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    Surgen resistencias en Presidencia al decreto sobre ocupaciones laborales elevado por el Ministerio de Trabajo

    En la Torre Ejecutiva causó preocupación que el ministro Juan Castillo presentara la propuesta sin acordarlo previamente con el presidente Yamandú Orsi

    El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, elevó a Presidencia de la República un proyecto de decreto que garantiza el derecho de un trabajador a ocupar su lugar de trabajo, como extensión del derecho de huelga. Esto siempre y cuando se garantice “el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones libremente”, tal cual estipula el artículo 392 de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

    Sin embargo, en Presidencia existen dudas sobre la necesidad y conveniencia de firmarlo, e incluso hay cierta resistencia a hacerlo, informaron a Búsqueda fuentes de la Torre Ejecutiva.

    Además, en Presidencia causó “preocupación” que Castillo elevara la propuesta sin previo aviso. En el entorno del presidente Yamandú Orsi advierten que “el gobierno es uno solo” y que resulta clave mantener la unidad en la acción y el mensaje. Por eso, en la Torre Ejecutiva se tomarán un tiempo prudencial para estudiar política y jurídicamente el proyecto de decreto elevado, que tiene el propósito de modificar (y sustituir) el firmado por Luis Lacalle Pou en octubre de 2020. Se tomarán tiempo también para consultar la opinión de otros ministerios, como el de Economía y Finanzas, y el de Industria, Energía y Minería.

    En Presidencia el asunto no es prioritario, expresaron varias fuentes. En el primer Consejo de Ministros, el martes 25, cuando Orsi comunicó las prioridades del gobierno, Castillo no aludió a este tema; de hecho, el ministro no habló durante la primera reunión del gabinete. El asunto tampoco integra los 63 “compromisos” que el mandatario aspira a cumplir en los próximos cinco años, ni las 48 propuestas anunciadas durante la campaña electoral y compiladas en el documento Prioridades para gobernar Uruguay. La iniciativa del Ministerio de Trabajo tampoco figura en las bases programáticas del Frente Amplio aprobadas en el Plenario Nacional de julio de 2023.

    De todas maneras, el mencionado artículo de la LUC fue uno de los 135 que el PIT-CNT y el Frente Amplio pretendieron derogar sin éxito en el referéndum del 27 de marzo de 2022. La propuesta de Castillo no plantea derogar este artículo, sino cambiar su decreto reglamentario.

    “Sin dramatismo”

    Castillo anunció que envió el proyecto de decreto a Presidencia el miércoles 26, en una reunión en el Palacio Legislativo con diputados del oficialismo, como informó Búsqueda al día siguiente. El asunto ha provocado críticas desde entonces de parte de la oposición y las cámaras empresariales.

    En Presidencia estiman que el tema podría afectar la primera prioridad del gobierno, el desarrollo económico, y desestimular la inversión privada.

    Consultado por la prensa sobre el tema el jueves 27, a la salida del encuentro por los 40 años de democracia en la Casa del Partido Colorado, Orsi recordó que el Frente Amplio entendió que “era quizá demasiado” lo decretado por Lacalle Pou. Esto en referencia a que la reglamentación firmada en octubre de 2020 va más allá de lo que estipula la LUC, puesto que mandata al Ministerio de Trabajo a intervenir ante una ocupación —si el jerarca o empleador lo pide— y, en última instancia, solicitar el desalojo al Ministerio del Interior. Este aspecto del decreto, para las actuales autoridades del ministerio, resulta ilegal, porque es aplicable a todas las ocupaciones, aun en caso de que estuvieran cumpliendo con la LUC, es decir, aun cuando no se afecte el derecho de los no huelguistas y directores a trabajar.

    El mandatario dijo en esa instancia que el asunto “hay que analizarlo pero sin dramatizar mucho”, y agregó: “La sociedad necesita señales. Cuando una fuerza política llega al gobierno tiene que cumplir con los compromisos asumidos, pero sin dramatismo de analizar todo eso en el marco de un país que necesita inversión, que necesita trabajo, que necesita que los trabajadores recuperen el poder de salario. Todos los caminos que conduzcan a eso tenemos que allanarlos, pero sin desestimular jamás la inversión y el crecimiento”.

    En Torre Ejecutiva pretenden que la propuesta de Castillo salga de la agenda en un momento en el que se anuncia el cierre de algunas industrias, como Calcar en Tarariras (Colonia), y buscan priorizar la atracción de inversiones. En ese contexto se enmarca el primer viaje del mandatario al exterior, a Panamá, del lunes 7 al jueves 10, acompañado por empresarios.

    Por su parte, a la hora de defender su iniciativa, Castillo ha argumentado en su entorno que no le corresponde actuar como policía en un conflicto laboral, en cuanto a que el Ministerio de Trabajo no debería estar mandatado a solicitar a Interior el desalojo de un lugar de trabajo ocupado.

    Juan Castillo
    Juan Castillo en su asunción como ministro de Trabajo y Seguridad Social, el 6 de marzo

    Juan Castillo en su asunción como ministro de Trabajo y Seguridad Social, el 6 de marzo

    Citan a Juan Castillo

    El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, compareció este miércoles 2 ante la Comisión de Hacienda de Diputados, en la que pidió “poner el centro de la atención en la inversión”. El senador nacionalista Javier García lo consultó sobre la propuesta de Castillo con respecto a las ocupaciones y el ministro le respondió que el decreto fue impulsado por el titular de Trabajo, que todavía no fue considerado por el Poder Ejecutivo y que él no conoce el texto aún. El diputado blanco Pablo Abdala dijo a Búsqueda que de la intervención “quedó abierta la posibilidad para que pueda haber al respecto más de una interpretación” en el gabinete.

    Por otra parte, a iniciativa del colorado Adrián Juri (Vamos Uruguay), la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de Diputados aprobó por unanimidad este miércoles invitar a Castillo para que explique su propuesta de decreto sobre ocupaciones. En defensa de la normativa vigente, Juri dijo a Búsqueda que “desde que se aplica la LUC, nadie ha sido tratado como criminal por ocupar”.