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La Cancillería decidió llevar adelante una política de ahorro de sus gastos en el exterior, lo que implicará además la venta de algunas propiedades que tendrían un valor inmobiliario millonario. Ese proceso, sin embargo, fue “flexibilizado” después de que el embajador Diego Cánepa solicitara cambios a un decreto que limitó partidas y posibles contrataciones.
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El Poder Ejecutivo aprobó el 16 de diciembre un decreto con el que reordernó los gastos en los que pueden incurrir los diplomáticos en el exterior, ya sea en las embajadas, consulados o residencias. Apenas un mes y medio más tarde, esa medida sufrió algunos cambios para dar un tratamiento distinto a las residencias en el exterior que son propiedad del Estado.
El decreto de diciembre, por ejemplo, fusionó partidas para reducir costos. Antes había de arrendamiento, contrataciones, gestión y mantenimiento, etiqueta y ayuda de vivienda; ahora hay tres: arrendamiento, contrataciones y gestión y mantenimiento. También se limitó la cantidad de personal que se puede contratar, en algunos casos se redujo de dos a uno la cantidad de empleados que cumplen “tareas de cocina, limpieza y afines”.
Los ajustes aprobados por decreto, a los que se sumó una reducción de los fondos que recibieron las embajadas este año, responden a los problemas presupuestales heredados del periodo anterior, dijo a Búsqueda una fuente de Cancillería. El porcentaje de recorte varió embajada a embajada y respondió a un cálculo de los excedentes de los tres años previos.
Revisión de algunos cambios
Los cambios provocaron malestar en algunos embajadores. El embajador en Buenos Aires planteó al Poder Ejecutivo la necesidad de revisar algunas de esas medidas, confirmaron a Búsqueda fuentes del Poder Ejecutivo. Argumentó que podría implicar echar personal que hoy tiene trabajando en la residencia, además de que afecta el funcionamiento del lugar que en ocasiones se usa para recepciones oficiales, según las fuentes. No está claro que el decreto tuviera efecto retroactivo, aclararon.
Al 28 de enero el gobierno aprobó un nuevo decreto, con cambios respecto al de diciembre, que busca contemplar “las particularidades relativas a las residencias oficiales que son propiedad del Estado uruguayo en el exterior”.
Mientras que el decreto de diciembre estableció que las residencias alquiladas tienen un tope de una persona para tareas de cocina, limpieza y afines, las que son propiedad del Estado podrán tener un máximo de tres empleados si consigue una resolución favorable del Ministerio.
El nuevo decreto establece, para las residencias propiedad del Estado, que se cubrirá una partida de hasta 30% del monto de gastos de comunicación, porcentaje que podrá aumentar previa autorización del ministro. Ese gasto no está cubierto en el texto aprobado en diciembre.
Desde Cancillería reconocieron a Búsqueda que hubo ciertas “resistencias” y que los últimos cambios implicaron “flexibilizar un poco” el proceso de ahorro impulsado por las autoridades.
Embajada-Uruguay-Washington
Embajada de Uruguay en Washington.
APK / Wikipedia
Ventas en el exterior
A las medidas de ahorro y recorte el Ministerio sumó la decisión de vender tres residencias en el exterior. En una entrevista con Búsqueda, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, había dicho que tenían identificados “locales en el exterior” de “mucho valor” que no estaban siendo utilizados.
El canciller Mario Lubetkin ya instruyó a los embajadores en España, Estados Unidos y Perú a iniciar el proceso de venta de las residencias que tiene Uruguay en las capitales de esos países. La residencia en Buenos Aires no está incluida en ese listado inicial.
Una vez que la venta se concrete, los embajadores en esos países pasarán a alquilar una vivienda, como ocurre en la amplia mayoría de los casos. El dinero producido, evalúan autoridades de Cancillería, podría ser destinado a adquirir espacios de oficina y reparar la sede central del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Diego-Canepa-Argentina
Diego Cánepa (centro) durante un evento en la embadada uruguaya en Buenos Aires, agosto 2025.
Consulado Uruguay Buenos Aires
Doble rol del embajador
Mientras tanto, la actuación del embajador uruguayo en Buenos Aires está en la mira de la oposición. El senador y líder del sector colorado Vamos Uruguay Pedro Bordaberry cursó un pedido de informes el pasado 15 de enero a los ministerios de Economía y de Relaciones Exteriores preguntando si Cánepa se desempeña efectivamente como director por Uruguay ante la Corporación Andina de Fomento (CAF), bajo qué marco legal lo hace y si la Cancillería cree que existe “incompatibilidad legal o funcional” entre ese cargo y el de embajador. En el pedido de informes, Bordaberry puntualiza que los embajadores están sujetos a un “régimen de dedicación exclusiva y tiempo completo, de conformidad con la normativa vigente y el Estatuto del Servicio Exterior”.
Cánepa es director alterno por Uruguay ante la CAF, mientras que el titular es Oddone. Algunas fuentes diplomáticas consultadas por Búsqueda evaluaron que al ser un cargo en representación del país no habría incompatibilidad, más allá de que implica viajes fuera del país donde cumple sus funciones como embajador.
Este doble rol no solo ha generado reparos en la oposición, sino también en dirigentes del sector mayoritario del Frente Amplio, el Movimiento de Participación Popular (MPP). Este espacio político buscaba que la embajada fuera ocupada por la hoy cónsul general, Lilián Alfaro, vinculada a este sector político, y no vio con buenos ojos la designación de Cánepa. En algunos dirigentes hay molestias con el actual embajador, que, sostienen, “está poco tiempo en la embajada”.
Ese malestar no es unánime en el MPP, según otras fuentes. Recordaron que la designación de Cánepa en esa embajada es una decisión del presidente Yamandú Orsi, con quien el exprosecretario de la Presidencia mantiene canales de diálogo directos.
