunos gobiernos departamentales dejaron en manos de la fundación, como es la gestión de todas las actividades culturales, educativas y sociales, estableciendo una suerte de “intendencias paralelas”.
“Tenés intendencias desfinanciadas, que dicen que no pueden pagar los sueldos, y te encontrás con que pagaban un 4% extra del monto total más un plus por supervisión” a la fundación, cuestionó.
Por otra parte, Brenta consideró que de la información aportada por el TCR surge con claridad que en algunos casos no se cumplió con los fines “socioeducativos” y de “inclusión social” que pretende tener la ONG. Y señaló, como ejemplo, un llamado de la Dirección de Arquitectura del MTOP, adjudicado a la fundación, para proveer el servicio de arquitectos.
Esto, además de incumplir con el propósito de algunos llamados, pensados para dar empleo a personas en situación de vulnerabilidad, podría implicar una situación de evasión de impuestos, afirmó. Es que, al amparo del artículo 69 de la Constitución, que establece que las “instituciones de enseñanza privada y las culturales de la misma naturaleza estarán exoneradas de impuestos nacionales y municipales, como subvención por sus servicios”, la asociación no paga IVA ni aportes patronales.
No obstante, la información sugiere que la fundación “cumple el rol de una empresa proveedora de recursos humanos, que debería hacer los aportes jubilatorios y pagar IVA por los servicios que presta”, afirmó Brenta. El senador entiende que el Banco de Previsión Social y la Dirección General Impositiva deberían investigar una posible “evasión tributaria”.
También debe intervenir el Ministerio de Educación y Cultura, consideró, para analizar que la fundación cumpla con lo que establecen sus estatutos. “Más allá de la filiación política y de las sospechas de clientelismo, que lo hay, es necesario que estos organismos investiguen porque en muchos casos es notorio que no tiene el fin de inclusión de población vulnerable” para que correspondan las exoneraciones, insistió.
Mientras se analizan esas eventuales responsabilidades, Brenta dijo que compartirá la información con la bancada oficialista para evaluar qué acciones tomar a nivel parlamentario.
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Intendencia de Maldonado contrató a la fundación por US$ 40 millones
De acuerdo a la información del Tribunal de Cuentas, el principal organismo contratante de la fundación en el pasado quinquenio fue la Intendencia de Maldonado, que gastó aproximadamente US$ 40 millones en servicios provistos por A Ganar. Le sigue la Intendencia de Paysandú, con US$ 13,5 millones. Sin embargo, ese número es incompleto, ya que en su respuesta al pedido de informes la comuna sanducera indicó que no podía proporcionar datos previos a mayo de 2023 debido a que un ciberataque que sufrió en esa fecha afectó la preservación de la información. En tercer lugar aparece como contratante la Intendencia de Rocha, con US$ 8,9 millones, y en el cuarto lugar Durazno, con US$ 2,8 millones aproximadamente.
Después vienen los organismos de la administración central: el Ministerio de Transporte ejecutó gastos por US$ 1,6 millones en contratos con la fundación, Presidencia US$ 1,3 millones, el Mides US$ 2,3 millones —aproximadamente la mitad fueron contratos con el Fondo Covid creado en el marco de la pandemia— y la ANEP US$ 325.000.
En esas cifras no están incluidos otros contratos con la fundación, que el TCR detalló aparte y no sumó en la síntesis final. En el caso del Mides, estos contratos superan los US$ 15 millones; casi US$ 3 millones en el caso de la SND de Presidencia, US$ 800.000 en el de la Intendencia de Durazno, US$ 166.000 en el de la ANEP y US$ 100.000 en el caso de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Transporte.
Esta y otras inconsistencias en la información —como la documentación parcial entregada por la Intendencia de Paysandú— motivaron el voto discorde del ministro del TCR Enrique Cabrera, que planteó que estaba en desacuerdo con enviar al legislador un informe “incompleto”. Brenta dijo que, tras analizar el expediente de casi 400 páginas, realizará un nuevo pedido de informe al TCR para pedir que aclaren las inconsistencias y completen la eventual información faltante.
