El gobierno busca ordenar los múltiples ámbitos institucionales que se superponen en la definición de las políticas sociales

En la reunión, luego de que el equipo económico hiciera referencia a las restricciones presupuestales que enfrenta la administración, los jerarcas debatieron sobre en qué ámbitos coordinar las políticas sociales. La problemática pasa, entre otras cosas, por las numerosas institucionalidades vinculadas a los temas sociales que han sido creadas en diferentes normativas.

A diferencia del Gabinete Social, en el encuentro del 26 de mayo no estaba presente el Ministerio de Trabajo y sí había representantes de ASSE y ANEP. Según explicaron fuentes del Ejecutivo, la OPP se comprometió a especificar las áreas de competencia que tendrá este espacio de “alto nivel” y que es probable que vuelva a sesionar.

Otro espacio político referido a la temática está incluido en el decreto que instaló el Gabinete Social y es el Consejo Nacional de Políticas Sociales. Se trata de un espacio que “asiste” a dicho gabinete y está constituido por representantes de los organismos involucrados (en general asisten los subsecretarios), y presidido por un jerarca del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Ese organismo, de corte más operativo, ya tuvo sus primeros dos encuentros en el actual período. El 31 de mayo se reunió por segunda vez y uno de los voceros de la sesión, el subsecretario de Salud Pública, Leonel Briozzo, anunció que se estaba analizando una “política específica para las personas en situación de calle”.

A su vez, la Ley 20.376, de octubre de 2024, también creó una nueva institucionalidad: el Gabinete de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, que estará integrado por Presidencia y los ministros de Desarrollo Social, Educación, Salud, Vivienda, Trabajo y Economía, además del director de la OPP, y representantes de ANEP, ASSE, Banco de Previsión Social, Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay e Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente.

Esta norma, votada durante la legislatura pasada, también le dio potestades extra al Consejo Nacional Consultivo Honorario de los Derechos del Niño y Adolescente, creado por el Código de la Niñez y la Adolescencia en 2004, en la medida que lo habilita a actuar como asesor del gabinete en políticas de infancia y adolescencia. De hecho, la norma sostiene que la consulta del gabinete a dicho consejo es “de carácter preceptiva, en la forma que determine la reglamentación”, aunque “su pronunciamiento será no vinculante para el gabinete”. La ley fue impulsada por la entonces diputada y hoy ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, presente en la reunión del 26 de mayo, en la que la conformación del gabinete fue uno de los temas abordados.

Evitar no “pisarse

Mientras el gobierno trabaja en la reglamentación de la norma, fuentes del Poder Ejecutivo dijeron a Búsqueda que en el encuentro se habló de la necesidad de “aprovechar mejor los espacios” y delimitar con claridad cuáles van a ser las funciones de cada uno de estos organismos para no “pisarse” ni duplicar institucionalidades. El objetivo es que “todas las cosas no sean lo mismo”, dijo una fuente, que especificó que se trabaja en un “rediseño” de los diferentes ámbitos.

La idea de abordar temáticas en gabinetes interinstitucionales no solo ha estado presente en los gobiernos frenteamplistas nacionales, sino también en la gestión de Orsi al frente de la Intendencia de Canelones. El hoy mandatario dividía su gestión en función de cuatro “vértices”, llamados “productivo”, “social”, “institucional” y “territorial”, en donde integraba varias direcciones y jerarquías de su administración.

Un participante del encuentro dijo a Búsqueda que las sucesivas normas dejaron un mapa con “muchos órganos”, que es necesario “ordenar”, “simplificar” y resolver cómo “articulan” y “dialogan” los diferentes espacios. Según describió una fuente del Ejecutivo, el problema es que si bien está claro que la prioridad es la primera infancia, tanto el Gabinete Social como el Consejo de Políticas Sociales y el órgano creado por la ley del año pasado hacen foco en ese tema. En resumen, explicó, “lo que tiene que quedar claro es quién corta el bacalao en el tema”.