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La preocupación está instalada tanto en el Parlamento como en la Fiscalía General de la Nación: la llamada “ley de faltas”, aprobada en 2013 como un instrumento innovador para hacer frente a delitos “menores”, prácticamente no está funcionando, lo que alimenta una sensación de impunidad ante determinados hechos.
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La norma Nº 19.120 se encarga de sancionar una serie de delitos leves pero significativos para quienes circulan por la vía pública, que van desde arrojar residuos hasta infringir las “disposiciones sanitarias” en el enterramiento de cadáveres. Pero el grueso de la preocupación se debe a la transgresión de los delitos de tránsito previstos en la norma.
Según el diputado y exdirector de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, Pablo Inthamoussu, estos representan más del 90% de las faltas cometidas. No por casualidad, el debate se instaló en la Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas de la Cámara de Representantes, mientras en paralelo también es impulsado por el presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), Marcelo Metediera.
En agosto, desde antes de que se comenzara a discutir el proyecto presupuestal en el Parlamento, Metediera mantuvo una serie de reuniones preocupado por la falta de aplicación de la “ley de faltas” en el tránsito. En esos días, la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, admitió ante la Comisión de Transporte que la ley tenía serias limitaciones en su aplicación. Ferrero describió tres tipos de problemas: que la normativa, anterior a la reforma del Código del Proceso Penal, quedó desactualizada y funciona con la lógica del viejo proceso; que es dificultosa la comparecencia de los fiscales a las audiencias de faltas cuando son citados por los jueces, y que existe una escasez crítica de recursos humanos que hace que los fiscales prioricen otros delitos de mayor gravedad.
En setiembre, la Suprema Corte de Justicia respondió a un pedido de informes de Inthamoussu donde proporciona algunos datos de la aplicación de la “ley de faltas” desde que fue aprobada, en 2013. Esa respuesta revela, por ejemplo, que la cantidad de “asuntos iniciados” en el Poder Judicial por esta ley pasaron de 10.733 en 2014 a 18.771 en 2024, mientras que los procesos concluidos crecieron de 9.053 en 2015 a 13.418 en 2022. De estos últimos casos, solo 1.891 tuvieron una sentencia definitiva (algunos de ellos con allanamiento incluido), mientras que en 2.094 existió prescripción del hecho, en 1.354 el sobreseimiento del acusado, y en la gran mayoría, 8.089, la clausura del caso.
El informe del Poder Judicial también indica que la cantidad de sentencias con penas de trabajo comunitario bajó de 2.639 en 2015 a 1.881 en 2022. En cuanto a las faltas de tránsito, de acuerdo a los procesos concluidos, en 2022 el 86,4% fueron cometidas por hombres y la media de edad fue de 32 años.
Nuevas iniciativas para reformular la “ley de faltas”
Mientras tanto, los diputados de la Comisión de Transporte comenzaron a presentar proyectos de ley para reformular la “ley de faltas” y salvar las fallas en su aplicación. Varios resaltan la necesidad de poner al día la normativa respecto al Código del Proceso Penal actual. Así, por ejemplo, Inthamoussu dijo que el cambio en la normativa es “un hecho”, con el objetivo de que “cierre el círculo” y la ley pueda volver a cumplir la función para la que fue creada. No obstante, también especificó que habrá diálogo con el Poder Ejecutivo antes de presentar una propuesta alternativa.
La Unasev, por su parte, prevé realizar una ronda de conversaciones con los parlamentarios para ordenar las iniciativas legales durante este año. Además de la necesidad de actualizar la “ley de faltas”, otras iniciativas presentadas por la oposición se ven con buenos ojos en el Poder Ejecutivo, según dijeron a Búsqueda jerarcas del gobierno.
Por ejemplo, el diputado colorado Mauricio Viera presentó un proyecto en setiembre que busca que en las audiencias por faltas la actuación del fiscal pueda ser por escrito y no necesariamente tenga que estar de forma presencial. “En tiempos de bajo presupuesto, es primordial buscar salidas ingeniosas que logren perseguir los resultados deseados mediante la utilización de los recursos existentes”, dice la exposición de motivos del texto, que argumenta que al fiscal, “en lugar de tomarle toda una tarde de trabajo en audiencia, puede gestionar su tiempo y realizarlo en su tarea diaria, y por otro lado se mantienen las potestades investigativas dentro del proceso al juez interviniente”.
Otro proyecto que es bien valorado es el del nacionalista Pedro Jisdonian, que presentó una iniciativa para incorporar de forma específica al capítulo de tránsito de la “ley de faltas” la circulación sin las placas de matrícula o con estas ilegibles o adulteradas. El diputado dijo a Búsqueda que lo que busca es hacer “justicia” con quienes “cumplen con los requisitos” y “terminar con la viveza criolla”, además de que, según planteó, quien la oculta o adultera lo hace “para no cumplir con las normas”.