La Intendencia de Maldonado contrató mediante licitación pública servicios de la fundación para el “gerenciamiento administrativo, contable y técnico de los programas sociales y culturales del gobierno departamental”, entre otros. De forma similar, la Intendencia de Rocha contrató a la fundación para la “gestión contable, administrativa y técnica en programas sociales, culturales, deportivos y educativos de la intendencia”; mientras que la Intendencia de Durazno le otorgó la “gestión y aporte de recursos humanos para áreas sociales, culturales y deportivas, y programas solidarios de diversas áreas de la intendencia”, y la Intendencia de Paysandú la contrató para prestar un servicio de “gerenciamiento de recursos humanos para áreas sociales, culturales, deportivas, ambientales, productivas, desarrollo departamental y local, y servicios generales, entre otros de la intendencia”.
La ANEP la eligió para brindar servicios de “mantenimiento” en escuelas, entre otros, mientras la SND le otorgó la “atención integral de instalaciones deportivas”. El Mides dejó en manos de la fundación la “gestión de centros 24 horas” para personas en situación de calle, la gestión de cientos de cupos en hogares y residenciales de larga estadía y el seguimiento de personas con consumo problemático de drogas de hogares asistidos, entre otros contratos.
Tribunal de Cuentas
Fachada del Tribunal de Cuentas
Cuestionamientos del Tribunal de Cuentas
El TCR observó varios de los contratos celebrados por los organismos públicos con la Fundación A Ganar. Algunos de los cuestionamientos que más se repitieron fueron: plazos muy breves de publicidad, ausencia de oferentes competidores, pliegos “muy similares” utilizados por diferentes intendencias, falta de precisión sobre el objeto de los llamados, ejecución de gastos previo a la intervención del tribunal y problemas de transparencia. También se plantearon reparos sobre la exoneración de IVA y aportes patronales a los servicios prestados por la fundación.
En el caso del Mides, por ejemplo, el TCR cuestionó en repetidas oportunidades que los procedimientos no cumplían las causales previstas para las compras directas por excepción.
Asimismo, el gasto del Ministerio de Transporte en la contratación de la ONG para la “gestión de un programa de inclusión socioeducativa laboral y de contratación de personal técnico-profesional por dos años”, por un total de $ 4.000.000, fue observado porque “la gestión de un programa de inclusión socioeducativo no está prevista dentro de las atribuciones conferidas por la normativa al MTOP”. Además, la contratación de personal técnico profesional “no se encuentra exonerada de impuestos", objetaron los ministros en una resolución de agosto de 2022.
En el caso de Paysandú, el TCR observó el contrato de la fundación, mediante licitación abreviada, para prestar “servicios de gerenciamiento de recursos humanos para áreas sociales, culturales, deportivas, ambientales y productivas”, entre otras. El llamado, que estuvo abierto entre el 23 y el 30 de diciembre de 2020 y A Ganar fue la única que se presentó, era para gestionar el personal de ocho centros CAIF y del centro Siempre del departamento. En una resolución de junio de 2021, divulgada en ese entonces por El Telégrafo, los ministros plantearon que debido al “monto de la erogación estimada por concepto de salarios —$ 44.000.000—, a lo que deben sumarse los honorarios de la adjudicataria, la contratación debió tramitarse como licitación pública”. En la licitación otorgada a la Fundación A Ganar se detalla un pago para la ONG de $ 25.000 mensuales por servicio de supervisión más $ 5.604 mensuales para talleres (por cada grupo de hasta 20 trabajadores), más el 4% por “servicio de consultoría”.
Antes de la adjudicación, el intendente Nicolás Olivera había comunicado que 130 contratos para realizar tareas en CAIF no serían renovados. El Frente Amplio de Paysandú denunció que de esta manera se desmantelaban políticas sociales. El caso derivó en la creación de una comisión investigadora en la Junta Departamental y en la posterior presentación de una denuncia penal por parte de los ediles de la oposición.
Los tres ministros designados por el Frente Amplio en el TCR, Cabrera, Diana Marcos y Miguel Aumento, agregaron a la resolución del TCR extensas discordias en las que plantearon más motivos para observar el gasto, entre ellos que vulneraba el convenio de la intendencia con el Instituto Nacional del Niño y el Adolescente. Además, señalaron vicios en el procedimiento licitatorio vinculados a la publicidad y la transparencia y objetaron la “generalidad del objeto del llamado”. Por otra parte, cuestionaron que la ONG estuviera cumpliendo con su propósito de inserción social: “A pesar de que la fundación afirma que su propuesta está dirigida a jóvenes y adultos en situación de vulnerabilidad, dicha vulnerabilidad no se constata, ya que estuvo definida por contratos de la intendencia que estaban prontos a vencerse para ser incorporados a la fundación, tercerizándolos”.
