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    Las negociaciones salariales perfilan un escenario de conflictividad pública y privada

    Al mismo tiempo que el gobierno redobla las acciones procurando contener la inflación y su efecto sobre el poder adquisitivo de la población, el movimiento sindical se prepara para una etapa de mayor conflictividad, con el empleo y el salario en el centro de su agenda.

    El viernes 13 el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT propuso a la Mesa Representativa de la organización realizar un paro general parcial en la segunda mitad de junio por entender que el gobierno no da respuesta a sus planteos. La medida recibió respaldo entre los dirigentes pero acordaron una postergación para los primeros días de julio.

    La decisión de atrasar el paro general obedece a que en la fecha prevista en un principio coincidirán varias movilizaciones de trabajadores públicos y privados de cara a la discusión de la Rendición de Cuentas en ambos casos vinculadas a las negociaciones salariales. “Las movilizaciones que se hagan en junio serán preparatorias de ese paro general de julio”, indicó a Búsqueda una fuente sindical.

    Aunque cuenta con el respaldo de todas las corrientes sindicales, el paro general todavía no está aprobado formalmente. Con el ingreso de la propuesta el viernes 13, la medida debe ser analizada ahora por las distintas filiales que llevarán su postura a la próxima Mesa Representativa en la que se votará la medida.

    La pandemia de Covid-19 y su impacto, primero, y más recientemente el repunte de la inflación en parte por efecto de la guerra en Europa del Este hicieron caer el poder adquisitivo de salarios y pasividades. El gobierno se comprometió a que no habrá baja real en el período.

    En un informe presentado la semana pasada, el Instituto Cuesta Duarte asegura que el comienzo del proceso de recuperación salarial anunciado para este año está “fuertemente amenazado por la aceleración inflacionaria”. De hecho, proyecta que el 2022 cerrará nuevamente con un descenso del salario real medio respecto al 2019 y que el inicio de la recuperación se verá postergado hasta el 2023.

    Pablo Mieres. Foto: Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS

    Mesas

    A mediados de abril, al mismo tiempo que anunció, para julio, un adelanto del ajuste salarial para los funcionarios públicos y las pasividades, el Poder Ejecutivo instó al sector privado a recorrer el mismo camino. En ese marco, están actualmente en negociaciones 87 mesas, 83 con el correctivo más próximo al 30 de junio de 2023 y cuatro al 31 de diciembre de 2022.

    Fuentes sindicales dijeron a Búsqueda que, en estos primeros días de conversaciones, entre los representantes empresariales predominan las posturas negativas a conceder los adelantos. “Parece que las cámaras no están muy dispuestas”, dijo un dirigente. Con ese escenario, proyectan que en junio tendrán lugar varias movilizaciones.

    Por su parte, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, dijo a Búsqueda que, a pesar de que esta instancia de negociación recién tuvo sus primeras reuniones y todavía no hay un “panorama” claro, algunos grupos ya adelantaron su posición “favorable” a anticipar el correctivo por inflación.

    Estos grupos, que abarcan a unos 300.000 trabajadores del sector privado, tendrán sus segundas reuniones en las próximas dos semanas y la apuesta del ministerio es que se cierren antes de fin de mes.

    El asesor de las cámaras empresariales Pablo Durán dijo que en las mesas “hay matices” y todavía no es posible anticipar una “tendencia”. Algunas organizaciones patronales propondrán adelantar una parte del correctivo que sugirió el Ejecutivo y otros analizan diferir el aumento para octubre, para despegarlo del ya comprometido a pagar a partir julio.

    “Como no hay votación, si no se ponen de acuerdo, el convenio va a seguir como está, porque el ministerio no tira la balanza para un lado o para el otro”, comentó Durán. El sector de droguerías cerró ayer miércoles 18 su negociación y sin adelantar el correctivo.

    Marcelo Abdala. Foto: Mauricio Zina/ adhocFOTOS

    “Contra el gobierno”

    Mieres considera que el paro previsto por el PIT-CNT es “político” porque cuestiona “la política general del gobierno” y no se relaciona con un “reclamo gremial específico”.

    El ministro recordó que cuando el gobierno anunció los aumentos de las jubilaciones y las convocatorias a las mesas salariales, desde la central sindical reclamaron por los sectores vulnerables, y con el “conjunto de medidas de contención y de apoyo” anunciadas el martes 17 se les dio una “respuesta”. Agregó: “Por eso digo que en realidad los paros del PIT-CNT desde hace tiempo son contra el gobierno independientemente de lo que hagamos. Tienen todo el derecho de hacerlo, pero no hay argumentos que tengan que ver con cuestiones gremiales. Son cuestionamientos generales”.