Gobierno busca “arquitectura” para mantener la “coordinación” en la atención a personas en situación de calle

En el gobierno, no obstante, entienden que la marcha atrás con la alerta no puede implicar una vuelta a la situación inicial, en la que el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) era el principal y casi exclusivo responsable de hacer frente a la atención de las personas en situación de calle.

En los hechos, explicó una fuente del Poder Ejecutivo, la discusión pasa por encontrar la “arquitectura” organizativa que permita “tensionar al máximo todas las instituciones”. La solución podría ser a través de alguno de los mecanismos ya existentes, como el gabinete social, de nuevos espacios que podrían crearse mediante un decreto o de una nueva organización sin necesidad normativa.

“Se está coordinando para no volver a la modalidad anterior y sí mantener la coordinación con las instituciones. No va a ser lo de antes, donde estaba solo el Mides, ni tampoco lo que está ahora”, especificó otra fuente del Poder Ejecutivo. “Si querés resultados nuevos, necesitás algo nuevo”, resumió.

La idea es continuar con los “logros” que se obtuvieron, como el haber llegado a “gente que no podías captar, y que pudiste retener sin mayores dificultades de coerción”, explicó un jerarca de uno de los ministerios involucrados.

Uno de los desafíos de la siguiente etapa será que la nueva forma de coordinación ya no contará con el liderazgo del Sinae. A la vez, una de las principales incógnitas, explicaron fuentes del Ejecutivo, será qué rol ocupará el Mides en la nueva modalidad.

La alerta roja implementada por el Sinae sirvió a los diferentes organismos que actuaban en la atención a personas en situación de calle para unificar criterios, principalmente entre el Mides, la Administración de Servicios de Salud del Estado y el Ministerio del Interior. Durante la comparecencia del ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, a la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Representantes el pasado 1° de julio, el jerarca admitió esto, especialmente ante la necesidad de abordar a una persona en situación de calle que se resiste a ser retirada de la vía pública.

“Entiendo que la intervención social es imprescindible en estos casos, y es la primera intervención. No puede ser la última, no puede ser posterior, no puede ser para resolver lo que de alguna manera la institución policial u otras depositan en el Ministerio de Desarrollo Social; tiene que ser la primera intervención. Estamos coordinando —lo hacemos siempre, al igual que se hizo en el período anterior—, además, porque la activación de la alerta implica un nivel de coordinación superior. Entre otras cosas, el Sinae, que es un gran articulador de recursos y esfuerzos, es parte de esta respuesta. Por eso sucede algo que no sucedía. No sucedía, pero no porque alguien tenía mala voluntad. No sucedía porque no estaba aplicada esta herramienta, porque no se habían dado seguramente las circunstancias que lo ameritaban o no lo habían evaluado así las autoridades”.

A la vez que aborda la problemática surgida en este invierno, el gobierno tiene planificado entre sus prioridades una solución de vivienda para las personas en situación de calle. El tema está planteado en el capítulo sobre vivienda del documento Prioridades para gobernar Uruguay, que presentó el Frente Amplio durante la campaña. Allí se plantea implementar “soluciones de vivienda para atender la emergencia de personas en situación de especial vulnerabilidad”, priorizando a “aquellas personas en situación de calle”, entre otras.

A su vez, el documento Prioridades de gobierno, que se repartió durante un Consejo de Ministros realizado el 25 de marzo, repite esta última redacción en uno de los 63 “compromisos”, cuyo liderazgo es encomendado al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, que hasta el momento no participó en la coordinación interinstitucional liderada por el Sinae.