Otra observación del TCR refirió a una licitación pública de la Intendencia de Rocha para la “gestión contable, administrativa y técnica en programas sociales, culturales, deportivos y educativos”. La resolución, del 22 de diciembre de 2021, observó el gasto porque en el llamado “no se define ningún programa concreto, no se indica el número de personal a ser contratado, ni el monto estimado o máximo a ser transferido”. Lo que sí detalla la licitación, concedida a la Fundación A Ganar, es el pago del equivalente al 5% del costo laboral de los recursos humanos de los programas, más un pago por “supervisión” de $ 33.000 mensuales, más un costo por trabajador de entre $ 324 y $ 540, según el tamaño de los grupos. El pliego aclara que por tratarse de una institución amparada en el artículo 69 de la Constitución, todos los montos está exentos de IVA y aportes patronales.
En una licitación abreviada de la Intendencia de Rocha, de octubre de 2021, la falla en la publicidad fue tan notoria que el intendente Alejo Umpiérrez debió dar marcha atrás. Consistía en un llamado para gestionar programas que fue adjudicado a la fundación, pero días después la escribana del Departamento Notarial hizo notar “la omisión” de que la licitación nunca había sido publicada en el Diario Oficial, lo que la hacía “ilegal”. El intendente revocó la resolución y dispuso reiniciar el proceso.
En un llamado de la SND para realizar tareas de “auxiliares de servicios, cocinero y portero”, en el que fue elegida la oferta de A Ganar sobre la de otras ONG, como el Movimiento Tacurú y el Abrojo, los ministros Cabrera, Marcos y Aumento votaron —en minoría— por observar el gasto por la existencia de “indefiniciones, contradicciones y cláusulas ambiguas” y la falta de “transparencia” del proceso, en una resolución de julio de 2021.
Fundacion-Ganar
Vehículos de la Fundación A Ganar
@fundacionaganar
Director de A Ganar: “Es una trayectoria que atraviesa todos los partidos políticos”
La Fundación A Ganar ha sido señalada por la oposición por mantener vínculos con el Partido Nacional y por supuestamente dar empleo a militantes del partido. Sus autoridades lo niegan y señalan que también han hecho contratos con el Estado durante los gobiernos del Frente Amplio.
Su actual director, Alejandro Rico, fue director del Instituto Nacional de la Juventud en el gobierno de Jorge Batlle, y la subdirectora, Verónica Martínez, es hermana de Nicolás Martínez, secretario privado del expresidente Lacalle Pou y dirigente del Partido Nacional, y del secretario general de la comuna de Rocha, Valentín Martínez. La fundadora de A Ganar fue María Magdalena Secco, esposa de Ignacio de Posadas, exministro de Economía en el gobierno de Luis Lacalle Herrera.
En una entrevista con Punta News el jueves 10, Rico recordó que en sus inicios la ONG trabajó en programas educativos y deportivos de la SND durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010). “Es una trayectoria que atraviesa todos los partidos políticos”, afirmó.
Rico se asumió como “blanco”, pero insistió en que ni su afinidad política ni el parentesco de la subdirectora, que solo es “portadora de apellido”, repercutieron en beneficios para la fundación. Y sostuvo que sería como afirmar que la afinidad ideológica con la izquierda de muchas ONG las beneficia en contratos con gobiernos del Frente Amplio.
Por el momento, al menos el Mides continuará trabajando con la fundación, ya que definió mantener el convenio que inició en 2022 y que el expresidente Lacalle Pou renovó en febrero de este año. El Mides informó que mantendría el convenio para gestionar 230 cupos en establecimientos de larga estadía por US$ 3,6 millones “teniendo en cuenta los efectos que podría tener sobre 230 personas en situación de dependencia la caída intempestiva del servicio”. Y añadió que la pertinencia de la contratación “se valorará en el marco de la revisión que la nueva administración en su conjunto está llevando adelante a partir de la asunción de sus funciones”.
